Carlos Romero Mendoza.18 de
abril de 2013
@carome31
La Democracia
que yo conocí fue aquella, aunque imperfecta, que garantizó diversidad,
movilidad social y libertad. Esa democracia, que mí abuelo y su
generación dejaron como herencia, se hizo a pulso, empezó en plazas, en las
calles, con discursos, con ideas, buscando siempre conectar con el ciudadano,
que en definitiva es el soberano.
Recuerdo que
esa Democracia, vista desde las aulas de la universidad en las clases de
derecho, exigía mejoras para progresar, para robustecerse, porque entonces
venía perdiendo espíritu y la confianza del ciudadano. Esa
Democracia exigía una Sala Constitucional, demandaba un fuerte contencioso
administrativo, que carecía de una ley especial que la regulara; pensaba,
aportaba ideas y debatía, sobre la justicia de paz, la participación
ciudadana, la descentralización, la necesidad de hacer ciertas reformas
constitucionales para lograr mejorar.
Han pasado 14
años de una reforma constitucional, tenemos una Sala Constitucional, tenemos
incluso una separación de poderes que divide al Poder Público en 5 Poderes, uno
de los cuales recoge un denominado Consejo Moral, la Constitución destaca el
rol del Municipio en la división político territorial; además, reitera en cada
oportunidad que la participación ciudadana es importante y esencial,
garantizándola con rango constitucional, en definitiva, se incorporaron de
forma algunas mejoras, pero ¿han servido de algo?.
Razón tiene
Giovanni Sartori cuando nos dice que la Democracia es una máquina, y que la
misma está en permanente peligro, porque se soporta en la confianza de los
propios ciudadanos, siendo los ciudadanos los maquinistas, por lo tanto, muchos
de los problemas que la máquina experimenta, no es tanto por la máquina, es por
los maquinistas.
El Socialismo
del Siglo XXI nos ha dejado sin Estado, desmantelaron el Poder Público
Municipal, ni tenemos Municipio, pero tampoco hay Comunas formalmente
establecidas; nos dejaron sin descentralización y crearon en su sustitución un
sistema clientelar centralizado que se diseña a través del Consejo Federal de
Gobierno y el Poder Popular; crearon un nuevo concepto de sociedad civil,
entendida como aquella que se organiza para desarrollar la función del estado
desde lo local y con recursos públicos. Este sistema socialista, aniquiló
la la autonomía de la sociedad para autoorganizarse y participar en las tomas
de decisiones públicas, e incidir en los poderes legítimamente
constituidos. Pretendieron en estos 14 años imponer la tesis que la
participación se desarrolla sin la necesidad de instituciones políticas.
Ahora ese
Socialismo del Siglo XXI me pone en un tiempo histórico que necesariamente me
lleva a pensar en el gobierno de Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato,
pues entonces es cuando en las aulas de clase de derecho tuvimos que analizar
la diferencia entre la legalidad y la legitimidad de un gobierno. A
diferencia de este gobierno, en la IV República, el Congreso bicameral, y la
Corte Suprema de Justicia, eran por lo menos, en la práctica, mucho más plurales,
y notoriamente más respetuosos de la división de poderes, y por lo tanto mucho
más creyentes en los valores básicos de la Democracia.
La necesidad
de realizar un reconteo del resultado electoral del 14 de abril del 2013 pone
de relieve el tema de la legitimidad del señor Maduro. Pero así como el
TSJ violentando la Constitución le facilitó el camino para ser Presidente
encargado, no dudamos que en estas circunstancias políticas, el CNE también le
facilite el camino para ser Presidente constitucional, así, la negativa al
reconteo, da indicios que se ratificará la posición de un Presidente tal vez
legal, pero sin la legitimidad suficiente para gobernar.
Que Diosdado
Cabello no otorgue derecho de palabra a los diputados de la Asamblea Nacional,
como represalia al no reconocimiento del triunfo del señor Maduro por parte del
gobernador Capriles, y que tal política también se anuncie en otros niveles
legislativos de nuestra estructura política institucional, demuestra el
desconocimiento de la legitimidad de los diputados para representar la voz de
un pueblo, que es soberano por ser venezolano.
Callar la voz
de un Diputado es callar la voz de un pueblo, es desconocer que ese diputado se
legitimó con el voto directo, secreto y universal, que por cierto, es el
instrumento cívico de participación electoral, que desaparece prácticamente en
el diseño Comunal. Callar la voz de un Diputado en la Asamblea
Nacional, exige de los ciudadanos, que somos electores, un pronunciamiento; no
opinar sobre esto, no reforzar el vínculo con nuestro diputado electo, es
abandonar a nuestro representante y facilitar el camino a que nos expropien el
derecho a ser representados en la casa que debía ser del debate y de las leyes.
La democracia
se construye a pulso en estos días, como se construyó a pulso por nuestros
antepasados más inmediatos, me refiero a la generación de mí abuelo.
No puede haber democracia sin representación, y menos aún sin
participación, por ello es que se reconoce que la democracia participativa
complemente la democracia representativa, y que la actividad cívica de los
ciudadanos, fortalece y complementa también la actividad política de
nuestros representantes.
La amenaza de
callar a nuestros Diputados, debe llamarnos a la reflexión sobre el valor de la
representación, y si bien con cacerola expresamos nuestro rechazo a la mentira
y a la ausencia de transparencia en un proceso electoral, también es el momento
de elevar una voz de protesta con nuestro representante y a través de nuestro
representante para revestirlo de legitimidad, reiterar nuestra voluntad y
exigir una Asamblea donde nuestra voz sea escuchada y donde nuestra condición
de venezolanos sea reconocida en igualdad de condiciones.
Que la mentira
no nos quite la democracia, y que la intolerancia no nos expropie la
representación.
Carlos Romero
Mendoza.
@carome31
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