Desde la realización de la Asamblea General de la OEA, en Santo Domingo,
los días 13 al 15 de junio, los gobiernos del hemisferio y la opinión pública
internacional han tomado cuenta de la grave crisis política, económica y social
que afecta a Venezuela.
En esa oportunidad, 15 Cancilleres –incluyendo los de mayor peso de la
región- emitieron un comunicado en el
que, entre otras cosas, reafirman su
compromiso con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana; apoyan
los esfuerzos para que se encuentre solución a la crisis que vive Venezuela y
alientan el respeto a la Constitución y los principios de separación de
poderes, el respeto al Estado de Derecho y las instituciones democráticas, al
tiempo que apoyan la aplicación justa y
oportuna de los procedimientos Constitucionales. Esto último, en términos
diplomáticos, es un respaldo a la aplicación del Referéndum Revocatorio.
A pesar de todos los obstáculos, gestiones y recursos opuestos por el
gobierno del Presidente Nicolás Maduro, el día 23 del mismo mes, se celebró la
reunión de Consejo Permanente que había sido convocada por el Secretario
General invocando el artículo 20 de la Carta Democrática. El día anterior el
gobierno de Venezuela había presentado una extensa carta con falaz
argumentación destinada a impedir la reunión convocada.
Dicha reunión tuvo su comienzo con
la moción venezolana de impugnar el orden del día que incluía como punto único
la presentación del informe del
Secretario General sobre la situación en nuestro país. Tal moción, expresada
con vehemencia y consideraciones denigrantes hacia la persona del Secretario
Almagro, fue sometida a votación abierta con el resultado de veinte (20) votos
a favor de que se aprobara el orden del día, doce (12) en contra y dos
abstenciones, sufriendo así el gobierno otra derrota.
En opinión del Grupo Ávila, el Secretario General de la OEA, al exponer un
resumen de su informe y darse luego las intervenciones de múltiples
delegaciones, reconociendo, en su mayoría, la crisis de nuestro país, se
concreta la activación de la Carta Democrática Interamericana en su primera
fase, y se abre la de una evaluación colectiva de la situación.
El mismo Secretario General, en declaración posterior, así lo corrobora, y
es lógico afirmar que los miembros de la Organización, en los días o semanas
por venir, deberán afinar cual será la forma de las gestiones diplomáticas a realizar (creación de un “grupo de amigos”,
continuación de las labores exploratorias de los ex presidentes promovidos por
UNASUR, incorporación de nombres adicionales) con vista a la búsqueda de una
solución pacífica y constitucional para la crisis venezolana.
El grupo Ávila estima que la apreciación colectiva de la situación
venezolana solicitada por el Secretario General de la OEA se mantiene abierta
para que la evolución de los hechos
vayan dando la pauta de las acciones colectivas que puedan acordarse.
Lo anterior no se contrapone a que
la oposición venezolana insista en el cumplimiento del derecho a un
referéndum revocatorio en tiempo oportuno y a la separación e interdependencia
de los poderes públicos, principios éstos que por estar incluidos en la
Constitución venezolana no tienen porqué ser objeto de renuncia o concesión
alguna.
Caracas 30 de junio de 2016
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