Trino Márquez 17 de febrero de 2016
@trinomarquezc
Nicolás
Maduro, luego de tres años ejerciendo la Presidencia de la República, se quedó
sin pueblo, si es que alguna vez lo tuvo. La inmensa mayoría de los
venezolanos, algo más de 80%, lo rechazan. Ningún mandatario nacional había
caído tan bajo en la aceptación popular. Si hoy se realizaran las elecciones presidenciales, perdería hasta
con el portero de Miraflores. Ya la imagen de Hugo Chávez, utilizada por él
como talismán, no lo protege. El divorcio de los venezolanos fue por ruptura
traumática, no por convenimiento.
Esa
separación lo dejó aislado, protegido solo por sus escoltas, el Tribunal
Supremo de Justicia y la cúpula militar a la que ha favorecido de forma
generosa. El último regalo que le entregó fue la Compañía Anónima Militar de
Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), adscrita al Ministerio de
la Defensa, negocio concebido para que la casta
militar se quede con los despojos de PDVSA y el Gobierno preserve
algunos activos, en el caso de que la quiebra de la estatal petrolera conduzca
a la confiscación de sus bienes en el exterior.
En la red de complicidades, la Sala
Constitucional (SC) del TSJ juega un papel crucial. Los regímenes autoritarios
posteriores a la Guerra Fría necesitan maquillar sus arbitrariedades con dictámenes
generalmente elaborados en el marco de una legalidad dudosa. Los escribas del
máximo Tribunal fueron colocados allí por la dupla Maduro-Cabello para que
resguardaran los intereses de la autocracia y bloquearan cualquier salida
constitucional a la crisis. Desde que la oposición decidió activar uno o varios
de los mecanismos contemplados en la Carta del 99 para relevar a Maduro, el
gobernante entró en una espiral frenética, que lo ha llevado a colocar la responsabilidad jurídica de su
permanencia en la jefatura del Estado en los miembros de la SC. Estos señores
actúan como un colectivo judicial, situados al margen y en contra de la
Constitución, que en su artículo 136 ordena
que “cada una de las ramas del Poder Público (…) colaborarán entre sí en
la realización de los fines del Estado”.
En vez de propiciar la cooperación entre el
Ejecutivo y el Legislativo, el TSJ interviene para darle una cobertura legal a
la pelea abierta que el Gobierno mantiene con el Parlamento. Es el catalizador de un choque preconcebido
para impedir que en el país haya acuerdos entre el Gobierno y la oposición en
los diferentes campos donde se manifiesta la crisis nacional. La reafirmación
de ese adefesio que es el Decreto de Emergencia Económica confirma la tesis. La
estrategia de Maduro, Cabello y el PSUV se basa en la confrontación. Diosdado
lo dijo claramente en el primer debate del Proyecto de Ley de Amnistía: no
habrá ningún tipo de compromisos con la
oposición.
La Ley
de Amnistía con toda seguridad será declarada inconstitucional por el TSJ. Lo
mismo ocurrirá con cualquiera de los procedimientos que apruebe la Asamblea
Nacional para reducir el período de Maduro y sustituirlo por un nuevo
Presidente electo. El objetivo, entonces, tiene que ser superar el escollo que
significa ese cuerpo de magistrados obsecuentes al servicio incondicional del
régimen. Las salidas pacíficas, constitucionales, electorales y democráticas
lucen incompatibles con un tribunal cuyo fin supremo es mantener a la camarilla
gobernante en el poder y preservarse a sí mismo como órgano legal de la
autocracia filocomunista.
Henry
Ramos Allup asomó una fórmula que debe explorarse: aprobar una enmienda en la
AN que reduzca simultáneamente el período del Presidente, los diputados y los
miembros del TSJ. Representa esta una vía democrática para resolver el
conflicto entre poderes que actúan en un ambiente de perpetua rivalidad. Si la
soberanía reside en el pueblo, pues que sea el mismo pueblo el que dirima el
impasse. A los plumíferos de la SC no
les resultará sencillo descalificar la proposición. En ella están implicados
todos los miembros de los poderes en pugna y se apelaría al pueblo para que
apruebe o rechace la enmienda, tal cual lo exige la Constitución.
La
crisis institucional hay que resolverla ya. Venezuela no es Italia donde los
conflictos políticos casi no afectan la vida económica. Aquí, sin estabilidad
institucional no hay bienestar económico.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico