Por Carlos Romero M., 12/02/2016
En 1984, según escribe Edgar Paredes Pisani, la sociedad venezolana
experimentaba una evidente incapacidad del Estado para responder a las demandas
de la sociedad y aún cuando la crisis política e institucional no parecía
evidente, se percibía graves indicios de un agotamiento del orden político; en
ese marco se creó la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE).
La COPRE nació para elaborar y presentar un proyecto de reforma
integral del Estado y de hecho, en el año 1986, presentó a la Presidencia de la
República unas propuestas de Reformas Políticas Inmediatas, en cuyo contenido
se planteaba: la elección de gobernadores de manera directa, secreta y
universal, la reforma a la Ley Orgánica del Régimen Municipal; la
democratización de los partidos políticos y reglas para su financiamiento, así
como también la reforma a la Ley Orgánica del Sufragio.
Cinco años más tarde, 1989, se agravaba la crisis política e
institucional del Estado, lo que llevó al Congreso de la República a crear una
Comisión Bicameral para la revisión de la Constitución, que inició su labor
planteándose una Enmienda Constitucional y terminó elaborando una propuesta de
Reforma General de la Constitución. Entre sus propuestas estaba la
creación del Primer Ministro; la incorporación del Referendo como mecanismo
para facilitar la participación en los asuntos públicos y la reforma del
Sistema Judicial.
Ricardo Combellas, quien fue presidente de la COPRE, reconocía en uno
de sus escritos que aquellas reformas urgentes, necesarias e importantes, no se
concretaron y terminaron enterradas porque no lograron capitalizar la voluntad
política necesaria del entonces Congreso Nacional; pero además, Combellas
afirma que el intento fallido de golpe militar de 1992, lejos de impulsar la
reforma constitucional, debilitó la voluntad para avanzar en las reformas
generales de la Constitución.
No fueron suficientes los esfuerzos de la COPRE en el período 1994-1998
por retomar la idea de la reforma general de la Constitución; irónicamente,
quien impulsa el fallido golpe de estado terminó siendo el promotor de una
reforma constitucional que el liderazgo político de aquél momento no logró
impulsar oportunamente.
El carisma de Hugo Chávez, el deterioro de los partidos políticos y de
las instituciones del Estado hicieron posible que la Corte Suprema de Justicia
y un referendo con la participación de solo 37,5% de la población electoral
validaran la Asamblea Constituyente como vía de reforma constitucional, aún
cuando la misma era contraria al propio texto Constitucional de 1961.
El Dr. Allan Brewer-Carias, en varios de sus escritos, recuerda que las
Asambleas o Congresos Constituyentes han sido parte de nuestra tradición
histórica; en tal sentido, identifica esos procesos en los años 1811, 1830,
1858, 1863, 1893, 1901, 1904, 1946, 1952 y 1958, y destaca que en todos los
casos, esos procesos constituyentes fueron producto de una situación de hecho,
consecuencia de una ruptura del hilo constitucional precedente. La formula
constituyente de 1999, a diferencia de las anteriores, fue producto de un
proceso democrático y pacífico, pero cuyo antecedente más inmediato fue el
intento fallido de golpe de estado.
Hoy, 2016, una nueva generación de líderes políticos, no tienen otra
alternativa que enfrentar los desafíos que supone un modelo político clientelar
que se agotó, que profundizó la cultura del rentismo petrolero y que expone la
evidencia de su fracaso en los objetivos planteados que están contenidos en el
Plan de la Patria 2013-2019.
Ese modelo político se impuso a espaldas del pueblo, abusando de manera
vergonzosa de la función legislativa en diciembre 2010, desconociendo a la
Constitución de 1999 e ignorando los resultados del referendo del 2 de
diciembre de 2007, lo cual configuró un modelo político inconstitucional e
ilegítimo.
El Estado, así como en 1984, en la actualidad no puede satisfacer las
necesidades básicas del pueblo; el Estado Comunal o Socialista, no logra
garantizar las necesidades de: alimentación, agua potable, electricidad, salud,
educación, seguridad ciudadana y menos una justicia imparcial.
Si en 1999, con la participación de 37,67% de los electores y en
consecuencia una abstención del 62,3%, la sociedad venezolana asumió el camino
de una Constituyente, ignorando los mecanismos formales de reforma de la
Constitución de 1961, como salida inmediata a la crisis política e
institucional de aquél momento; hoy, 2016, con un proceso electoral
parlamentario en el cual participó el 74,5% de electores, resulta más que
evidente el nivel de legitimidad que reposa en la Asamblea Nacional para actuar
como promotor y facilitador de un proceso político de transformación, que debe
iniciarse con la reinstitucionalización del país, a los fines de enfrentar una
crisis evidente en lo político, en lo social y también en lo económico.
Las actividades de la Asamblea Nacional en estas primeras semanas, ha
permitido rescatar en la memoria de los venezolanos la función parlamentaria a
través del debate de ideas, de la interpelación como mecanismo de control
político sobre la gestión de gobierno y de la función legislativa a través de
las iniciativas de ley que se han planteado.
La rutina parlamentaria, mencionada en 1998 por Ricardo Combellas como
una de las razones por las cuales no se acometieron las reformas que
oportunamente propuso la Comisión Bicameral de revisión constitucional que
actúo entre 1989 y 1992, debe llamar a la reflexión de los nuevos diputados en
función de la responsabilidad histórica que esta Asamblea Nacional tiene en sus
manos.
La Asamblea Nacional, a pesar de los intentos externos de saboteo, ha
logrado responsablemente superarlos y ha logrado en poco tiempo exponer una
gestión parlamentaria de cara a los ciudadanos y sin discriminación
alguna. Cada vez que el ciudadano comenta sobre unas palabras o una
intervención de algún diputado, sobre una decisión de la Asamblea Nacional,
claramente está dejando constancia que siente y percibe la existencia del Poder
Legislativo, lo cual es un gran paso, luego de ser un Poder Público prácticamente
inexistente.
Por último, la Unidad tiene el deber ético y moral de responder
políticamente al desafío que impone la realidad actual. El debate
político y el diálogo entre todos los actores debe prevalecer. El
espíritu de Unidad que privó en el referendo el 2007 y en las parlamentarias de
2015, debe alimentarse a los fines de ser efectivos en la defensa del orden
constitucional y de la reinstitucionalización del país.
Qué oportunas son las palabras de Mario Briceño Iragorry cuando a
mediados del siglo pasado escribió: “Por ello, de cambio en cambio, de
modificación en modificación, de sistema en sistema, de ensayo en ensayo, hemos
llegado en el afán de borrar el pasado, hasta frustar nuestra genuina fisonomía
nacional.” Allí se puede identificar las consecuencias de las tres 3 útlimas
décadas de cambios, reformas y transformaciones.
Referencias Bibliográficas:
Brewer-Carías, Allan. Poder Constituyente originario y Asamblea
Nacional Constituyente. Editorial Jurídica Venezolana 1999.
COPRE. Reformas Políticas para el Cambio Político. Volumen 3. 1993.
Combellas, Ricardo (Coordinador) Constituyente, aportes al Debate.
COPRE, Konrad Adenauer. 1998.
Escrito para @PolitikaUCAB
Carlos Romero M.,
@carome31
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