Por Jesús
Alexis González, 18/10/2013
Durante
la presente quinta República, el Gobierno anterior ejerció habilitado el 34,62% (54 meses) de su mandato y aprobó 215
leyes, muchas de ellas en el área económica y monetaria; hoy nuevamente
solicitan poderes especiales (colocándose por encima de una evidente
polarización) a efectos de profundizar desde Miraflores “la batalla a fondo por
una nueva sociedad”. Tal señalamiento facilita inferir que a través de la Ley
Habilitante solicitada se intentará propiciar una profunda reestructuración de la economía, de la sociedad y de la
institucionalidad, para lo cual deberán ir más allá de la obvia formulación de objetivos hasta definir métodos y estrategias
concretas para alcanzar la sociedad socialista que pretenden; estableciendo
propósitos y lineamientos claros con alto grado de precisión, donde se enfatice
sobre la obligación de generar nuevas instituciones acordes con esos objetivos
socialistas; es decir, explicar cómo se emprenderá el proceso de
reestructuración social y económica que implica al mismo tiempo inducir un
nuevo tipo de institucionalidad que ha de tener como primordial objetivo una reorientación completa de la economía
incluida la potencial socialización de
los medios de producción (máquinas, herramientas, etc.). En función de
ello, deben exponer con suma claridad las profundas y radicales
transformaciones que esperan aplicar a las estructuras en su aspiración de
hacer de Venezuela (sin estar previsto en la Constitución) una sociedad
socialista en concordancia, suponemos, con la teoría marxista cuando señala que
son las relaciones económicas las que
determinan el ordenamiento social.
En una
sociedad concebida como el resultado de la actividad productiva, se conforma la
estructura económica donde se genera, por un lado, la producción social y por otro las relaciones de producción (los hombres entran en determinadas
relaciones), las cuales armonizan en torno a un modo de producción (interrelación entre la fuerza de trabajo y los
medios de producción) que perfila la relación inmediata entre el propietario de
los medios de producción y el productor directo, o lo que es lo mismo, la relación entre el capitalista o el Estado y el trabajador.
Como bien
puede observarse, llevar a cabo una profunda reestructuración de la economía,
de la sociedad y de la institucionalidad es mucho más serio, difícil y profundo
que simplemente instrumentar una
descontextualizada aspiración socialista mostrada y canalizada por
intermedio de una aislada política económica orientada sólo a asegurar la
distribución masiva del ingreso a favor de los sectores populares en sintonía
con la propiedad social de los medios de producción, mediante una política expansiva del gasto público para
estimular la demanda propiciadora de un alarmante desequilibrio macroeconómico y una devastadora inflación. Tal
orientación de “política económica” es diametralmente distinta (aún buscando el
mismo objetivo de distribuir equitativamente el ingreso) a una política que
pretenda, por ejemplo, reemplazar el modo de producción capitalista mediante un
cambio relativo de las relaciones de
propiedad y de producción en aras de transitar hacia una economía distinta,
a la luz de un modelo económico (que
explique el qué y el cómo), donde se respete la existencia del aparato estatal
y la democracia alejándose de cualquier
forma autoritaria de Gobierno.
Economista Jesús Alexis González
@jagp611
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