Jorge Roig Navarro 20 de noviembre de 2019
@jorgeroig
Es
importante resaltar que en la Organización Internacional del Trabajo el
tripartismo es sagrado. Absolutamente todas las decisiones se toman en conjunto
entre empleadores, trabajadores y Gobiernos del mundo. Tras más de 20 años de
demandas y continuidad de esfuerzos, la OIT finalmente, y bajo la presión de la
contundencia de los argumentos esgrimidos por Fedecámaras, constituyó la
llamada Comisión de Investigación. Ahora, el Gobierno tiene la pelota en su
cancha.
Más de 20 años de demandas y continuidad
de esfuerzos, fueron necesarios para que la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) finalmente, y bajo la presión
de la contundencia de los argumentos esgrimidos por Fedecámaras,
constituyera la llamada Comisión de Investigación -mal
traducida como comisión de encuesta- máximo organismo de control de “la
casa de los trabajadores” que hace pocas semanas emitió su informe
definitivo, con una contundencia de argumentos que superan
lo laboral para adentrarse, porque así los magistrados lo consideraron
conveniente, en aspectos republicanos de la vida democrática de contundencia,
consecuencias y crudeza no esperadas.
No es la intención del presente artículo el examinar
el alcance de dicho dictamen, toda una joya en materia laboral para
los interesados, y cuyas 250 páginas están recogidas en la Web de la OIT para
quien quiera profundizar en el tema.
Dedicaremos entonces las siguientes líneas para
ilustrar un proceso histórico para Venezuela en materia laboral,
pues no es poca cosa que en 100 años de existencia de la OIT solamente trece
veces se haya activado este mecanismo de Comisión de Investigación,
algunas de ellas particularmente relevantes, como fueron los casos de Polonia
y Nicaragua.
Fedecámaras,
consciente de ser la voz del empresariado, introdujo ante la OIT
respectivas demandas contra el Gobierno venezolano por incumplimiento de
numerosos convenios en materia laboral entre los cuales, los más evidentes y de
mayor peso, fueron el Convenio 87 relativo a la persecución
de líderes sindicales, entendiendo que en Venezuela el Gobierno
irrespeta la libertad sindical, siendo Fedecámaras un sindicato Patronal.
Quien escribe estas líneas, mientras ejercía la
presidencia de Fedecámaras, fue amenazado repetidas veces en
cadena nacional, perseguido por las fuerzas del orden, y con
las comunicaciones telefónicas intervenidas a lo largo de la
gestión lo cual, lejos de ser una excepción personal, es claramente una política
de Estado contra quienes ejercen los cargos de representación gremial,
llámense trabajadores o empleadores.
Así mismo, Fedecámaras demandó el incumplimiento
del Convenio 144 que establece la obligatoriedad de
mantener un diálogo social con trabajadores y empleadores por parte
del Gobierno para la toma de decisiones que a todos competan, lo cual
evidentemente no ocurre en nuestro país.
Por último, y quizá la más notoria violación a los
convenios de la OIT, está en lo relativo a la fijación unilateral por
parte del Gobierno del salario mínimo el cual, según el Convenio
26 firmado por Venezuela y evidentemente no respetado, debiera ser
consultado con empleadores y trabajadores.
Los anteriores Convenios fueron la base de la
demanda interpuesta por Fedecámaras ante la OIT que, con la lentitud
de las organizaciones internacionales, fue configurando un expediente con
diferentes mecanismos de control.
Primero, un llamado al Gobierno a cumplir los
Convenios. Luego, una urgencia en el mismo sentido. Posteriormente, en el
2014, una misión de alto nivel visitó al país, para comprobar los alegatos de Fedecámaras,
con la emisión de un contundente informe que nuevamente fue ignorado
por el Gobierno nacional.
Intentos fallidos de mesas de diálogo, un nuevo intento de visita al país por parte de la
OIT -impedido por la Administración venezolana- fueron, en resumen, algunas de
las instancias con años y mucho lobby de por medio para que, finalmente, se
decidiera constituir la Misión de Investigación, no teniendo la OIT
más mecanismos de control superiores a este.
Es importante resaltar que en la OIT el
tripartismo es sagrado. Absolutamente todas las decisiones tanto
administrativas como de quejas de demandantes, se toman en conjunto entre empleadores,
trabajadores y Gobiernos del mundo, bajo un mecanismo de Consejo de
Administración compuesto por 14 representantes de las asociaciones de
trabajadores, 14 representantes de grupos de empleadores y 28 representantes de
gobiernos.
Este mecanismo de decisión nos
muestra lo complejo que es lograr un dictamen como el que nos ocupa en nuestros
casos, pues la Comisión de Investigación no se hubiese podido
constituir sin el voto favorable de trabajadores y de Gobiernos, estos últimos
poco propensos a las comisiones de investigación por eso de “mañana me puede
tocar a mí”.
Entonces el logro de haber ganado en
diferentes instancias, es una muestra de perseverancia de todo un equipo de
profesionales, asesores legales y de diferentes presidentes de Fedecámaras.
La contundencia de los argumentos, la
forma de presentar nuestros casos, las horas invertidas en obtener soportes
para cada alegato y el decidido esfuerzo de Fedecámaras y sus bases
en alcanzar la justicia laboral, para un país que hace rato perdió
la conciencia del Estado de Derecho, son un aliciente para todo el sector de
empleadores y trabajadores. Fedecámaras siempre incluyó en sus fundamentos
la delicada situación de los trabajadores venezolanos, aún peor que
la de los empleadores, lo cual es mucho decir.
El informe mencionado ya está a disposición del
público. Los tres magistrados escogidos por su objetividad y
preparación profesional no pueden ser el blanco de descalificación alguna
y ya se pronunciaron, dando la razón a Fedecámaras en cada uno de
sus argumentos y contrastando técnicamente los débiles pretextos del Gobierno.
Ahora, el Gobierno venezolano tiene tres meses para
ofrecer su argumentación final, que en nada cambiará la estructura del Informe,
y un año para implementar las conclusiones que de allí se derivan: Cese
inmediato a los ataques a representantes gremiales, consultar la
fijación del salario mínimo y constituir un auténtico diálogo
social en el país.
El Gobierno tiene la pelota en su cancha, el Informe
adicionalmente los increpa a reconocer la libertad sindical,
a liberar a trabajadores presos, a recuperar la separación
de poderes, a eliminar los Consejos Productivos de Trabajadores y
otros agregados que quien tenga el interés los podrá encontrar en la lectura
desapasionada de tan importante informe.
Por nuestra parte aún queda mucho que hacer. Lo más
importante es favorecer el diálogo social, tan necesario para
recuperar al país de la grave crisis que vivimos. Seguir apostando a que el
Gobierno entienda que solamente saldremos de esta delicada situación con el
concurso de trabajadores, empleadores y Gobierno, pero, sobre todo, no
rendirnos.
Seguir venciendo es el reto de mantener
nuestras empresas abiertas con la seguridad absoluta de quien tiene la
razón, y seguir confiando en un cambio que vendrá… ¡Cuanto antes, mejor!
Jorge
Roig Navarro
@jorgeroig
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