DAVID ADAMS 28 de agosto de 2018
@dadams7308
Una campaña sin precedentes intenta probar
crímenes de lesa humanidad en contra del presidente Nicolás Maduro. Argentina, Colombia,
Chile y Paraguay se preparan para apoyar el esfuerzo para enjuiciarlo.
Cada
vez más aislado y a la defensiva, el gobierno socialista de Venezuela podría
estar al borde de una nueva crisis legal internacional. En las últimas semanas
se ha fortalecido un esfuerzo sin precedentes para someter a juicio a altos
funcionarios venezolanos por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Ahora,
varios países latinoamericanos se están preparando para unirse a un proceso
legal que ya está en curso en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, en
el cual se está examinando abrir una investigación formal sobre la evidencia de
violaciones de los derechos humanos a gran escala.
A la
vanguardia de esta iniciativa marchan los gobiernos conservadores de Argentina,
Colombia y Chile. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia le
confirmó a Univision News que está "en el proceso de trabajar
conjuntamente con algunos países de la región que están de acuerdo en realizar
la demanda ante la Corte Penal Internacional". La fuente dijo que se
informaría mediante un comunicado conjunto próximamente, pero no se ha
establecido una fecha.
El
presidente argentino, Mauricio Macri, le dijo a CNN la semana pasada que la
iniciativa también contaba con el apoyo de Paraguay.
La
decisión de la CPI de abrir una investigación sería una gran vergüenza para el
presidente Nicolás Maduro, y aumentaría la presión internacional sobre su
asediado régimen en medio de una crisis política, económica y humanitaria que
crece rápidamente.
El caso
también les ofrece un rayo de esperanza a los opositores al gobierno después de
un año de grandes frustraciones, entre las que se incluye la muerte de cientos
de personas en una ola de protestas callejeras masivas que se extinguieron el
verano pasado, y las elecciones fraudulentas que reforzaron el control absoluto
del poder por parte de Maduro.
"Esto
es sumamente serio. Maduro solo le teme a la CPI. La Corte tiene poder",
dijo Santiago Cantón, prominente jurista argentino y ex secretario ejecutivo de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados
Americanos (OEA)". La CPI tiene autoridad para ordenar detenciones y
enjuiciar a individuos", agregó Cantón, quien fue uno de los tres expertos
designados por la OEA que recomendaron llevar el caso a la CPI en mayo.
"Sería
un paso trascendental", dijo Gustavo Marcano, un exalcalde venezolano del
estado de Anzoátegui, quien huyó de la presunta persecución política el año
pasado. "Éste es el tipo de presión internacional que necesitamos para
restablecer la democracia. Es prácticamente nuestra única esperanza, además de
la acción militar", dijo.
Los
expertos legales reconocen que incluso aunque se abra una investigación, se le
daría pie a un largo proceso legal que podría durar años. Las posibilidades de
que Maduro vaya a la cárcel siguen siendo altamente especulativas en esta
etapa, según los expertos. "No digo que sea probable, pero la convertiría
en una posibilidad real", dijo Cantón.
El
portavoz de la CPI, Fadi el Abdallah, dijo que la corte no comenta los casos
mientras están siendo examinados, y no pudo decir cuándo se tomará una
decisión. "Algunos casos demoran unos meses, otros demoran 10 años o
más", dijo.
El
ímpetu que está cobrando el caso de la CPI también se produce en momentos en
que la región enfrenta una crisis humanitaria que aumenta rápidamente,
provocada por el éxodo de dos millones de venezolanos que se estima huyeron del
país en los últimos dos años y crearon un problema de refugiados en los países
vecinos, entre ellos Colombia, Brasil, Ecuador y Perú.
"Hay
un carácter urgente aquí que no se ha apreciado plenamente", dijo Irwin
Cotler, ex Fiscal General y Ministro de Justicia de Canadá, quien fue uno de
los expertos en el panel de la OEA.
