Por Alberto
Lovera, 21/06/2013
El actual conflicto un universitario tiene
muchas aristas. Los sueldos miserables del personal académico (también del
administrativo y obrero) han servido de detonante, pero desde el inicio se ha
planteado que es mucho más que eso.
Las condiciones de trabajo no se resumen a la
remuneración del personal, aunque sean importantes. Más de siete años de
presupuesto congelado sin considerar el impacto inflacionario han deteriorado el
funcionamiento de las instituciones universitarias. No hay recursos para su
operación normal. No hay cómo atender el mantenimiento y la expansión de sus
programas, para reposición de cargos por jubilación. Se está conduciendo a las
instituciones a su precarización con efectos letales sobre su calidad.
No es muy diferente la situación de los recursos
destinados a los estudiantes. Becas que no alcanzan ni siquiera para pagar una residencia.
Otros renglones básicos para asegurar la atención a los estudiantes de bajos
ingresos están igualmente desatendidos.
Todas las elecciones de autoridades han sido
detenidas tratando de imponer un sistema que violenta la Constitución, la Ley
de Universidades, y las reformas propuestas que fueron rechazadas en el
referéndum constitucional.
Hay un empeño por imponer un pensamiento único a las
universidades. Fracasados otros intentos ahora se pretende mediante un contrato
laboral pactado entre correligionarios meter de contrabando una universidad
alineada al régimen actual.
Se convoca a una convención colectiva para el sector
universitario, pero se deja de lado a las organizaciones gremiales agrupadas en
la FAPUV, que representan a la mayoría, mientras se discute con una minoría. Un
caso insólito en la discusión laboral, donde los representantes mayoritarios no están en la mesa de negociación,
pero sí unos sindicatos espurios.
Detrás de la normativa laboral universitaria se
encubre el intento de centralizar el control de las universidades, anulando de hecho
la autonomía; se incluye una serie de cláusulas que no se refieren a
reivindicaciones socioeconómicas sino que imponen normas de funcionamiento, de gobierno
y de elección que violentan la Constitución y las potestades que ésta les da a las
universidades autónomas, tratando de meter de contrabando lo que fue rechazado
en el referéndum constitucional, en los artículos inconstitucionales de la Ley
Orgánica de Educación y en la vetada Ley de Educación Universitaria.
Igual se pretende desnaturalizar a las universidades
imponiendo un pensamiento único, el de los actuales inquilinos del poder, que
anularía el principio constitucional que establece que la educación debe
contemplar todas las formas de pensamiento. Todos estos elementos deberían ser
excluidos de la normativa
laboral universitaria porque no corresponden a un instrumento de este tipo.
Dejarlos allí sería confirmar que se pretende
introducir un Caballo de Troya en las universidades, metáfora utilizada por el
Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV para indicar que se quiere utilizar
la normativa laboral universitaria para continuar la intervención encubierta de
las universidades.
Publicado en la Edición Impresa de Tal Cual
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