Alfredo Meza Caracas 26 JUN
2013
Sale
de la prisión domiciliaria María Lourdes Afiuni, juez encarcelada por órdenes
del fallecido presidente de Venezuela. Pero tiene prohibido hablar a la prensa
y usar las redes sociales
María Lourdes Afiuni está sentada en
la oficina de su abogado, José Amalio Graterol, pero no puede hablar en
presencia de un periodista, así que Graterol, un hombre alto, muy blanco y
corpulento, hará en esta información de ventrílocuo de la juez venezolana. Ya
se verá por qué. Antes de narrar esta escena toca presentarla con el
calificativo que exhibe en la historia contemporánea de Venezuela: Afiuni
es la presa del comandante Hugo Chávez.
El 10 de diciembre de 2009 la vida de
esta mujer, alta y robusta, que fuma una cajetilla diaria de cigarrillos y a
veces dos, cambió para siempre. Ese día le tocaba presidir como titular del
Tribunal 31 Penal en funciones de control la audiencia preliminar del banquero
Eligio Cedeño, quien estaba preso desde febrero de 2007 acusado de obtener
dólares de modo fraudulento y de contrabando por simulación de importación.
Cedeño era entonces presidente del Banco Canarias, la institución que gestionó
ante la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) el dinero aprobado al
Consorcio Microstar -28 millones de dólares- para que importara ordenadores en
2003. Las autoridades venezolanas presumieron entonces que tal importación
jamás había ocurrido y que tanto el banquero como el presidente del consorcio,
Gustavo Arráiz, pretendían hacerse de las divisas a precios preferenciales.
Cedeño encajaba en el perfil del boliburgués,
un mote despectivo de amplia significación entre los venezolanos, que alude a
todos aquellos empresarios que hicieron súbita fortuna con la irrupción de la
llamada Revolución Bolivariana. Este empresario tenía una casa de bolsa, Cedel,
que hizo buenas operaciones aprovechando el control de cambios aún vigente en
Venezuela, y compró dos bancos –Bolívar Banco y Banpro- que le permitieron
tener mucha influencia en los medios de comunicación y ser considerado como un
jugador agresivo en el sistema financiero. Pero este hombre de pronto había
caído en desgracia después de financiar la fuga de un enemigo del gobierno, el
sindicalista Carlos Ortega, quien lideró la huelga petrolera de diciembre de
2002 y tuvo una participación colateral en el golpe contra Hugo Chávez de ese
mismo año.
A María Lourdes Afiuni le tocaba
decidir la suerte de un banquero que llevaba dos años y diez meses encarcelado
sin que se celebrara la audiencia preliminar. Las leyes venezolanas prohíben
mantener privada de su libertad a la persona que haya pasado dos años detenida
sin condena. Las grotescas dilaciones de su caso llevaban a pensar a los
observadores y a la oposición que a Cedeño le estaban cobrando algo más que el
hecho de defraudar al Estado. Era un caso que ya cobraba visos de escándalo. El
secretario del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU
había enviado una comunicación a la juez en la que señalaba las transgresiones
de este caso a varios artículos de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos. Por todo esto pedían que al banquero se le dejara en
libertad provisional hasta tanto terminara el juicio.
Con todos esos elementos Afiuni
decidió liberar al empresario, prohibirle la salida del país y ordenarle que se
presentara cada quince días ante el tribunal. Fue el inicio de su desgracia.
Una hora después había sido esposada y llevada hasta la sede de la policía
política venezolana desconociendo, de acuerdo con el abogado Graterol, el
debido proceso. Uno de los fiscales del caso Cedeño fue el encargado de ordenar
su detención. En el libro Afiuni, la presa del comandante, el periodista
Francisco Olivares relata lo que este hombre, llamado Daniel Medina, le dijo a
la jueza después de que ésta emitió la boleta de excarcelación a Cedeño:
-"Te vas a joder. Ahora vas a
ocupar el lugar de él si no lo llegamos a atrapar".
Al día siguiente, 11 de diciembre de
2009, el propio Hugo Chávez terció en el caso en una de sus acostumbradas
intervenciones televisadas. Ese día comenzó lo que Graterol ha llamado “efecto
Afiuni”. “Los jueces tienen ahora la conciencia secuestrada por el Ejecutivo.
