Prensa UNT 20 de abril de 2015
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Un Nuevo Tiempo considera que la única
solución para enfrentar la grave crisis de seguridad ciudadana que enfrentan
los venezolanos un cambio de Gobierno, porque en 16 años solo han demostrado
que no pueden resolver el problema, solo lo han agravado. En lo que va de año
han sido asesinados, solo en la ciudad capital, más de 1300 personas a manos de
la delincuencia, un incremento de por lo menos 7% con respecto al mismo periodo
de 2014, de los cuales 47 son funcionarios policiales.
La vicepresidente de UNT y diputada al
Parlamento Latinoamericano, Delsa Solórzano, en rueda de prensa, manifestó su
preocupación por los altos índice de asesinatos de los venezolanos, a los que
se suman los de los funcionarios policiales. “El año pasado de las 450
homicidios de funcionarios policiales en todo el país, 132 ocurrieron en la
ciudad capital. Las proyecciones para este año son terribles, son peor aún que
las del año pasado"
Reiteró que UNT pone a disposición del
Estado los planes de Seguridad Ciudadana, desarrollados por los mejores
técnicos y especialistas en esta materia. Porque esto no se trata de un tema de
política partidista, sino de ejercer de manera eficiente las políticas
públicas. “Evidentemente los representantes del Estado venezolano no están en
capacidad para resolver el problema de inseguridad que aqueja a los
venezolanos. No hay un plan de seguridad ciudadana coherente, ni políticas de
prevención del delito y tampoco de reinserción adecuada del delincuente a la
sociedad. No hay políticas judiciales para evitar que exista 98 por ciento de
impunidad. De manera que la solución de este decidía está en cambiar el
gobierno”.
Solicitan
derogar resolución
Explicó Solórzano que hay una desventaja
muy evidente de los agentes policiales a la hora de enfrentar a los
delincuentes, estos últimos portan armas de mayor calibre que la policía,
atacan a los funcionarios con granadas y armas de alto poder. Recordó que el
año pasado, la Mesa de la Unidad Democrática solicitó, por escrito, al
Vicepresidente Jorge Arreaza, derogar la resolución 17530, del 13 de febrero
del año 2011, donde se establece que los policías solo pueden portar armas 9
milímetros y una escopeta calibre 12 por cada 10 funcionarios.
"Eso no es suficiente para
resguardar la vida y los bienes de los venezolanos. Ni tampoco para enfrentar a
los delincuentes que atacan a los policías con granadas y armamento pesado.
Lamentablemente el tema de la inseguridad en el país sigue tratándose en compartimientos,
como islas, sin entender que la seguridad ciudadana se debe tratar como un
asunto sistémico integral, que vaya desde la prevención del delito hasta la
adecuada reinserción del delincuente en sociedad después de cumplir su pena”.
Calificó de muy grave que los
funcionarios policiales tengan que protestar y manifestar contra la inseguridad
y la violencia. En ese sentido se refirió al caso de un funcionario de
Polichacao, quien fue asesinado por un delincuente que estaba gozando de un
beneficio que otorga el Ministerio de Asuntos Penitenciarios (MAP).
“El delincuente, bajo régimen especial,
salía de día a trabajar, ¿será que su trabajo era salir a robar armas a los
policías y matarlos? en la noche iba a dormir a uno de estos refugios para las personas
que gozan de del beneficio del MAP. ¿Quién responde por esa enorme cantidad de
delincuentes que están en la calle matando funcionarios policiales y matando
ciudadanos, con armas que se supone que son de uso y distribución exclusiva del
Estado a través de Cavim? Señores del gobierno nacional, ¿Quiénes tiene
granadas aquí? Uno no puede ir a comprar granadas en el automercado”.
Igualmente se preguntó la diputada Delsa
Solórzano, “¿dónde están los homicidas de la joven funcionaria de la Policía de
Sucre, de 27 años, quien fue asesinada junto a su compañero, quien se encuentra
gravemente herido?. ¿Por qué los delincuentes no son aprehendidos ni castigados
por los delitos que cometen?, recordemos que en Venezuela hay 98 por ciento de
impunidad. Lamentablemente los pocos ciudadanos que han aprehendido luego pasan
a un sistema carcelario que no los rehabilita y ni los inserta socialmente”.
Finalmente insistió que el gobierno debe
tratar este problema de la inseguridad con seriedad, dejar de eludir su responsabilidad
en esta materia, dejar de hablar de planes macabros y políticos contra el
presidente Maduro y su gobierno. “El gobierno nacional y su estructura completa
debe dedicarse al tema de la inseguridad ciudadana y contra el delito”.
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