José Vicente Carrasquero 29 de noviembre de 2024
@botellazo
El artículo
publicado por el profesor Francisco Rodríguez en Foreign Affairs titulado, “Un
argumento a favor del acercamiento diplomático con Venezuela”, plantea que
dialogar con el régimen de Nicolás Maduro sería una estrategia más efectiva que
las sanciones internacionales. Sin embargo, este enfoque no solo ignora la
voluntad de la mayoría de los venezolanos que han rechazado al régimen, sino
que también subestima la naturaleza criminal del régimen de Maduro y los
riesgos éticos de legitimarlo mediante una “soft negociación”. Abordemos este
argumento punto por punto.
Rodríguez aboga por el diálogo como solución para la crisis venezolana, argumentando que las sanciones han fracasado en generar cambios. Sin embargo, el régimen de Maduro no es un gobierno convencional; es un régimen criminal señalado por cometer crímenes de lesa humanidad según la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU. Entre las atrocidades documentadas están ejecuciones extrajudiciales, torturas sistemáticas, desapariciones forzadas, represión política masiva y otros mecanismos de terrorismo de Estado.
Negociar
con un régimen de esta naturaleza sin imponer condiciones estrictas no solo es
ineficaz, sino inmoral. Los regímenes criminales no negocian de buena fe. La
historia reciente demuestra que Maduro utiliza el diálogo como táctica de
dilación para dividir a la oposición, debilitar la presión internacional y
consolidar su control sobre el poder.
Rodríguez
sugiere que Maduro ha consolidado su poder y que la comunidad internacional
debe aceptarlo como una realidad. Pero esto ignora que esa “estabilidad” se
sustenta en un aparato de represión criminal y un sistema electoral fraudulento.
Las cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), aun bajo el control
del régimen, demuestran que más del 70% de los venezolanos votaron en contra de
Maduro. Esta realidad evidencia un rechazo masivo al régimen, a pesar del
control sobre los medios de comunicación, la censura y la coacción ejercida
contra la población.
Aceptar
la estabilidad de Maduro sin cuestionarla equivale a legitimar un régimen
criminal que se sostiene mediante el terror y el fraude. La comunidad
internacional debe respaldar la voluntad del pueblo venezolano, no capitular
ante un gobierno que ha destruido la democracia y los derechos humanos.
Rodríguez
enfatiza la urgencia de abordar la crisis humanitaria en Venezuela, pero omite
que el régimen de Maduro es el principal responsable de esta catástrofe. La
emergencia humanitaria compleja no es producto de un desastre natural, sino de
políticas deliberadas que han destruido el aparato productivo, saqueado los
recursos del país y utilizado la ayuda humanitaria como herramienta de control
político.
Negociar
con un régimen que deliberadamente perpetúa la crisis humanitaria es
contraproducente. La ayuda internacional debe ser administrada por organismos
independientes, con mecanismos que eviten que el régimen la desvíe para
alimentar sus redes de clientelismo y represión.
Cualquier
análisis sobre Venezuela debe partir del reconocimiento de que el régimen de
Maduro no es simplemente un gobierno autoritario, sino un Estado criminal.
Maduro y su círculo cercano están acusados de liderar un esquema transnacional
de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero, con vínculos con organizaciones
criminales como el Cártel de los Soles y grupos armados irregulares.
Un
régimen de esta naturaleza no responde a incentivos diplomáticos convencionales.
La “soft negociación” ha fracasado reiteradamente porque no ofrece garantías
reales de justicia ni de transformación política. Tratar con regímenes
criminales requiere una combinación de presión internacional sostenida,
sanciones dirigidas y apoyo activo a los actores democráticos.
Rodríguez
argumenta que la comunidad internacional debe aceptar a Maduro como
interlocutor legítimo. Sin embargo, hacer esto sin que este reconozca el
resultado de las elecciones del 28 de julio, no solo traiciona a la mayoría de
los venezolanos que claman por democracia, sino que también sienta un
precedente peligroso para otros regímenes autoritarios.
Legitimar
al régimen de Maduro sería un golpe devastador para las fuerzas democráticas en
Venezuela. Además, enviaría un mensaje a otros dictadores de que la represión,
el fraude y los crímenes de lesa humanidad son tácticas viables para mantenerse
en el poder.
Rodríguez
minimiza el papel de la oposición, argumentando que está debilitada y dividida.
Aunque enfrenta desafíos, esto no justifica ignorarla o deslegitimarla. La
comunidad internacional tiene el deber de fortalecer a los actores democráticos
en Venezuela, proporcionándoles apoyo político, técnico y financiero, en lugar
de socavarlos mediante acuerdos con un régimen ilegítimo.
Frente
a la naturaleza criminal del régimen de Maduro, la comunidad internacional debe
adoptar una estrategia que combine presión y apoyo activo a los actores
democráticos, incluyendo:
1. Imposición
de condiciones estrictas para cualquier diálogo, reconocimiento del resultado
electoral, liberación de presos políticos y cese de la represión.
2. Fortalecimiento
de las sanciones dirigidas, enfocándolas en los responsables directos de la
represión y la corrupción, mientras se minimizan los impactos sobre la población.
3. Garantizar
la entrega de ayuda humanitaria a través de canales independientes, evitando
que el régimen la use como herramienta de control.
4. Respaldar
a la sociedad civil y la oposición democrática, reforzando su capacidad de
organización y movilización.
El
argumento de Rodríguez falla al ignorar la naturaleza criminal del régimen de
Maduro y las implicaciones éticas de una negociación blanda. La comunidad
internacional no puede tratar a este régimen como un gobierno legítimo; debe
reconocerlo por lo que es: un Estado criminal que ha devastado a su población y
destruido la democracia.
En
lugar de un acercamiento diplomático sin condiciones, se debe priorizar una
estrategia que combine presión sostenida y apoyo a las fuerzas democráticas,
garantizando que la voluntad del pueblo venezolano sea escuchada y respetada.
Sólo así se podrá avanzar hacia una solución real y justa para la crisis en
Venezuela.
Cualquier
sugerencia de mantener a Maduro en el poder desconoce la soberanía popular que
se manifestó el 28 de julio y linda con un acto de traición a la patria.
Reflexione
profesor Rodríguez.
José
Vicente Carrasquero
@botellazo
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico