Por Javier Hernández
No es verdad que la brutal
crisis económica que vive el país y que condujo al presidente Maduro a
solicitar ante la Asamblea Nacional la aprobación de un absolutamente
innecesario decreto de Emergencia Económica se originara
debido a la vertiginosa caída en los ingresos por exportación petrolera experimentado
durante el año 2015. Evidentemente, en un país altamente dependiente de las
importaciones, con elevados vencimientos de deuda externa durante el 2016, con
un sistema productivo coyunturalmente postrado y estructuralmente dependiente
de importaciones e incapaz de generar divisas y un nivel peligrosamente
reducido de reservas internacionales y activos externos, los efectos
negativos de la reducción de ingresos por exportaciones, se ven acrecentados en
virtud de una política económica desquiciada y más grave aún, por la aparente
incapacidad de la clase política dirigente de entender el agotamiento de un
modelo de gobierno
basado fundamentalmente, en el reparto de la renta
petrolera, y no en el desarrollo de las potencialidades económicas del país, y en
el desarrollo humano de sus ciudadanos.
Pero toda crisis es una
oportunidad y la actual crisis no es la excepción. Podría decirse de hecho, que
es la mejor oportunidad que ha tenido el país para desacoplarse de los vaivenes
del ingreso petrolero y avanzar en el previsiblemente doloroso proceso de
abandonar nuestra absoluta y muchas veces inadvertida dependencia de la renta
petrolera.
La venezolana es, en este
momento, una sociedad inviable. El elemento sobre el cual se ha desarrollado el
proceso económico y social venezolano –la renta petrolera- este año muestra un
agotamiento excepcionalmente notable –en lo que va de año el precio del barril
de petróleo ronda los 23$- y aun cuando pudiera recuperarse ligeramente en el
segundo semestre, la realidad es que, ni en 2016 ni en los años por venir el
ingreso petrolero permitirá sostener el modelo de sociedad que hemos sido. A
despertarse.
Y es que la adicción a los
subsidios corre por nuestro ADN social. Todos en alguna medida hemos recibido
bienes y servicios sin pagarlos a su real costo – incluso sin saberlo – todo
con cargo a la renta petrolera. Lo “público” y lo “gratuito” se han
internalizado de tal modo en nuestros códigos morales, que el despertar será
duro, muy duro. Desde educación y salud, hasta viajes al exterior, pasando por
alimentos, medicinas, gasolina, viviendas, servicios básicos y no tan básicos,
tendrían en ausencia del subsidio petrolero, un costo muchísimo más elevado que
el que hoy percibimos los ciudadanos. Pregúntele a cualquier colombiano,
chileno o argentino.
Y el sector productivo no se
queda atrás. Mientras que el ciudadano es subsidiado en la compra de un pollo
importado de Brasil a tipo de cambio artificialmente bajo, el “empresario”
criollo ha recibido explícita o implícitamente beneficios como exención o
rebaja de impuestos, condonación de deudas y un relativamente regular flujo de
divisas para su acumulación en el exterior. El sector privado criollo ha sido
históricamente incapaz de generar divisas pero ejercen una presión descomunal
para sembrar en la sociedad, la idea del “derecho” o la inevitable necesidad de
acceder a divisas como condición insoslayable para poder seguir trabajando. La
siempre presente amenaza de los despidos logra por lo general su propósito y no
es por cierto, un mal exclusivo de Venezuela, aunque los episodios en esta
tierra de gracia alcanzan características absurdas, como el hecho de que se
paralicen las líneas de producción de compotas, porque las tapas del frasco son
importadas. Aun así, en este momento, hay ejércitos de economistas, políticos y
funcionarios de todo tipo –incluyendo muchos de los que componen el recién
creado Consejo de Economía Productiva- devanándose los sesos por idear la
manera de encontrar los 20-25 millardos de dólares que necesita el país este
año para cubrir sus necesidades, dejando intacto eso sí, la estructura
renta –dependiente de la sociedad venezolana. Borrachos peleando por la
botella vacía.
Debe entenderse que, si no se
cambia la estructura de subsidios –los explícitos y los no tan obvios- que hoy
abarcan casi cualquier área del proceso económico venezolano, no habrá préstamo
chino, del FMI, o rebote del precio del petróleo que pueda financiar el modo de
vida de la sociedad criolla que cuenta con los dudosos honores de contarse entre
los principales consumidores mundiales de bienes que no se producen dentro de
sus fronteras –pasta, pan de trigo, o whisky escocés, por ejemplo.
Y no se trata sólo de aumentar
ó reducir. No se trata sólo de magnitudes sino de estructura. Los ciudadanos
debemos ser capaces de pagar –y nuestros ingresos deben permitirlo- el valor
real de los bienes y servicios que recibimos aun cuando esto es perfectamente
compatible con la existencia de subsidios explícitos, condicionados y
focalizados para que nadie se quede atrás. El uso de la renta petrolera debe
utilizarse con criterio de sustentabilidad intergeneracional, para la cobertura
de las necesidades más básicas de la sociedad y para el desarrollo de capital
físico y capital humano. Inversión en el futuro.
Restablecer los mecanismos de
ahorro cuando se incrementen los ingresos petroleros por encima de un nivel
determinado de precios, implantar las obligaciones contributivas de los
ciudadanos para la sostenibilidad de la inversión social y el sistema de pensiones,
el desmontaje progresivo de la estructura de subsidios regresivos que propician
el derroche de recursos, y la implantación de un sistema cambiario flexible que
diferencie entre sectores potencialmente generadores de divisas y aquellos
demandantes netos de dólares producto de la renta petrolera, son apenas los
primeros pasos para el desmontaje de la sociedad rentista que permitirá el
surgimiento de una economía realmente productiva. Sólo sobrevivirán las
empresas e instituciones más aptas, aquellas cuyo valor creado les permita
autosustentarse. Es un proceso doloroso pero indispensable y puede
comenzar ya. Growing pains (Como duele crecer).
30-01-16
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