Por Gaby Arenas de Meneses
Tras 54 años de un
conflicto armado que deja más de 220.000 muertes y seis millones de víctimas de
secuestros, desplazamientos, lesiones y duelo, el 23 de junio de 2016, en La
Habana, Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia, y Rodrigo Londoño Echeverri
(alias “Timochenko”), máximo comandante de las FARC, firmaron el acuerdo para
el cese bilateral y definitivo de hostilidades.
El proceso de
negociación no ha sido fácil ni expedito. Este acuerdo es producto de más de
cuatro años de negociaciones que se iniciaron en octubre de 2012, luego de la
instalación de la mesa de conversación en Oslo, Noruega. Por eso es necesario
conocer sus claves para comprender cuán importante es la firma de este
cese bilateral y definitivo de hostilidades:
Momento 1. El 26 de mayo de
2013 se anunció el primer acuerdo entre las FARC y el gobierno colombiano.
Contemplaba todo lo relativo a la formalización de propiedad de la tierra y el
estímulo a la producción agropecuaria. En noviembre de ese año se anunció un
compromiso sobre la participación política.
Éste es el cuarto intento de
negociación entre el gobierno de Colombia y la guerrilla. Aunque la expectativa
fue mucha, tanto dentro como fuera de Colombia, la opinión pública los
colombianos pedían justicia y castigos para los responsables de los delitos
cometidos por el grupo armado.
Momento 2. En mayo de 2014
se firmó un tercer acuerdo relacionado con las drogas ilícitas. Contemplaba
programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, planes integrales de
desarrollo con participación de las comunidades, programas de prevención del
consumo y la solución al fenómeno de producción y comercialización de
narcóticos.
Después de alcanzar
estos acuerdos, quedaba por definirse lo más álgido: los procedimientos para la
reparación de las víctimas y de justicia restaurativa, además de los mecanismos
para la dejación de armas y el cese de hostilidades. Frente a este panorama, el
gobierno y los negociadores de las FARC decidieron convocar a otros actores al
diálogo: representantes de otros gobiernos, organismos internacionales, las
iglesias cristianas, las organizaciones de mujeres, los movimientos LGBTI y las
organizaciones sociales. Todos se sumaron a un proceso que se estableció La
Habana como escenario neutral para las conversaciones.
Momento 3. Luego del
secuestro del General Rubén Darío Álzate y sus acompañantes, el gobierno
suspendió los diálogos de paz en noviembre de 2014.
Para los colombianos, la
esperanza de vivir en paz siempre ha sido superada por la desconfianza. Estas
nuevas agresiones por parte de los frentes armados del grupo volvieron a
despertar la duda sobre la posibilidad de negociar la paz.
Momento 4. Luego de varias
pausas en las negociaciones, las FARC entregaron a los secuestrados y
anunciaron un cese al fuego unilateral.
Momento 5. En febrero de
2015, la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas entregó su informe
final, ratificando en sus hallazgos que el conflicto armado colombiano ha sido
uno de los más largos y cruentos en la historia.
Algunas de las consecuencias
de la guerra son evidentes para todos, como los homicidios, los secuestros y
las lesiones por minas antipersonales. Sin embargo, la guerra también ha dejado
consecuencias nefastas que no están a la vista. Hoy en día Colombia lucha por
disminuir la trata interna de personas que se ha generado como consecuencia de
los desplazamientos de familias y huérfanos en el territorio.
Momento 6. Las
conversaciones siguieron avanzando y se llegó a un acuerdo sobre el desminado
humanitario. También se anunció una suspensión de los bombardeos contra los
campamentos de las FARC por parte del ejército.
La clave para que el
desminado humanitario sea exitoso está en contar con el apoyo de las
comunidades para lograr identificar los sitios afectados por minas. Y en las
regiones de Colombia el silencio ha sido clave para la supervivencia de las
familias por lo que este proceso tomará su tiempo y un esfuerzo particular.
Momento 7. El año 2015 fue,
quizás, el más complejo para los diálogos de paz. En abril, 11 soldados
murieron en un ataque de las FARC contra el ejercito en Buenos Aires, Cauca. En
respuesta el gobierno reanudó los bombardeos y ataques contra los frentes armados
matando a 26 guerrilleros en varios operativos militares. Como resultado, Iván
Márquez, jefe del equipo negociador de las FARC, anunció el levantamiento del
cese al fuego unilateral.
Momento 8. Luego de que un
soldado del ejército colombiano muriera durante el desminado humanitario en
Antioquia, las Farc ordenaron un nuevo cese al fuego unilateral y el gobierno
hizo lo propio de forma gradual.
Durante ese estadio
de las negociaciones, eran pocos los detalles que los ciudadanos conocían
sobre los acuerdos. Algunos mantenían la esperanza en que tendrían éxito y
traerían la paz a Colombia, otros cuestionaban el proceso y los compromisos que
el gobierno establecía con las Farc, mientras algunos pocos comenzaban a hablar
de postconflicto y de los retos que el país debería enfrentar una vez se
llegara a un acuerdo de paz definitivo.
Momento 9. En diciembre de
2014 se presentó un acuerdo completo sobre el tema de reparación de víctimas y
se acordó un modelo de justicia transicional para aquellos agresores que
reconozcan su responsabilidad.
Momento 10. El gobierno, las
FARC y la ONU acordaron un mecanismo tripartito para verificar la dejación de
armas, se anuncio un acuerdo sobre la salida de menores de los frentes armados
y se estableció que el acuerdo final sería refrendado para que sean los
colombianos quienes acepten o no lo pactado.
Ahora parece que el proceso
ha llegado a su trecho final. El pasado jueves 23 de junio las FARC y el
gobierno colombiano firmaron en La Habana el acuerdo para un cese al fuego y de
hostilidades bilateral y definitivo: el punto final del conflicto armado
con el cual han crecido más de dos generaciones de colombianos. Sin embargo, la
construcción de paz en Colombia apenas comienza.
La dejación de armas será
realizada en 23 veredas donde los excombatientes deberán entregar su armamento
y se prepararán para la reincorporación a la vida como civiles. En la subcomisión técnica del Ministerio de Defensa
Nacional utilizaron los siguientes criterios para determinar
cuáles serán estas veredas:
“Distantes de cascos urbanos
o cabeceras municipales; con una extensión razonable que garantice la
verificabilidad; con condiciones que faciliten el suministro de la logística;
distantes de áreas de frontera; y que no estén ubicadas en parques naturales,
áreas de infraestructura estratégica, cultivos ilícitos, explotación minera,
grupos étnicos y resguardos indígenas”
La ONU será la encargada de
verificar el proceso de desarme y velará porque estos campamentos sean
territorios transitorios donde no podrá establecerse población civil. Y el
desplazamiento de los excombatientes de las FARC hacia las veredas se realizará
siguiendo unos protocolos establecidos por el Ministerio de la Defensa para
garantizar la seguridad de los civiles que habitan en zonas aledañas. De
acuerdo con el acuerdo firmado el desarme será un
procedimiento
“técnico, trazable y
verificable, que se desarrollará en dos tiempos, denominados Control de
Armamento y Dejación de las armas, que integran los siguientes procedimientos
técnicos: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia,
recolección, almacenamiento, extracción y disposición final”
En 180 días se espera que
culmine el proceso de desarme para que la ONU destruya todo el armamento
recuperado. Y ese material será utilizado para la construcción de tres
monumentos.
Por su parte el gobierno anunció que intensificará las acciones contra
cualquier organización criminal que amenace la construcción de paz en el país.
Adicionalmente se creará una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que
“tendrá como objeto el diseño y el seguimiento a la política pública y criminal
en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conducta de que
trata este acuerdo”. Y este compromiso final incluye también
“un modelo de garantías de
derechos ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos,
incluyendo el movimiento o partido político que surja del tránsito de las
FARC-EP a la vida civil, organizaciones sociales, de derechos humanos y las
comunidades en los territorios”
Tanto el gobierno colombiano
como las FARC anunciaron que acatarán la decisión que tome la Corte
Constitucional sobre la constitucionalidad de la ley que crea el plebiscito por
la paz. Este acuerdo representa un hito histórico para la construcción de paz
en Colombia.
A muchos colombianos la
firma del acuerdo de paz les sonaba imposible. Ahora que se ha concretado,
quizás sea momento de pensar que la construcción de paz será posible para
todos. Es a lo que hoy apuestan los colombianos. Y aunque muchos saben que los
secuestros y las extorsiones que sufren los habitantes de las regiones no son
necesariamente cometidos por las FARC, también están seguros de que este primer
paso puede dar pie a que el gobierno evite la actuación de otros grupos
armados.
Aunque es
necesario considerar que durante los cincuenta años del conflicto
armado colombiano se cometieron más de 220.000 homicidos, en
la última década se han cometido más de 296.048 crímenes fatales no
directamente relacionados con grupos guerrilleros, paramilitares o militares.
En el 70% de estos casos, los asesinos son familiares o conocidos de las
víctimas, a la vez que 90% de las agresiones con lesiones no fatales en
Colombia están vinculadas con violencia familiar.
No se puede hablar de
construcción de paz y post-conflicto desde una
única dimensión. Hay que considerar que existen otros tipos de
violencia como (interpersonal, intrafamiliar, institucional, delincuencial) que
afectan la convivencia cotidiana y las relaciones cercanas. Y, por
tanto, afectan a la paz.
Si Colombia quiere evitar
los errores que se han cometido en otros procesos de paz alrededor del mundo
debe tener en consideración que no se trata sólo de un tema del gobierno de
turno: se debe contar con la participación y la veeduría de la ciudadanía, así
como de los demás factores políticos e institucionales que hacen vida en el
país.
Ahora en Colombia deben
atenderse, evitarse y condenarse todos los tipos de violencia, para que de esta
forma pueda existir una convivencia pacífica y armónica para todos.
28-06-16
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