ODRA CAMPERO martes 2 de febrero de 2016
La
diputada ante la Asamblea Nacional (AN) por la Mesa de la Unidad Democrática
(MUD), Delsa Solórzano, precisó que la Fiscal de la República, Luisa Ortega
Díaz, durante la presentación de su informe anual indicó que durante el año
2015 se registraron en el país más de 17.700 muertes violentas, pero un informe
publicado en la página web del Ministerio Público, refleja que las muertes
violentas registradas son más de 19.400. "Es decir, desdice su propio
informe que está plagado de dudas".
"A
mi me angustia muchísimo como venezolana que aquí se pretenda tratar las
muertes como un número estadístico, y que no se comprenda que estas muertes
violentas dejan atrás familias plagadas de dolor y tristeza porque los matan en
la calle y aquí (en Venezuela) hay 98% de impunidad", recalcó Solórzano,
durante una intervención desde el hemiciclo de la AN.
Asimismo,
aseveró que la inseguridad y la criminalidad, son las primeras causas de
emigración de venezolanos. "Porque cuando a usted lo van a matar no le
preguntan si tiene un carnet del PSUV metido en la cartera".
Solórzano,
explicó que desde el año 2007 cuando Luisa Ortega Díaz fue designada como
Fiscal de la República, han ocurrido más de 167 mil homicidios según el informe
anual presentado por la máxima representante del MP.
En
cuanto al tema de corrupción, la diputada agregó que la Fiscal no respondió por
la denuncia que fue introducida ante esa institución, el 27 de enero de 2014,
por los 25 mil millones de dólares de Cadivi que fueron robados en un año, y
por tal razón será invitada a comparecer nuevamente ante la AN.
En ese
sentido, Solórzano solicitó ante la AN que se asignara a la Comisión de
Política Interior la elaboración de un plan de emergencia para abordar la
crisis de inseguridad, a través del cual se pretende legislar todo lo
relacionado con el sistema de justicia, penitenciario, seguridad ciudadana y la
depuración de los cuerpos policiales.
Igualmente,
el plan de emergencia atenderá de modo especial, todo lo relativo a los
concursos de jueces, fiscales y defensores públicos para evitar la impunidad,
dar estabilidad a esos funcionarios y evitar la politización del sistema de
justicia.
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