El
Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, emitió un
"rechazo firme y categórico" al caso cuando la CPI anunció que
examinaría las pruebas en febrero, y aseguró también que cooperaría con la
corte para limpiar su nombre.
Sin precedentes
Ningún
país — y mucho menos un grupo de países — ha presentado un caso contra otro
país en la historia de la CPI, aunque a los estados miembros se les conmina a
utilizar esta opción en sus estatutos. La mayoría de los casos de la corte son
autoinformados — por individuos o grupos locales, y son el resultado de
conflictos domésticos.
La
corte fue fundada hace 20 años por un tratado internacional — conocido como el
Estatuto de Roma — para enfrentar los abusos más atroces a nivel mundial: los
crímenes de guerra y los de lesa humanidad.
Su
trabajo se ha enfocado principalmente en África y nunca ha abierto un caso en
América Latina, aunque actualmente está examinando acusaciones de crímenes de
guerra en Colombia que datan de hace más de una década.
Venezuela
fue uno de los 60 estados que ratificó el Estatuto de Roma en julio de 2002.
Desde entonces, la cantidad de miembros ha aumentado hasta incluir 123 países.
Estados Unidos no es signatario y, por lo tanto, no está oficialmente
involucrado en el caso contra Venezuela.
La
decisión de los gobiernos latinoamericanos de llevar a Venezuela a la corte
podría acelerar ese proceso eliminando uno de los pasos legales, dijo el
Abdallah, vocero de la CPI. En primer lugar, un caso debe pasar por un
"examen preliminar" por parte del fiscal de la CPI, quien luego hace
una recomendación a un panel de jueces. "Si un estado miembro refiere un
caso, el fiscal no necesita acudir a los jueces. Eso elimina un paso del
procedimiento", dijo.
Cronograma del caso de Venezuela
El
caso comenzó en noviembre de 2015 'sin bombos ni platillos' cuando un
prominente político de la oposición en el exilio, Carlos Vecchio, presentó
pruebas de abusos a La Haya y nombró a ocho funcionarios, incluido a Maduro, en
nombre de un grupo de presuntas víctimas del régimen actual.
Un
esfuerzo previo para llevar al expresidente Hugo Chávez a la corte fracasó
cuando el líder socialista falleció de cáncer en 2013. "Entonces,
comenzamos a documentar los abusos después de los desmanes cometidos durante
las protestas de 2014", dijo Vecchio, quien es el coordinador
internacional del partido opositor Voluntad Popular, cuyo líder, Leopoldo
López, fue encarcelado.
"Presentamos
testimonios anónimos de las víctimas y lo hemos seguido actualizando. Ahora hay
muchas más pruebas. Es un caso mucho más sólido ", dijo.
La
situación cobró verdadero ímpetu el año pasado cuando la OEA y las Naciones
Unidas presentaron devastadores informes en los que se alegaba delitos graves y
el hecho de que las autoridades venezolanas no les exigieran rendir cuentas a
los perpetradores. La ONU citó 505 asesinatos extrajudiciales, así como uso
excesivo de la fuerza contra manifestantes, detenciones arbitrarias, maltrato y
tortura.
En
junio, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, señaló que había pruebas
que indicaban que los abusos sistemáticos contra los derechos humanos cometidos
en Venezuela equivalían a crímenes de lesa humanidad según lo definido por la
CPI. Destacó "el uso sistemático, táctico y estratégico del asesinato, el
encarcelamiento, la tortura, la violación y otras formas de violencia sexual,
como herramientas para aterrorizar al pueblo venezolano en una campaña
planificada para sofocar la oposición al régimen".
Almagro
nombró un Panel de Expertos Internacionales Independientes en septiembre para
analizar si los abusos cometidos por el gobierno de Maduro cumplían con el
estándar de prueba necesario para reportar a Venezuela ante la CPI.
En
septiembre, octubre y noviembre, se realizaron tres rondas de audiencias
públicas en la sede de la OEA en Washington DC, en las cuales se incluyeron
testimonios de 26 testigos, entre ellos políticos, militares, fiscales y
jueces, médicos, padres de estudiantes y organizaciones no gubernamentales,
todos los cuales afirmaron haber sufrido persecución o coerción por parte del
gobierno.
Los
testigos describieron cómo se utilizó el asesinato, la tortura, el
encarcelamiento, la persecución y otros actos inhumanos contra la población
civil, y en particular contra cualquiera que no apoyara la ideología autodenominada
socialista y "bolivariana" del gobierno.
Las
pruebas siguieron acumulándose. En noviembre, Human Rights Watch envió a la CPI
un informe que documenta cómo el gobierno venezolano utilizó de forma
sistemática el trato brutal, incluyendo la tortura, para sofocar las enormes
protestas callejeras entre abril y julio de 2017.
Se
detallaron 88 casos que involucraban al menos a 314 personas de 13 estados que
fueron víctimas de violaciones graves de los derechos humanos durante la
represión.
"Los
miembros de las fuerzas de seguridad han golpeado violentamente a los detenidos
y los han torturado con descargas eléctricas, asfixia, agresión sexual y otras
técnicas brutales", dijo. "El alcance y la gravedad de la represión
de 2017 alcanzaron niveles nunca vistos en la memoria reciente de
Venezuela", agregó.
También
en noviembre, la fiscal general de Venezuela que fue destituida y perseguida,
Luisa Ortega, visitó La Haya para presentar documentos ante la CPI alegando
responsabilidad estatal en 8,290 muertes entre 2015 y 2017. "[Ocurrieron]
bajo las órdenes del Poder Ejecutivo, como parte de un plan de limpieza social
llevado a cabo por el gobierno", les dijo a los periodistas.
"Examen preliminar"
Incluso
antes de que la OEA estuviera lista para emitir su informe, la fiscal de la CPI
Fatou Bensouda anunció en febrero que estaba comenzando un "examen
preliminar" de los "crímenes presuntamente cometidos desde abril de
2017, en el contexto de las manifestaciones y los disturbios políticos
relacionados con la situación en Venezuela".
Dijo
que parte de su trabajo sería examinar si las autoridades venezolanas han
tomado medidas para investigar los presuntos crímenes, y señaló que la CPI es
una corte "complementaria", que solo puede iniciar procedimientos
legales en los casos en que las instituciones nacionales no actúen.
El
fiscal general de Venezuela impuesto por el parlamento paralelo y oficialista
(Asamblea Constituyente), Tarek William Saab, dijo en ese momento que Bensouda
parecía estar "sesgada" y que las autoridades venezolanas estaban
investigando activamente y procesando los presuntos crímenes, lo cual hacía
innecesaria cualquier investigación de la CPI. Y añadió; "Estamos
dispuestos a demostrar y mostrar, cuando así se nos requiera", que la
corte no tenía jurisdicción en el conflicto del país.
La CPI
no discute sus procedimientos, por lo que no está claro si los funcionarios
venezolanos han cooperado con el examen del caso hecho por Bensouda. Cotler
dijo que sabía que algunos funcionarios venezolanos se habían reunido con
personal de la CPI. "No sé cuál ha sido la naturaleza de esas
conversaciones", dijo.
Cotler
dijo que sabía que algunos funcionarios venezolanos se habían reunido con
personal de la CPI. "No sé cuál ha sido la naturaleza de esas
conversaciones", dijo.
El
caso contra Venezuela recibió un dramático impulso el 29 de mayo cuando la OEA
publicó un devastador informe de 387 páginas en el que se alegaba que el
gobierno había declarado una guerra virtual contra la oposición política que
había calificado como el "enemigo interno" del estado. Como
resultado, convirtió "grandes segmentos de la población civil en objetivos
para los militares, los paramilitares y las fuerzas de seguridad regulares que
operan de forma coordinada para 'defender la Revolución Bolivariana'".
El
informe identificó 131 víctimas de homicidios ocurridos en protestas en 2014 y
2017 que fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad paramilitares, llamadas
'colectivos'. Además, mencionó más de 8,292 ejecuciones extrajudiciales
registradas desde 2015.
