La Asociación de Profesores de
la UCV, institución surgida luego del derrocamiento de la dictadura militar de
Marcos Pérez Jiménez, fiel a los principios que le dieron origen en reunión de
su Junta Directiva del lunes 15 de febrero acordó, por unanimidad, dirigirse al
país.
El 21 de octubre del año 2014,
en cumplimiento de lo pautado en el artículo segundo de la Ley de
Universidades vigente, cumplimos con nuestra obligación de colaborar en la
orientación de la vida del país y el esclarecimiento de los
problemas nacionales, presentando “Una propuesta para superar la
crisis”.
Un año después los problemas
expuestos se han agravado de modo alarmante yla Junta Directiva de la APUCV
decidió pronunciarse en los siguientes términos.
Siendo la Constitución la
norma suprema y el fundamento de todo el ordenamiento jurídico observamos
con preocupación el incumplimiento, por parte del gobierno, del artículo
tercero del texto constitucional el cual establece;
“El Estado tiene como fines
esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad,
el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una
sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y el
bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos
y deberes consagrados en esta constitución.”
El seis de diciembre del año
2015 la ciudadanía acudió a las urnas para elegir una nueva Asamblea
Nacional, debiendo optar entre quienes defendían el actual modelo de
desarrollo, denominado Socialismo del Siglo XXI y quienes disentían del mismo.
En ejercicio democrático la
ciudadanía respaldó, de manera absolutamente mayoritaria, a los candidatos
presentados por la Mesa de la Unidad Democrática.
El respeto a la voluntad
popular constituye base fundamental de un estado democrático, social, de
derecho y de justicia tal y como lo consagra la constitución.
Conocido el resultado electoral
la Asamblea Nacional saliente, controlada por el partido de gobierno, procede a
designar de manera ilegal, nuevos miembros del Tribunal Supremo de Justicia,
quienes anulan la proclamación de los diputados electos por el Estado Amazonas
y la representación indígena. Decisión calificada por el Secretario General de
la OEA como un “golpe directo” a los electores y un “atentado” que
evidencia la “erosión de la democracia, contraviniendo los pilares
fundamentales de la OEA y de principios establecidos claramente en su tratado
fundacional y en la Carta Democrática Interamericana.
El 11 de febrero del 2016 el
TSJ altera el orden democrático, a dar por vigente el decreto de
emergencia económica, pues los decretos de estados de excepción no tienen
eficacia sin la aprobación de la Asamblea Nacional, hecho que no ocurrió,
y la Sala Constitucional no puede dar por eficaces estos decretos
en sustitución de la Asamblea Nacional.
Ante esta situación y
preocupados por el destino de la nación y sus ciudadanos, la Junta Directiva de
la APUCV se pronuncia en los siguientes términos:
Solicitarle al ciudadano
Nicolás Maduro Moros que ponga su cargo a la orden como Presidente
de la República Bolivariana de Venezuela.
Su dimisión favorecería
la reconciliación nacional y un gobierno de transición integrado por un
liderazgo plural e inclusivo de todos los sectores de la sociedad que
contaría con el respaldo mayoritario para afrontar la crisis.
Es necesario un cambio en el
gobierno que reconstruya la institucionalidad del Estado,
garantice la separación y autonomía de los poderes públicos para que
Venezuela pueda contar con una democracia moderna donde desaparezca
el ejercicio autoritario del poder.
Es necesaria su renuncia pues
no ha mostrado disposición alguna para modificar las políticas que han
conducido a la crisis actual, evidenciado una incapacidad manifiesta para
tomar decisiones que nos permitan enfrentarla. Muy por el contrario las
últimas medidas anunciadas devalúan la moneda, favorecen la inflación, bonifican
el salario al más clásico estilo neoliberal y desconoce que todos necesitamos
un aumento salarial que compense la inflación.
Hoy sectores de su
partido, reconocen la existencia de una crisis de gobernabilidad y de
liderazgo, acusándolo de improvisación, decadencia, ineficiencia, corrupción,
amiguismo, inseguridad, incoherencia y falta de autoridad.
Habiendo asumido la
Presidencia de la República el 19 de abril de 2013 usted, como
funcionario de alto rango del gobierno anterior, ha sido participe y
corresponsable de la actual situación.
De la destrucción de la
capacidad adquisitiva del salario de todos los trabajadores, conduciendo a la
población a un estado generalizado de indigencia e imposibilitando a los
ciudadanos una vida digna y decorosa como lo establece la Constitución.
Del desabastecimiento de
bienes esenciales para la subsistencia incumpliendo con la obligación del
Estado de garantizar la salud como parte del derecho a la vida, afectando
la prosperidad y el bienestar de todos los ciudadanos al someterlos a la
escasez, la carestía y las colas, entorpeciendo dos procesos
esenciales de la vida del país: el trabajo y la educación.
De la destrucción del aparato
productivo, generando una mayor dependencia económica, causa fundamental del desabastecimiento,
al expropiar, confiscar, intervenir y perseguir a la empresa privada,
violentando de este modo el capítulo VII de nuestra Constitución.
De la destrucción del sistema
público de salud, de ocultar las cifras epidemiológicas, de abandonar las
políticas de prevención llevando a la reaparición de enfermedades extinguidas y
de colapsar el sistema privado de atención médica hospitalaria, promoviendo su
destrucción a través de políticas populistas e irresponsables.
De la carencia de
insumos médicos para la atención de los pacientes entorpeciendo el
ejercicio de la medicina, poniendo en peligro la vida de sanos y enfermos y
favoreciendo la muerte de innumerables pacientes.
Del despilfarro de la mayor
fortuna recibida por la nación en toda su historia, como consecuencia de
haber hecho un uso irracional e irresponsable de nuestros recursos,
hipotecando el futuro del país a naciones extranjeras y fomentado una
corrupción de proporciones desconocidas.
De haber convertido a
Venezuela en uno de los países más peligrosos del mundo, donde la vida de los
ciudadanos no es garantizada por el estado.
De sembrar la desesperanza en
el futuro de la nación generando un éxodo jamás conocido en la historia del
país, particularmente de nuestros jóvenes, quienes ven comprometidas sus
posibilidades de desarrollo personal.
De llevar al borde del
colapso a la universidad venezolana, al desconocer derechos constitucionales,
educativos y laborales, poniendo en serio peligro el futuro de la nación
al fomentar la fuga del recurso humano capacitado, cercenar el derecho a una
educación de calidad y limitar la generación de nuevos conocimientos.
De la destrucción del carácter
institucional de las Fuerzas Armadas Nacionales al convertirlas, violando la
constitución, en un actor político al servicio del partido de gobierno.
Institución hoy penetrada por el narcotráfico.
De deprimir los justos
reclamos de nuestra juventud, persiguiendo, deteniendo, torturando y
asesinándolos.
De restringir la libertad en
todas sus formas.
Y de Haber convertido el
aparato judicial en un instrumento de persecución política que desconoce la
constitución, tratados internacionales y decisiones de organismos de protección
de los derechos humanos.
Es por lo anteriormente
expuesto, que consideramos que solicitar su dimisión constituye un aporte más
para la superación de la crisis y así cumplimos con lo que como académicos nos
exige la Ley de Universidades y la Constitución.
Finalmente desde la Asociación
de Profesores de la UCV queremos invitar a gremios, sindicatos, instituciones,
organizaciones de la sociedad civil e individualidades a fijar posición.
19-02-16
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