Por Marino J. González R.
Los venezolanos viven hoy un
colosal drama social. Se expresa en todas las dimensiones. Desde los riesgos
para la vida, con las amenazas permanentes de violencia, hasta las
restricciones en el acceso a la educación, pasando por las dificultades para la
atención a la salud, entre otros aspectos. En todas esas facetas la exclusión
es la norma. Una gran parte de la población no tiene acceso a los servicios y
posibilidades que debe brindar una sociedad democrática y moderna.
Dentro de estas exclusiones
hay una en especial que sobrepasa todos los rangos. Se trata de la exclusión
relacionada con el disfrute de la etapa como adultos mayores. La situación
ideal es que las personas que alcanzan la edad del retiro, lo puedan hacer en
condiciones que permitan contar con los recursos y servicios más adecuados. Se
espera que después de haber participado en el proceso productivo por varias
décadas, la sociedad tenga un diseño tal que permita que estén disponibles esos
recursos y servicios para aquellos que por su edad ya no se encuentran activos
en el mercado laboral. Por otra parte, llegar a la condición de adulto mayor no
significa en modo alguno retirarse de las opciones productivas, simplemente ya
no son tan exigentes como en las primeras etapas de la vida laboral.
Esa es la teoría, y también la
práctica en muchos países, especialmente aquellos que han desarrollado esquemas
de ahorro y generación de recursos que permiten que los adultos mayores cuenten
con la protección requerida. Pero en Venezuela no es así. Según datos obtenidos
a través de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), realizada por UCV,
UCAB y USB en 2014, el 48% de las personas en edad de tener pensión, no la
tienen. En el estrato de menores recursos, la exclusión, en términos del
beneficio de la pensión, alcanza al 70% de la población. En la medida que se
asciende en el nivel educativo y de recursos, en esa misma medida aumenta la
cobertura de pensiones, con lo cual queda demostrado una gran inequidad, por
cuanto las personas con menos recursos son justamente las más afectadas por las
contingencias relacionadas con la condición de adulto mayor. Por otra parte,
apenas el 10% de los adultos mayores con pensiones reciben beneficios adicionales
provenientes de las Misiones.
De manera que la dinámica de
la protección social que hoy existe en Venezuela, genera exclusión a todo lo
largo de la vida laboral, por cuanto las personas que tienen ocupación en el
sector informal de la economía no cuentan con los beneficios que tiene aquellos
que se desempeñan en el sector formal. Al llegar entonces a la edad de recibir
pensión, los adultos mayores que han laborado en el sector informal no pueden
acceder a ella. Las pensiones no contributivas, establecidas en la Constitución
de 1999, justamente para superar esta exclusión, no se han implementado en
estos casi 17 años que tiene de aprobada.
Para enfrentar esta
significativa exclusión, una vía es aumentar los beneficios de aquellos que se
encuentran hoy pensionados. Pero también es fundamental no aumentar la brecha
entre aquellos que tienen pensión y lo que no la tienen, especialmente cuando
ambos grupos están expuestos a la inflación más alta del mundo. Todo lo cual
nos lleva a modificar con prontitud, y de manera que sea fiscalmente viable,
los mecanismos relacionados con la protección social de todos los venezolanos,
y especialmente de los adultos mayores.
17-02-16
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