¿Qué hay detrás del intento de venta de Monómeros?, por José Ignacio Hernández G.

José Ignacio Hernández G. 27 de noviembre de 2024

¿Podrá Maduro vender Monómeros o hay vías legales para impedírselo? La empresa de fertilizantes sigue siendo un sujeto sancionado por el Gobierno de Estados Unidos

Un mensaje en redes sociales del presidente de Colombia, Gustavo Petro, permitió conocer los planes del Gobierno de Nicolás Maduro de vender Monómeros Colombo-Venezolanos, en una operación a cargo del recién designado ministro Alex Saab. 

Los detalles legales de esta opaca transacción permiten apreciar que estamos, en realidad, ante una práctica que es ya recurrente: la cesión, en condiciones opacas, de activos externos de Venezuela. Solo que esta vez, el intento ha encontrado el rechazo, político y legal, del Gobierno de Colombia. 

La turbulenta gobernanza sobre Monómeros

Monómeros es una sociedad mercantil constituida en Barranquilla (Colombia), y cuyas acciones pertenecen, en su mayoría, a Petroquímica de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN), cuyo único accionista es, a su vez, la República. La empresa fue creada para la producción y comercialización de fertilizantes para la agroindustria, con insumos proveídos, principalmente, por PEQUIVEN. 

Es decir que Monómeros es una empresa del Estado venezolano y, por tanto, es un sujeto sancionado por el Gobierno de Estados Unidos, al formar parte del Gobierno de Venezuela. Sin embargo, la OFAC dictó una licencia individual que excluye a Monómeros de la regulación de sanciones. 

Esta licencia fue dictada luego de que el entonces presidente encargado designara a la junta administradora ad-hoc de PEQUIVEN, a los fines de nombrar a los administradores de Monómeros, previo control de la Asamblea Nacional de 2015. El propósito del Gobierno de Estados Unidos al dictar la licencia a favor de Monómeros fue apoyar los esfuerzos del entonces Gobierno Interino por proteger activos externos de Venezuela. 

Esta junta administradora pudo representar a PEQUIVEN en Colombia, pues el entonces presidente Duque decidió reconocer, con plenos efectos legales, al presidente de la Asamblea Nacional de 2015 como el presidente encargado. 

Sin embargo, la gestión de Monómeros bajo la junta administradora ad-hoc de PEQUIVEN resultó, desde el punto de vista jurídico, irregular, como explico en este trabajo. Así, la Asamblea Nacional de 2015 optó por intervenir políticamente en la gestión de Monómeros, desconociendo las reglas de gobernanza que habían sido dictadas en el Estatuto de Transición, y cuyo propósito era asegurar la gestión eficiente y transparente de esta empresa del Estado. 

Pero en 2022 el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, decidió reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, devolviendo a éste la representación de PEQUIVEN y, por ende, el derecho a designar a los administradores de Monómeros. 

Sin embargo, Maduro acordó que el Gobierno de Colombia designaría a dos administradores en Monómeros, tal y como fue anunciado por el entonces presidente de PEQUIVEN, Pedro Tellechea, hoy en prisión bajo cargos de corrupción. 

La presencia de dos administradores designados por el Gobierno de Colombia era claro indicio de la desconfianza hacia la gestión a cargo de Maduro, basada en el rol estratégico de Monómeros en el suministro de fertilizantes e insumos. Por ello, no es de extrañar que, en 2022, el Gobierno de Colombia considerase comprar Monómeros. 

¿Por qué Maduro quiere vender Monómeros?

La gestión de Monómeros generó pocas noticias, hasta que el 9 de noviembre de 2024 el presidente Petro envió una carta a Nicolás Maduro, mostrando su preocupación por el plan del ministro Alex Saab de  vender Monómeros. De no haber sido por esa carta, quizás el intento de venta de este activo hubiese seguido siendo un secreto. 

Para entender las razones tras el intento de venta de Monómeros, es importante recordar que este no es el primer activo que Maduro intenta ceder, en condiciones opacas. 

Así, en 2014 Maduro intentó vender Citgo, pero luego concluyó que era más conveniente usar a la empresa para desviar 2.700 millones de dólares para PDVSA. Pero en 2015, PDVSA se desprendió, en condiciones opacas, de su participación en la refinería Chalmette, en Estados Unidos.  Y en 2016, el intento de ceder Citgo fue parcialmente logrado, cuando la totalidad de las acciones de Citgo Holding fueron cedidas a acreedores extranjeros, al margen del control de la Asamblea Nacional. 

