José Antonio Gómez 10 de abril de 2018
Una
jueza andorrana está investigando los manejos de medio centenar de exdirigentes
venezolanos que se enriquecieron gracias a la corrupción en las empresas
nacionales de la República Bolivariana y a empresas españolas que facilitaron y
facilitan estas operaciones presuntamente corruptas. Durante años estas
personas con altos cargos dentro de la administración se aprovecharon de su
cercanía y asociación con ministros como Rafael Ramírez para intermediar en
operaciones mil millonarias con empresas españolas para lograr el cobro de
comisiones que terminaron por generar grandes fortunas. Sin embargo, dentro de
esos variables, que podrían ser absolutamente legales se incorporaron pagos,
que se salían de esos canales habituales en las relaciones empresariales. Un
ejemplo de ello, tal y como hemos contado en Diario16, lo podríamos encontrar
en la epecista asturiana Duro Felguera respecto al pago de comisiones al
venezolano Nervis Villalobos por su intermediación con el gobierno para que
lograran un macro contrato. Sin embargo, hay un 0,5% de esas comisiones que no
está registrado en las cuentas de Duro. Lo mismo ocurrió con empresas del
sector energético, del sector agrícola, del sector inmobiliario —como el
holding Essentium que construyó miles de viviendas en Venezuela—, o del sector
de los medios de comunicación
El
mismo modus operandi es el que realizaron muchos de los que, principalmente a
la sombra de Rafael Ramírez, lograron enriquecerse gracias a la corrupción.
Miles de millones de dólares salieron de Venezuela, miles de millones que
fueron hurtados al pueblo venezolano para que unos cuantos puedan pasearse por
la Milla de Oro madrileña comprando en las tiendas más caras artículos al
alcance de muy pocos y realizando negocios que les permiten, entre otras cosas,
blanquear ese dinero que salió de Venezuela.
¿Cómo
llegaron estos venezolanos a hacerse millonarios? Diversos testimonios
recogidos por Diario16 de importantes empresarios españoles con intereses en
Sudamérica que hicieron algún tipo de negocio con esta gente coinciden en que
el modelo de actuación era siempre el mismo. Empresas y ejecutivos españoles
contactaban con ellos para ofrecerles un negocio de interés para su sector en
Venezuela, siempre poniendo como paraguas la figura de Ramírez en su calidad de
ministro y de presidente de PDVSA. Ahí empezaban a funcionar una red de
empresas interpuestas y negociaciones que en muchos casos no se fructificaban.
En estas reuniones se realizaban en presencia de abogados, asesores que también
lo eran de la propia petrolera estatal venezolana, intermediarios y socios de
Ramírez, algunos de ellos familiares como es el caso de su cuñado Baldo Sansó.
Entre los asesores e intermediarios también nos encontramos con españoles que
eran los que presuntamente organizaban la red para el traspaso del dinero de las
correspondientes comisiones que, evidentemente, salían del total de los
contratos firmados, es decir, del dinero de todos los ciudadanos de la
República Bolivariana. Estos intermediarios y empresas, en muchos casos
españolas, actuaban tanto de cara a los intereses venezolanos como asesorando a
estos empresarios españoles, es decir, que jugaban una doble baraja que les
permitía cobrar una doble comisión por sus servicios. Por lo tanto, la
corrupción no se daba sólo en el lado venezolano sino también en las sociedades
intermediarias españolas.
Lo
habitual, sin embargo, era que esos primeros negocios no fructificaran pero que
abrieran la puerta para que todos los que se estaban enriqueciendo con las
comisiones de los que sí se cerraban —lo habitual era que fueran los de un
precio más elevado, lo que incrementaba los variables— siguieran en contacto
con estos empresarios para comprar empresas o para entrar en el accionariado de
sociedades españolas de todos los sectores, a pesar de que estas personas no
tuvieran experiencia alguna en la gestión de esos negocios. El objeto de todo
ello no era otro que buscar un nicho en el que poder invertir el dinero que
estaba saliendo de Venezuela.
Así
ocurrió con un importante empresario de los medios de comunicación. En primer
lugar, le hicieron una propuesta para comprar un importante diario venezolano,
El Universo, operación que no llegó a buen puerto pero que les sirvió a algunos
de los socios de Ramírez de entrada para comprar la participación mayoritaria
de una de las sociedades de este empresario. Una vez que lo hicieron, se
llevaron la sociedad a un paraíso fiscal desde donde operar con mayor
tranquilidad a pesar de que la actividad continuaba desarrollándose en España y
generando pérdidas millonarias. Mientras tanto, el abogado venezolano que
compró esa participación mayoritaria, con la ayuda de empresas de capital
riesgo e inversión españolas, montó empresas de otros sectores, como el del
ocio y el fitness, además de invertir en activos inmobiliarios de alto nivel en
los distritos madrileños de Retiro y Salamanca.
Estos
corruptos venezolanos —y españoles en el caso de las sociedades intermediarias—
están viviendo y operando en España a través de países considerados durante
mucho tiempo como paraísos fiscales. De ahí la investigación de la jueza
andorrana respecto al dinero depositado en la Banca Privada de Andorra (BPA),
un banco que ya estuvo investigado por el caso del Banco Madrid y en el que fue
imputado Nervis Villalobos, a pesar de que su caso fuera archivado. Como ya
advertimos en Diario16, la situación en prisión del ex viceministro de Energía
de Venezuela está en el límite y ya ha confirmado que está dispuesto a llegar a
un acuerdo con la Fiscalía General del Estado para, en principio, exponer al
ministerio público todos los movimientos de los venezolanos corruptos, cómo
entra y sale el dinero de España, para qué se utiliza dicho dinero, cómo se
canaliza y las empresas que intermedian o asesoran en el ciclo del dinero, qué
empresas han llegado a acuerdos con estos venezolanos y han pagado comisiones
no declaradas, cuánto dinero se utiliza para financiar a la oposición a Nicolás
Maduro, las relaciones entre los dos partidos políticos de la derecha española
con estos venezolanos corruptos, su presunto papel de agente doble, sus
relaciones con empresarios de distintos sectores, incluido el mediático, como
López del Hierro, y un largo etcétera. Alguna de estas sociedades españolas que
intermediaron con PDVSA o con el entorno societario de Rafael Ramírez, según ha
tenido conocimiento Diario16, están siendo investigadas por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y por la Justicia en referencia a sus
administradores.
Por
otro lado, estos corruptos venezolanos que operan desde España disponen de
protección política. El propio Rafael Ramírez, tal y como informó Diario16,
pasaba temporadas en Ávila con un alto tren de vida y manteniendo relaciones
con empresarios y políticos abulenses del PP. Además, el propio líder de
Ciudadanos es cliente habitual del gimnasio propiedad de un abogado y socio de
Ramírez.
Con
esta situación, ¿cómo es posible que ni la Justicia ni las Fuerzas de Seguridad
del Estado hayan actuado contra estas personas? ¿Cómo es posible que las
decenas de querellas y demandas que hay en los Juzgados españoles contra ellos
estén siendo ralentizadas, a pesar de haber sido admitidas a trámite? ¿A quién
le interesa que estos venezolanos corruptos sigan en España operando?
¿Beneficia a la economía española? Desde luego, no, más bien perjudica a la
imagen del país y de nuestra economía.
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