Leonardo Fernández 16 de febrero de 2016
La Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia debe ser el máximo garante del cumplimiento de la
Constitución y la propia carta magna le atribuye la responsabilidad de ser su
máximo intérprete. Pero contrario a los designios señalados, la Sala
Constitucional ha violado flagrantemente lo establecido, actuando
arbitrariamente y abusando del poder que ostenta.
Una cosa es ser intérprete y señalar
cual es el verdadero espíritu constitucional y otra muy distinta es avalar un
decreto en contra de lo expuesto. No puede el TSJ sentenciar que en un artículo
donde dice “la pared es roja” quiere decir “la pared es azul”, en ese caso no
está haciendo una interpretación, sino está reescribiendo el texto de la
Constitución; eso exactamente es lo que hizo recientemente con su sentencia
respecto al Decreto de Emergencia Económica.
El artículo 339 constitucional señala
taxativamente que los decretos de Estados de Excepción deben ser aprobados por
la Asamblea Nacional y el TSJ solo puede pronunciarse sobre la
constitucionalidad del decreto. El fallo que emitieron los magistrados es por
consiguiente una usurpación de las atribuciones exclusivas del Parlamento y por
consiguiente, una actuación forajida.
Todo régimen autoritario cuenta con
una red de tribunales que actúan en contra de la justicia, pero mantiene una
fachada de legalidad que beneficia a las dictaduras, el ejemplo más explícito
de ello fueron los tribunales que actuaron durante el gobierno Nazi y que
sirvieron para avalar las oprobiosas decisiones de Adolfo Hitler. Los
magistrados, gran parte de ellos elegidos de forma írrita, demostraron una
sumisión al Ejecutivo que raya en lo servil, además de la disposición para
violar la ley en beneficio de la “Revolución”.
Más allá de haber usurpado
competencias del Parlamento Nacional, la Sala Constitucional hizo algo más
grave con su “interpretación”, cambió lo establecido en los artículos: 337, 338
y 339 de la Carta Magna, despojando al único poder que puede modificar nuestra
constitución, el poder originario que ostentan los casi 20 millones de
venezolanos mayores de edad.
Por lo tanto, cuando los magistrados
actuaron en contra de la Constitución, no solo actuaron contra de la legalidad
o de la Asamblea Nacional, sino de todos los ciudadanos de este país,
despojando de la soberanía nacional al pueblo de Venezuela. Es nuestro deber
como ciudadanos, estar atentos y dispuestos a defender el hilo constitucional,
la democracia y la paz.
Leonardo Fernández
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