En 2020, PDVSA se desprendió de cerca del 35% de las acciones en Nynas, la empresa de refinación en Suecia. Las condiciones bajo las cuales esa cesión se realizó no son conocidas. Pero lo cierto es que Nynas ya no es una filial de PDVSA. En 2021, PDVSA también cedió, en condiciones opacas, su participación en la refinería REFIDOMSA, en República Dominicana. 

Estos son algunos ejemplos que demuestran una práctica consistente en ceder activos externos de Venezuela al margen del principio de transparencia. Esta práctica se formalizó en la inconstitucional Ley Anti-Bloqueo, y que otorga a Maduro el control total sobre todos los activos externos, incluyendo filiales de empresas del Estado y, entre ellas, Monómeros. 

El intento de venta de las acciones de Monómeros no es, entonces, un caso aislado, pues él responde a la práctica hoy consolidada en la Ley Anti-Bloqueo. Esto nos permite identificar dos grandes razones tras este intento de venta. 

La primera razón es obtener recursos para paliar la delicada situación financiera del Gobierno. La venta de Monómeros podría alcanzar los 300 millones de dólares, ingresos que percibiría Maduro sin control alguno. La segunda razón es evitar que los acreedores de la deuda externa legada intenten cobrar sus obligaciones en contra de este activo. 

Cualquier ingreso obtenido por la venta de Monómeros, sería usado para financiar la cleptocracia del régimen de Maduro, debido a la ausencia de condiciones institucionales que aseguren la gestión eficiente y transparente del patrimonio público. Que esta venta esté siendo dirigida por el ahora ministro Saab solo aumenta los riesgos de corrupción. Por ello, y como sucedió en todos los casos comentados, pero en especial, en Nynas, la venta de Monómeros no redundaría en el bienestar social de los venezolanos. 

La venta de Monómeros y los obstáculos regulatorios desde Estados Unidos y Colombia 

Debido a la ausencia de controles formalizada en la Ley Anti-Bloqueo, Maduro no se enfrenta a ningún control sobre la venta de Monómeros en Venezuela. Pero la situación en Estados Unidos y Colombia es muy distinta. 

Así, Monómeros sigue siendo un sujeto sancionado por el Gobierno de Estados Unidos, todo lo cual genera obstáculos para firmar el contrato de venta de acciones con PEQUIVEN. La licencia individual otorgada a favor de Monómeros no cambia esta situación, pues esta licencia permite a la empresa relacionarse con terceros, pero no autoriza a PEQUIVEN a disponer de las acciones de Monómeros. Con lo cual, cualquier posible comprador de las acciones de esa empresa se enfrenta a riesgos por violación de la regulación de sanciones. 

En Colombia, la Superintendencia de Sociedades anunció, el 18 de noviembre, el inicio del procedimiento administrativo para someter a control a Monómeros. Esta sería la segunda medida de control adoptada por la Superintendencia: en 2021, la gestión de Monómeros bajo la Asamblea Nacional de 2015 motivó una medida similar de control.

En esta oportunidad, el procedimiento iniciado por la Superintendencia se orienta a asegurar la continuidad operativa de Monómeros, debido a su importancia para la agroindustria en Colombia. Con ello, no solo podría impedirse cualquier operación de venta que atente en contra de esa continuidad, sino en especial, cualquier operación financiera que, para extraer ingresos de la empresa, pueda comprometer su operación. De hecho, según los medios, Monómeros habría desviado cerca de 30 millones de dólares a Maduro, lo que evidencia malas prácticas que pueden afectar la continuidad en el suministro de insumos a la agroindustria. 

El intento de venta de Monómeros es un capítulo más en la privatización de facto del Estado venezolano, emprendida por el régimen de Nicolás Maduro al amparo de la Ley Anti-Bloqueo. 

Esa privatización, como ha reseñado Transparencia Venezuela, ha afectado a diversos activos del Estado, dentro y fuera de Venezuela. El ejemplo más dramático es Nynas, que después de Citgo, era la filial de refinación más importante de PDVSA. 

Más recientemente, las licencias otorgadas por la OFAC a favor de empresas petroleras han permitido la privatización de facto del ejercicio de derechos exclusivos de PDVSA. Al amparo de estas licencias, el régimen de Maduro recibe importantes ingresos en regalías y tributos, administrados con total opacidad. Que esos ingresos sean percibidos en bolívares es irrelevante: sin transparencia, estos recursos favorecen la corrupción y la violación a derechos humanos. 

Muy probablemente el intento de venta de Monómeros, como fue inicialmente diseñado, fracase, debido a las trabas regulatorias en Estados Unidos y Colombia, aun cuando el Gobierno de Colombia puede retomar su intención de adquirir a esta empresa, para proteger a la agroindustria. En cualquier caso, mientras persista la política de privatización de facto, ningún activo externo de Venezuela estará a salvo. 

José Ignacio Hernández G.