Por Eddie Ramírez, 29/10/2013
Uno de los tantos males que ha sembrado la
perversa justicia roja es la duda del ciudadano común sobre si algunos acusados
o sentenciados son inocentes o culpables. Jueces y fiscales, muchos de ellos
profesores universitarios, han violado las normas elementales del derecho
haciendo gala de una gran deshonestidad intelectual.
Nunca hemos avalado la solidaridad automática
por el hecho de que el enjuiciado sea contrario al régimen. En ciertos casos es
evidente que las pruebas esgrimidas por la fiscalía y aceptadas por los jueces
para condenar a quienes consideran no afectos a la revolución no tienen ninguna
base, pero a veces no es fácil establecer la verdad.
Por conocer los expedientes y de la lectura
de las sentencias no nos queda la menor duda de que el general Francisco Usón
no cometió ningún delito. Tampoco los comisarios Simonovis, Forero, Vivas y
efectivos de la Policía Metropolitana, ya que las balas no fueron disparadas
por las armas que portaban y las trayectorias de las mismas no se corresponden
con la ubicación de los sentenciados e incluso Simonovis no estaba donde
ocurrieron los hechos. El caso de Oscar Pérez, hoy en el exilio, fue insólito por
el descaro de las imputaciones. Igualmente sin base fue la sentencia a Carlos
Ortega y las imputaciones a los oficiales y civiles que tuvieron que irse al
exterior. A mis ocho compañeros de Gente del Petróleo les dictaron orden de
captura con los mismos argumentos que han podido enjuiciarnos a los miles de
trabajadores despedidos ilegalmente de Pdvsa.
En otros casos pueden surgir dudas, pero es
evidente que en unos hubo manipulación muy burda de testigos y en otros se
violaron los derechos a la debida defensa. Esta situación hará que cuando se
recupere la democracia los sentenciados tendrán que ser puestos en libertad,
aunque algunos quizá no sean inocentes.
Estas reflexiones vienen a colación por los
casos recientes de los diputados Juan Carlos Caldera y de María Aranguren.
Caldera no se apropió de dineros públicos, aunque cometió el grave error de
aceptar recursos de alguien de mala reputación. Su posible enjuiciamiento
obedece al deseo del régimen de intentar perjudicar a Primero Justicia. No
cometió delito, pero fue sano que Capriles lo apartara. En cuanto a la señora
Aranguren no sabemos si es inocente o culpable. Los rojos necesitan separarla
de la Asamblea Nacional, por lo que tenemos muchas dudas sobre si realmente hay
méritos para enjuiciarla y por lo pronto hay que presumir que es inocente. Otro
caso que no podemos obviar es el de Baduel, quien persiguió injustamente a
oficiales cuando fue comandante del ejército y ministro de la defensa, pero que
desde hace tiempo ha debido estar en libertad porque se le violaron sus
derechos a la legítima defensa y por haber cumplido gran parte de la condena.
Como en botica: Muy lamentable el fallecimiento del
distinguido y apreciado periodista Oscar Yanes. La “camarada” Dilma no cree en
la tontería de que la soberanía está en poseer una mayoría accionaria en
empresas mixtas petroleras y para explotar los grandes depósitos costa afuera
Petrobras participará solo con el 40% y el resto Shell, Total y las chinas CNPC
y CNOOC.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
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Eddie Ramírez
eddiearamirez@hotmail.com
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