También
citó 12,000 detenciones arbitrarias (alrededor de siete diarias entre 2014 y
2018), 289 casos de tortura autorizada por el estado, incluyendo violencia
sexual contra mujeres (y hombres) bajo custodia, impunidad judicial y
persecución política generalizada — todo presuntamente orquestado por el
gobierno.
"Motivos razonables"
Al
mismo tiempo, el panel de expertos independientes concluyó que había "
motivos razonables para suponer que en Venezuela se han cometido crímenes de
lesa humanidad" según los estándares establecidos por la CPI.
Los
expertos identificaron siete áreas específicas donde las violaciones cumplían
con los estrictos estándares de la CPI para probar crímenes de lesa humanidad
en virtud del Estatuto de Roma. Entre éstos se incluían "un patrón
sistémico de ataques contra civiles", la "absoluta ausencia del
estado de derecho" y "la criminalización de la libertad de
expresión". Todo esto se llevó a cabo como "un instrumento de
política estatal", añadieron los jueces.
Quizás
la violación más grave fue "una crisis humanitaria orquestada por el
estado", dijeron los expertos, en referencia al rechazo por parte del
gobierno venezolano de las ofertas internacionales de alimentos y asistencia
médica ante una creciente crisis económica. Eso había provocado un aumento
drástico de la mortalidad infantil y las enfermedades infecciosas prevenibles.
Aproximadamente
2.3 millones de venezolanos — alrededor del 7% de la población — han abandonado
su tierra natal en los últimos años, según la ONU, lo cual representa uno de
los mayores movimientos poblacionales en la historia de América Latina.
"El
éxodo masivo de venezolanos obligados a abandonar el país en busca de
alimentos, atención sanitaria, empleo y seguridad ha sido aprovechado como una
oportunidad para expulsar a más críticos y opositores del país, eliminando así
las voces de la disidencia y permitiéndole al presidente Maduro consolidar aún
más su control indiscutible del poder y la desestabilizando la paz y la
seguridad de la región", escribieron los expertos.
Además
de todo lo anterior, se han sumado acusaciones de la canalización de alimentos
y suministros médicos exclusivamente a los partidarios del gobierno, lo cual
Cotler llamó "la militarización de la comida y la medicina sobre la base
de la persecución". Añadió que esto era "un crimen de lesa humanidad
especialmente insidioso", punible bajo el Estatuto de Roma.
Cotler
y Santiago Cantón dijeron que les sorprendía la poca atención que el caso de la
CPI ha recibido por parte de los medios, especialmente considerando la magnitud
de la crisis y la gravedad de las acusaciones. Eso podría cambiar cuando
Argentina, Colombia, Chile y Paraguay hagan su declaración conjunta. Cotler
dijo que le había pedido al gobierno canadiense que se uniera también a la
acción de la CPI.
"Carácter urgente"
El mes
pasado, Almagro viajó a La Haya, acompañado por Cantón y Cotler para entregar
personalmente, y en forma privada, el informe a Bensouda. La corte ya había
recibido una copia del informe en junio, pero Cotler dijo que la reunión
privada fue "una oportunidad para transmitir el carácter importante y
urgente de la situación".
Cotler
y Cantón dijeron que esperan que una investigación formal de la CPI aumente la
presión sobre Maduro para que cambie de rumbo, posiblemente mediante la
internacionalización de las sanciones económicas.
"La
inmunidad y la impunidad de las que ha disfrutado Maduro podrían eliminarse y
de repente se enfrentará al hecho de un posible enjuiciamiento", dijo
Cotler. "Una vez que eso suceda, podrían ponerse en movimiento ciertas
dinámicas".
También
les daría un importantísimo apoyo psicológico a los críticos venezolanos del
gobierno de Maduro, tanto en la diáspora como dentro de Venezuela. "Hay un
gran anhelo de justicia y rendición de cuentas", dijo Cotler.
"Podrían decir que alguien finalmente se está dando cuenta de lo que está
sucediendo".
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