Por Clavel A. Rangel
Jiménez
Las últimas negociaciones
colectivas han dejado un sinsabor en los trabajadores. Han sido más los meses
de discusión y conflicto que la perdurabilidad de los beneficios salariales
alcanzados.
La inflación y la distorsión
económica en la nación le han quitado brillo a uno de los frutos del diálogo
social en el país y en el mundo: la contratación colectiva. Dos convenios,
firmados recientemente, han quedado diluidos: el del Instituto Nacional de
Capacitación y Educación Socialista (Inces) y la II Convención Única del sector
educación.
Trabajar en las industrias
de Guayana, cuyos contratos cautivaron por más de tres décadas a los
trabajadores del país, tampoco es garantía de estabilidad. “Yo nunca pensé que
trabajando en Sidor iba a pasar hambre, estamos comiendo muy mal”, expresó
recientemente Nisbel Bolívar, dirigente de la corriente laboral Tendencia
Clasista, que planteó la necesidad de un ajuste salarial de 150% como mínimo,
“50% en agosto, 50% en septiembre y 50% en enero, es la única manera de medio
compensar con la inflación que tenemos”.
El deterioro de la
negociación colectiva trasciende el espacio de los trabajadores cuando se
entiende como un medio para alcanzar soluciones productivas en las relaciones
entre trabajadores y empleadores, mejorar resultados de las empresas, gestionar
cambios y desarrollar relaciones laborales armónicas, todos estos fundamentos
del convenio 89 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En parte, la mayoría de los
acuerdos han sido solapados por los aumentos de salario mínimo unilaterales
decretados por el Gobierno -más de 50% en el primer semestre-, no extensivos a
los tabuladores de los acuerdos contractuales.
Los incumplimientos, más una
tasa de inflación que coloca a Venezuela como la nación con la variación de
precios más alta del mundo,han hecho añicos aceleradamente el poder adquisitivo
de la población económicamente activa en el país.
“Discutir (contrato) tiene
sentido siempre, pero en un proceso de altísima inflación poner fechas y topes
a los aumentos salariales es lo que no tiene sentido, porque es algo que es
impredecible en este contexto”, afirma Rolando Díaz, experto e investigador del
mundo laboral.
Mecanismos de revisión
periódica
En estas circunstancias tan
distintas en la región, el abogado laboral y profesor universitario, León
Arismendi, considera que es conveniente emplear métodos de revisión constante
para evitar el deterioro del poder de compra, aunado a una política sostenida
de recuperación del salario.
Por ejemplo, comenta, en el
sector universitario existe una cláusula de contingencia que obliga a una
revisión anticipada, “yo creo que por allí es que habría que orientarse, eso
respecto al tema de la remuneración porque hay otras consideraciones”.
Expertos laborales
consideran que la recuperación del salario pasa por el consenso de una
política concertada y de instrumentos de revisión periódicos.
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Lo ideal, sostiene Arismendi, es “construir parámetros que permitan hacer una evaluación con cierta periodicidad, que si se mueve esto tiene que haber un ajuste, no es una tarea sencilla pero es la tarea”.
Si hubiese un gobierno que
respetara acuerdos mínimos, la inflación que fija el Banco Central de Venezuela
(BCV) sería un buen indicador, sostiene el abogado. “Pero acá no se sabe,
habría que tomar varias referencias que obliguen a hacer una adecuación de las
remuneraciones”.
Diálogo social
Un estudio reciente del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado Empleos para
crecer, destaca la importancia de consensuar políticas sostenidas no solo
para superar la informalidad, sino la debilidad de América Latina: los empleos
improductivos.
En un contexto de boom de
exportaciones en la última década en la región, en el que Venezuela no se
insertó, expertos del BID observan que el nuevo horizonte que se plantea -ante
el agotamiento del crecimiento que venía experimentando la región y las
debilidades que presenta el panorama macroeconómico mundial- “aumenta la
urgencia de encontrar soluciones a los principales problemas laborales ya
existentes”.
Fuentes vinculadas al
Gobierno señalan que para finales de año habrá un nuevo decreto de incremento
salarial, el tercer aumento del año.
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Las tasas de desempleo y el alto porcentaje de trabajos informales obligan a la región a salir de un círculo vicioso, para lo cual “es necesario promover políticas integrales que impulsen la productividad”, destaca el estudio.
Esta es una clave que para
la doctora en sociología y especialista en Derecho del Trabajo, Jackeline
Richter, es medular en el país, en especial considerando que los contratos
colectivos han sido también parte de la dinámica populista de los gobiernos.
Parte de los retos que
existen ahora, apunta, es “recuperar toda la cultura del trabajo que se ha
perdido todos estos años”, una responsabilidad que también toca al movimiento
sindical “porque tienen derechos pero también tienen obligaciones”, dijo
Richter en una entrevista aCorreo del Caroní en septiembre de 2015. “Es
indispensable para ser dirigente sindical que haya una empresa y que la empresa
sea productiva y dé ganancia”.
Política deliberada
En 2009, la política laboral
del Gobierno buscaba la nivelación salarial como un objetivo ideológico, lo que
hoy estamos viviendo, señala Arismendi, es el resultado de una política deno
decisión.
Lo único que hubo, en su
opinión, francamente deliberado fue la política de puertas abiertas a
los sindicatos paralelos para debilitar a la Confederación de Trabajadores de
Venezuela (CTV) y a las organizaciones independientes. “Hoy el Gobierno es
presa de su propio desastre”.
A Rolando Díaz lo que más le
preocupa, a corto y a largo plazo, es el desincentivo al trabajo formal. “En el
trabajo informal ese salario es muy superior, por arriba de los 50 mil
bolívares siempre. En un trabajo formal es difícil sacar más de eso, por eso se
desincentivó el trabajo formal. De hecho, mucha gente prefiere perder el
trabajo porque sabe que eso no le representa casi nada”.
26-07-16
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