Por José Guerra
El día 11 de mayo de 2017,
apareció una información en diario Últimas Noticias firmada por el periodista
Eligio Rojas, según la cual al ciudadano Aldo Roso fue imputado por el Tribunal
Militar Tercero de Control de Caracas, por los delitos de supuesta sustracción
y posesión de prendas militares con el pretendido objeto de causar daño a
instalaciones castrenses.
El juez de esa causa según el
diario en referencia, es el capitán Mickel Amézquita Pion y la fiscal la
doctora Yusnagry Pérez. Según la misma nota periodística, el señor Roso sería
mi enlace en los suceso acaecidos en El Valle el día 20 de abril, cuestión ésta
que resulta un sinsentido.
Revisando esa información, yo
me pregunto varias cosas. Uno, hasta dónde puede llegar la justicia para armar
un expediente e inculpar a personas que no tienen nada que ver con esos hechos,
ni directa ni indirectamente. Yo tengo la convicción de que si Aldo Roso
admitió un delito de este tipo fue bajo coacción, jamás mediante una
declaración voluntaria. Dos, por qué el uso y abuso de la jurisdicción militar
para juzgar a un civil y con ello tratar de articular un juicio en tribunales
militares. Recordemos que el señor Roso, estuvo aislado en el Sebin, sin acceso
a sus abogados privados y ello pudo influir para que lo forzaran a declarar
contra su voluntad. ¿Qué queda del alma y la conciencia de cualquier juez o
fiscal que sabe que está encarcelando a un inocente? Todo poder es efímero y la
justicia tarda pero llega, sino que le pregunten a los represores argentinos y
chilenos. No podemos repetir las trágicas experiencias de los años sesenta en
Venezuela donde se abusó de los tribunales militares para perseguir y meter
presos a civiles.
Hay hechos, evidencias y testimonios
que apuntan a que el gobierno lo que pretende es saltarse los tribunales
civiles debido a que la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz ha sido una voz que
ha criticado los excesos y abusos policiales y cuestionado que civiles sean
juzgados por la instancia militar. Con ello se abre un espacio muy peligroso
porque los civiles no serían juzgados por sus jueces naturales, hecho éste que
violaría la Constitución.
En mi caso, como no han podido
rebatir ninguno de mis argumentos en materia económica y financiera, alertando
al país sobre la grave crisis que sufriríamos de persistir con el actual modelo
económico, optó el Gobierno por aprovechar los sucesos de El Valle, primero
para golpear a los dirigentes políticos de esa parroquia y luego para ir contra
mí.
Quiere el Gobierno cobrarme su
propia crisis, mil veces advertida. La culpa de que al Gobierno se le hayan
cerrado todas las fuentes de financiamiento y el país y no tenga literalmente
reservas internacionales para el funcionamiento de la economía, no es imputable
a mí.
Ello tiene que ver con un
esquema de control de cambios absurdo que ha propiciado una corrupción
monumental que ha permitido que una cúpula en el poder hoy disfrute de una
riqueza no trabajada sino robada. Que ningún banco privado ni ente multilateral
le preste a Venezuela tiene que ver con el hecho de que el Gobierno cometió el
error de no presentar para su aprobación ante la Asamblea Nacional la Ley de
Presupuesto y la Ley de Endeudamiento. Mientras la economía se desmorona el
Gobierno, sin apoyo popular, solo le queda una herramienta: la represión y los
represores.
14-05-17
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