La Voz de America
09 de marzo de 2015
El
presidente Barack Obama emitió una nueva orden presidencial que declara a
Venezuela "amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y
política exterior de Estados Unidos".
En
la carta que el presidente envió al presidente de la Cámara de Representantes,
Obama especifica las razones por las cuales considera a Venezuela una amenaza a
la seguridad nacional.
“La
situación en Venezuela, incluyendo la erosión de las garantías de derechos
humanos por el gobierno, la persecución de opositores políticos, restricción de
la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones a los derechos
humanos y los abusos de Venezuela en respuesta a las protestas contra el
gobierno, y el arresto arbitrario y la detención de manifestantes
antigubernamentales, así como la exacerbada presencia de corrupción pública
significativa; constituyen una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad
nacional y la política exterior de Estados Unidos”, señala Obama en la misiva.
En
una declaración divulgada por el secretario de Prensa, se advierte que la orden
se implentará y ampliará contra quienes “violen los derechos humanos de
ciudadanos venezolanos y que se involucren en actos de corrupción pública no
serán bienvenidos” a Estados Unidos.
"Estamos
comprometidos por hacer avanzar el respeto por los derechos humanos, al
proteger los institutos democráticos, y al proteger el sistema financiero de
EE. UU. de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en
Venezuela", dice el gobierno en una hoja informativa que acompaña la
declaración.
"La
orden presidencial no se enfoca en la gente o la economía de Venezuela",
añade.
Las
sanciones implementan la Ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil de
2014 de Venezuela, que el presidente firmó el 18 de diciembre de 2014, y además
van más allá de los requisitos de esta legislación.
“Ahora
tenemos las herramientas para bloquear sus bienes y su uso de los sistemas
financieros de EE. UU.“, advierte la declaración.
La
medida, se explica, fue tomada por la preocupación de que el gobierno de
Nicolás Maduro este incrementando la intimidación de sus oponentes políticos.
“Los
problemas de Venezuela no se pueden resolver al criminalizar la disidencia”,
dice el comunicado, que hace un llamado a liberar “a todos los prisioneros políticos,
que incluyen a docenas de estudiantes, al líder de la oposición, Leopoldo López
y los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma”.
“La
única manera de resolver los problemas de Venezuela es a través del diálogo
verdadero, y no deteniendo a los oponentes e intentando silenciar las
críticas”, subraya el comunicado.
La
orden presidencial se enfoca en aquellos que el Departamento del Tesoro
determine, mediante una consulta con el Departamento de Estado, que estén
involucrados en:
- Acciones o políticas que debiliten los procesos
o institutos democráticos; actos significativos de violencia o conductas
que constituyan un serio abuso o violación de los derechos humanos,
incluidos aquellos contra personas involucradas en protestas
antigubernamentales en Venezuela a partir de febrero de 2014;
- Acciones que prohíban, limiten o penalicen el
ejercicio de la libertad de expresión o reuniones pacíficas; o
- Corrupción pública de los altos funcionarios
dentro del gobierno de Venezuela.
La
orden presidencial también autoriza al Departamento del Tesoro, a enfocarse en
cualquier persona determinada a:
- Ser un líder actual o ex líder de
cualquier entidad que tiene, o cuyos miembros se hayan, involucrado en
cualquier actividad descrita en la orden presidencial o de una entidad
cuyas propiedades e intereses en propiedades estén bloqueados o congelados
de conformidad con la orden presidencial; o
- Ser un funcionario actual o ex funcionario del
gobierno de Venezuela.
La
declaración termina recordando que Estados Unidos sigue comprometido con
mantener “vínculos fuertes y duraderos” con la gente de Venezuela y abierto
para mejorar la relación con el gobierno venezolano.
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