Ya no son autónomos, sino que reciben órdenes”. No fue poca cosa lo que dijo
Chávez aquella noche. La calificó de bandida y luego agregó: “Yo exijo dureza
contra esa jueza (…) Habrá que meterle pena máxima. ¡30 años de prisión pido yo
a nombre de la dignidad de un país!”. Diez días después el comandante volvió a
la carga. Frente a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela
Morales, y la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, el mandatario
insistió: “Si a un homicida le salen 30 años de prisión, yo le pondría 35. Y no
en una oficina por allí, ¡no! Donde debe estar. En una prisión”.
Para explicar gráficamente lo que le
ocurrió desde ese día, Graterol le pide a la juez que levante la pierna. La
mujer viste un suéter ligero a franjas horizontales blancas y violetas,
pantalón blanco de algodón y zapatillas chatas de color turquesa. De pronto, con
el pie sobre el escritorio, Afiuni se remanga el pantalón para dejar ver la
pulsera que rodea su tobillo y las
heridas de guerra que le quedaron catorce meses en la principal cárcel de
mujeres de Venezuela. “Esa”, señala Graterol la cicatriz más grande, “se la
hicieron con una hojilla”. Sobre el pedazo de piel que recubre la tibia destaca
una línea blanca. “Ella tuvo que aprender a defenderse. Tuvo que comprar un chuzo
(cuchillo artesanal) por 60 bolívares (unos ocho euros al cambio oficial). La
cárcel te convierte en un ser primitivo”. La juez compartió el mismo espacio
con mujeres que había condenado antes de cobrar la triste celebridad que hoy
tiene. Según su abogado, una de ellas recibió la orden de matarla para saldar
una deuda por drogas.
El pasado viernes 7 de junio el
Ministerio Público pidió una medida judicial menos dura que el arresto
domiciliario, que fue concedida por los tribunales ocho días después. Algunos
analistas consideran que la decisión esta en consonancia con el esfuerzo que
está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro por obtener legitimidad plena de la
comunidad internacional, mostrando un perfil más moderado que el de su
antecesor. Esa estrategia está rindiendo sus frutos. México ya se ha desmarcado
de la polémica elección que lo dio como ganador al asegurar que
no recibirá al líder de la oposición, Henrique Capriles, para no fijar
posición en un asunto –el controvertido resultado de los comicios- que
consideran como un caso de política interna.
Esta decisión estuvo precedida por dos
reuniones muy importantes: la del 5 de junio, cuando el canciller Elías Jaua se
reunió con el secretario de Estado John Kerry para recomponer una relación
destrozada por las intemperancias de Chávez y las provocaciones de Washington,
y la del pasado lunes 17 entre el presidente Maduro y el papa Francisco. El abogado
José Amalio Graterol considera que lo que se ha escuchado en el juicio oral y
público, que se inició el 28 de noviembre, deja muy mal parado al gobierno en
materia de derechos humanos. “Miembros de las organizaciones internacionales
presentes envían informes demoledores. Eso quizá haya influido”.
María Lourdes Afiuni esperará en
libertad condicional hasta que culmine el juicio. Mientras tanto no puede
hablar de su caso con la prensa ni tampoco escribir en las redes sociales.
Hasta el viernes pasado solía
redactar entre cuatro y cinco tuits diarios. Por ahí drenaba el largo
hastío que ha vivido y que se ha reflejado en su salud. Desde 2009 la han
operado tres veces –una histerectomía y la reconstrucción de la vejiga, entre
ellas- y su abogado asegura que tiene problemas renales, en un seno y en la
vista. Afirma Graterol que ahora que la juez puede caminar libremente por la
calle voltea inconscientemente hacia los lados, como si estuviera buscando a
los policías que la siguieron hasta en los momentos más íntimos durante los
últimos 42 meses. “Afiuni ya ha sufrido suficiente”, dijo Noam Chomsky en una
declaración pública hace dos años. Su mudo martirio continuará durante algunos
meses. Si los cálculos de la defensa se cumplen el juicio debería terminar el
próximo noviembre, a pocos días de cumplir cuatro años como la presa del
comandante. En caso de que sea declarada culpable de los delitos que le ha
imputado la fiscalía –abuso de autoridad y favorecimiento para la evasión de un
detenido- su pena no debería ser superior a los 45 meses de prisión.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico