Ismael Pérez Vigil 17 de noviembre de 2019
Sobre
lo ocurrido en Bolivia se ha escrito y hablado mucho, con toda razón, pues nos
da lecciones importantes y variadas; he leído muy diversos análisis, la mayoría
excelentes, donde cada quien toma el aspecto que más le llama la atención, o el
que más se ajusta a sus intereses personales o políticos; yo tomaré el caso
electoral.
Algunos
dicen que una de las lecciones bolivianas es que el voto debe ser manual, no
electrónico, que gracias a eso se pudo detectar el fraude; para decirlo de una
vez, nada más incierto, por el contrario, eso fue lo que facilitó el fraude.
Pero veamos algunas de las verdaderas lecciones en materia electoral y
política, partiendo del hecho que lo ocurrido en Bolivia es el resultado de la
conjunción de muchos factores y entre ellos tres muy importantes:
Primero,
hay que contar con que la gente se movilizó para votar y se movilizó para
defender esos votos, no se quedó en su casa; lo fundamental es tener los votos
depositados en las urnas y para hacerlo, hay que votar. Esto es necesario
decirlo una y mil veces. Por otra parte, la diferencia de votos entre Evo
Morales y la oposición, representada principalmente –pero no únicamente– por
Carlos Mesa, fue muy pequeña. Si bien una diferencia en votos es mucho más
fácil de manipular cuando es pequeña, al mismo tiempo, cuando se descubren las
irregularidades, todo se vuelve más explosivo, pues se percibe que la situación
o el resultado es más fácil de voltear; en Bolivia el régimen se vio perdido,
se fueron de bruces, alteraron las actas –pues el sistema manual se los
permitía– y terminó por salirles al revés la jugada.
Segundo,
es necesario probar el fraude y probar que ese fraude altera la voluntad del
elector. Para eso hay que contar, por ejemplo, con una auditoría como la de la
OEA o similar; pero para que eso ocurra tiene que estar presente la OEA en el
país, o la Unión Europea, o la ONU; y por desgracia eso no ha ocurrido así en
las últimas elecciones en Venezuela. Ese es un punto a lograr cuando hablamos
de elecciones libres en Venezuela, con presencia de observadores
internacionales, además de los nacionales.
Lograda
la presencia de observación internacional, imparcial, es preciso contar con los
elementos y datos que prueben el fraude. Es necesario poder mostrar pruebas
contundentes de los abusos y trampas en los centros de votación; hace falta
precisión, denuncias basadas en inconsistencias de centros cuyo total de votos
altere el resultado. No basta con la “sospecha”, con “creer” o con tener la
“seguridad ontológica” de que hubo trampa. En este sentido, en Venezuela muchas
veces ni siquiera hemos tenido las actas con los resultados de todas o casi
todas las mesas; la oposición no ha sido capaz de cubrir un porcentaje importante
de las mesas, los testigos de los partidos no asisten, no se quedan hasta el
final, no recogen las actas, o lo que es más grave, los partidos no las
entregan. Eso no fue así el diciembre 2015, fuimos más disciplinados, más
organizados, cubrimos más mesas, entregamos y recogimos más actas, y ya vimos
el resultado.
Tercero,
en Bolivia, con un sistema de votación básicamente manual, con trasmisión
automática, reinó el “acta mata voto”; pero en la auditoría se encontraron y
mostraron evidencias de todo tipo que pusieron en profunda duda los resultados;
eso posibilitó la movilización de la gente y la actuación y pronunciamiento de
la fuerza policial y la fuerza armada, que al final fueron el factor decisivo.
Pero si no se hubieran tenido las pruebas, los datos concretos y la gente
movilizada, para votar y defender el voto, ¿La Fuerza Armada en Bolivia habría
actuado? Yo creo que no. Seguramente no es la primera vez que se hace trampa en
Bolivia y la fuerza armada boliviana no había actuado en elecciones anteriores;
sin contar con la forma ilegal y fraudulenta con la que Evo Morales se presentó
a esa elección y sobre lo cual también guardaron silencio. La movilización
interna y la observación internacional fueron factores claves en todo este
proceso y para la decisión final y pronunciamiento de la policía y la fuerza
armada.
De
modo que no creo en las voces que proclaman la ventaja del voto manual como
lección de Bolivia; esté fue el que posibilitó el fraude y el régimen al verse
perdido trato de alterar los resultados gracias a que un sistema manual de
llenado de actas se lo facilitaba, pero fue tan grosera la manipulación que
terminó en lo que ya conocemos.
Tenemos
varios casos de fraude en Venezuela; escojo dos que vale la pena comentar, a
raíz de lo ocurrido en Bolivia; uno, en 2013 cuando se dijo que le fue
arrebatado el triunfo a Henrique Capriles; en esa ocasión Capriles alegó tener
pruebas de irregularidades en centros cuyo total cambiaria los resultados
(abusos de todo tipo, voto asistido, uso de puntos rojos, intimidación de
votantes, cambios de mesa y centros, etc.), pero las actas, al menos las que
logramos revisar los observadores nacionales –por muestreo– no dieron fallas en
las auditorías de cierre y aunque se supone que pudieron haber “metido” más
votos en algunos centros que no estaban vigilados por testigos opositores, no
había evidencia de manipulación de los votos electrónicos, ni de las actas. Las
irregularidades no eran de alteración de datos, sino los abusos e
irregularidades que se mencionaron más arriba.
En
esa ocasión Capriles pidió también la revisión de los cuadernos de votación,
que fue ofrecido y nunca se realizó; el fraude fue impugnado ante el TSJ, que
–como era de esperarse– lo desechó “por falta de pruebas” y argumentos “genéricos
e imprecisos”. Tampoco se contó con observación internacional, ni con el apoyo
de la comunidad internacional.
Lo
cierto es que Capriles optó por abandonar la reclamación y no emprender
acciones de calle y en su lugar inició una gira internacional para mostrar las
evidencias del fraude. A pesar de las críticas a Capriles por no promover
acciones de protesta, masivas, –que probablemente hubieran concluido en una
masacre inútil– hay que reconocer varias cosas: uno, que la gente tampoco salió
a la calle de manera espontánea, como ocurrió en Bolivia; dos, que fue una
decisión colectiva de la oposición, toda, no solo de Capriles; tres, que no se
contaba con mucha información de respaldo para impugnar el proceso; y cuatro,
que su gira internacional fue el primer intento, serio, de la oposición
venezolana por contactar a la comunidad internacional e informarla sobre la
situación política que vive Venezuela.
El
segundo caso que vimos y vivimos fue el del Estado Bolívar, en las últimas
elecciones de Gobernadores en 2017. La votación electrónica dio ganador a
Andrés Velásquez, pero pararon los escrutinios, anularon mesas electrónicas y
las remplazaron por votos y actas manuales que favorecían al régimen. ¿Por qué
la gente no salió a defender ese voto, por qué no se dio la pelea a fondo?, ¿No
se tenían todas las pruebas, a pesar de lo que se dijo?; la decisión en Bolívar
tuvo que ver posiblemente –o seguramente– con lo mismo que freno las acciones
de calle en 2013: el posible uso de la fuerza armada, con la que no cuenta la
oposición y sí el régimen, fuerza armada con la que sí contaron los bolivianos.
Lo
de Bolivia deja lecciones aplicables a Venezuela: el valor del voto, la
importancia de votar y de defender los resultados con movilización de la gente;
la importancia de denunciar el fraude contando con datos firmes y pruebas; la
importancia de la observación internacional; y contar al menos con la
neutralidad de la fuerza armada. Pero, una cosa es tomar lecciones de lo
ocurrido en Bolivia y otra muy distinta es hacer comparaciones y pretender
trasladar mecánicamente a Venezuela lo ocurrido allá, las situaciones
económicas, sociales y sobre todo militares y el poder del estado, no son
similares.
Ismael
Pérez Vigil
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