TalCual 29 de noviembre de 2024
Amnistía
Internacional señaló que, cuatro meses después de estos sucesos, al menos 198
adolescentes «siguen sometidos ya sea a detención injusta, a acusaciones
penales infundadas, o a las graves secuelas psicológicas y físicas de los
abusos perpetrados por las autoridades venezolanas»
Amnistía Internacional exigió este jueves 28 a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que incluya las detenciones arbitrarias y torturas de adolescentes dentro de su investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
En su
última investigación, la oenegé expuso las detenciones
arbitrarias, torturas y malos tratos, al igual que las graves violaciones al
debido proceso en los casos de seis adolescentes arrestados entre el 29 y el 31
de julio, durante la represión ejercida por el gobierno de Nicolás Maduro
contra los manifestantes que reclamaron los resultados de las elecciones
presidenciales.
Entre
las torturas documentadas contra los niños y niñas están las golpizas con
puñetazos y patadas, choques eléctricos, asfixia y amenazas de muerte o
sexuales, con la intención de forzarles una confesión.
«Me
contó llorando que lo habían torturado. Lloraba y lloraba. Yo lo abrazaba, pero
por donde le tocaba para abrazarle, le dolía (…) Mi hijo me dijo que después de
toda la electricidad sentía que estaba muerto», dijo la madre de un joven de 16
años que fue golpeado por militares con un bate de béisbol en espalda y torso,
le pusieron una bolsa en la cabeza para asfixiarlo y le dieron choques
eléctricos en los pezones, lo que le hizo perder el conocimiento al menos dos
veces.
El
adolescente fue puesto junto a otras personas detenidas en una fila en el suelo
«para que militares, uno por uno, fueran dándoles patadas, todo ello con la
intención de que grabara un vídeo donde decía que le habían pagado para atacar
instalaciones del Estado», reseñó Amnistía.
«Me
dijo que lo que hacía era aguantar la respiración. Que le quitaban la capucha,
respiraba y que le gritaban ‘¡graba!’ y que otra vez la capucha. Así pasaron
rato (…) Me dijo que de la electricidad sentía que su mandíbula se le estaba
desviando», contó la familiar de otro adolescente de 17 años.
Según
lo que le contó a sus familiares, funcionarios de la Policía Nacional
Bolivariana (PNB) le pusieron una capucha en la cabeza con gas pimienta para
asfixiarlo en reiteradas ocasiones, le jalaron de forma violenta del cabello,
le tiraron al suelo y le dieron numerosas patadas en torso, piernas y cabeza;
además le dieron choques eléctricos a través de la mano.
«Además,
una policía mujer le comenzó a pegar en el oído alegando que lo que le faltaban
eran los golpes de una madre, en alusión a la madre fallecida hace años. Debido
a la intensidad de estos golpes, habría estado cuatro días sin casi poder oír».
«Cuando
se trata de proteger y respetar los derechos humanos, hemos llegado al punto en
el que podemos esperar lo peor del gobierno de Nicolás Maduro. Detener,
torturar, criminalizar, y castigar a niños y niñas cruza una línea que ningún
Estado debería cruzar jamás. Exigimos la liberación inmediata e incondicional y
la reparación de todos los niños y niñas que actualmente sufren la crueldad
interminable de las autoridades venezolanas», aseguró la secretaria general de
Amnistía Internacional, Agnès Callamard.
Amnistía
señaló que, cuatro meses después de estos sucesos, al menos 198 niños y niñas
«siguen sometidos ya sea a detención injusta, a acusaciones penales infundadas,
o a las graves secuelas psicológicas y físicas de los abusos perpetrados por
las autoridades venezolanas».
En el
mes de septiembre fueron excarcelados más de 100 adolescentes, indicó Amnistía
en base a datos de organizaciones nacionales. A mediados de noviembre se
excarceló a otros 25, aunque siguen sometidos a medidas cautelares y procesos
judiciales por cargos como terrorismo.
«Estas
violaciones y crímenes contra menores se enmarcan en patrones más amplios de
violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos a la integridad
personal y a la libertad, y a un juicio justo, perpetrados por el gobierno de
Maduro. Mientras Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad
civil sacan a la luz nuevas y más oscuras formas de estos abusos de poder, los
Estados de todo el mundo deben sumarse al clamor global y exigir que se
respeten los derechos humanos en Venezuela, empezando por los derechos de los
niños y niñas», insistió la secretaria general de Amnistía.
También
solicitó a la comunidad internacional que, de forma pública, privada y
financieramente, apoyen la investigación en curso por parte de la Fiscalía de
la CPI, al igual que las investigaciones penales abiertas contra funcionarios
venezolanos bajo el principio de jurisdicción universal, y el escrutinio de la
Misión de Determinación de los Hechos de la ONU.
En el
primer mes tras las elecciones, las autoridades informaron la detención de al
menos 2.200 personas, que se suman a las más de 300 que estaban detenidas por
razones políticas antes del 28 de julio.
«Además
de este aumento sin precedentes de las detenciones arbitrarias por motivos
políticos, que no solo incluían a niños sino también a personas que viven con
una discapacidad, la represión también incluyó muertes ilegítimas, más
denuncias creíbles de tortura, desapariciones forzadas, ataques generalizados
contra la sociedad civil, represalias contra defensores y defensoras de los
derechos humanos y graves violaciones de las garantías de un juicio justo»,
señaló Amnistía.
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