Por Andrés Oppenheimer | LA NACION Martes 03 de
julio de 2012
Disculpen
el atrevimiento, pero Brasil, la Argentina, Colombia y otros varios países
latinoamericanos tienen mucha de la culpa por la reciente salida forzada del ex
presidente paraguayo Fernando Lugo: han permanecido en silencio ante tantas
violaciones a la democracia en Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Cuba que han
contribuido a crear un clima de "vale todo" en la región.
La defensa selectiva de la
democracia de muchos países latinoamericanos -que ponen el grito en el cielo
cuando presidentes de derecha atropellan las libertades democráticas, pero no
dicen una palabra cuando presidentes de izquierda hacen lo mismo- ha dado como
resulto una constante erosión de la democracia.
El nuevo gobierno paraguayo
de Federico Franco, que fue suspendido del Mercosur, argumenta que el Congreso
paraguayo actuó estrictamente dentro de los límites de la Constitución cuando
depuso a Lugo el 22 de junio. El artículo 225 de la Constitución de Paraguay
permite que el Congreso paraguayo enjuicie al presidente "si desempeña mal
sus funciones" y si -tal como ocurre en los sistemas parlamentarios- dos
tercios de ambas cámaras del Congreso votan su destitución. La votación contra
Lugo fue de 39 a 4 en el Senado y de 73 a 1 en la Cámara de Diputados.
Pero los críticos señalan,
acertadamente, que el procedimiento no cumplió el proceso debido porque no se
le dio a Lugo el tiempo necesario para preparar su defensa. Aunque el artículo
de la Constitución no especifica cuánto tiempo se debe dar al presidente, otros
artículos dicen que todo individuo tiene derecho "al tiempo indispensable
para preparar su defensa". Lugo había pedido 18 días, pero sólo se le
concedieron dos horas.
En cualquier caso, los
legisladores que orquestaron la destitución forzosa deben de haber sentido que
su "juicio político exprés" era un pecadillo menor comparado con las
violaciones de los derechos democráticos en otros países de la región que no
tienen consecuencias diplomáticas.
En las elecciones de 2011 en
Nicaragua, no hubo quejas latinoamericanas cuando el presidente Daniel Ortega
se hizo reelegir para un tercer período presidencial pese a todo tipo de
irregularidades. Casi todos los observadores internacionales coincidieron en
que aquella candidatura de Ortega estaba prohibida por el artículo 147 de la
Constitución nicaragüense, que prohíbe la reelección consecutiva o por más de
dos períodos. Pero Ortega consiguió que los jueces sandinistas dictaminaran -en
un procedimiento ilegítimo- que la cláusula constitucional no se aplicaba en
ese caso.
De manera semejante, tampoco
hubo quejas latinoamericanas cuando Hugo Chávez inhabilitó sin debido proceso a
más de 270 líderes opositores en las elecciones para gobernadores estatales de
2008. Tampoco hubo reclamos regionales cuando Chávez decidió no renovar la
licencia de la cadena televisiva independiente RCTV ni cuando desconoció la
voluntad de los votantes venezolanos, que en 2008 eligieron al candidato
opositor Antonio Ledezma como alcalde de Caracas. Tras la victoria electoral de
Ledezma, Chávez creó un nuevo cargo por encima del alcalde de Caracas, le quitó
a Ledezma casi todos sus poderes y, virtualmente, todo su presupuesto oficial.
En Bolivia, durante los
últimos cuatro años, el presidente Evo Morales ha encarcelado o enviado al
exilio a casi todos los gobernadores estatales opositores, sin someterlos a los
procedimientos señalados por la ley. Al menos cinco gobernadores opositores,
incluyendo algunos ex candidatos presidenciales de la oposición, han sido
encarcelados u obligados a salir del país sin debido proceso.
Y el dictador militar de
Cuba, Raúl Castro, en lugar de ser presionado para que permita elecciones
libres, ha sido recibido con creciente calidez por los muchos de los
presidentes que hoy denuncian la destitución de Lugo. En la reciente Cumbre de
las Américas en Cartagena, Colombia, casi todos los países de la región
amenazaron con no asistir a futuras cumbres entre Estados Unidos y
Latinoamérica si Cuba no es invitada.
Mi opinión: la destitución
del ex presidente paraguayo Lugo estuvo mal y merece la condena de la región.
Pero la indignación
selectiva de Brasil, Argentina, Colombia y otros países por la violación de los
principios democráticos en la región ha promovido este tipo de conductas. Es
hora de que los países alcen la voz contra todas las violaciones de los
principios democráticos, ya sea en Paraguay, Honduras, Nicaragua, Venezuela o
Cuba.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico