Por Asdrúbal Oliveros y Gorka
Lalaguna
Semanas atrás, una fractura de
importancia en las reglas de juego pareciera haber sacudido la arena política.
En el marco de una situación cada vez más compleja donde la incertidumbre
reina, los costos no han sido menores y la sensación de orden y normalidad
parece difuminarse.
Años atrás, autores como
North, Summerhill & Weingast (1999) catalogaban el orden
político como un bien público, central en lo que es la dinámica
económica. Sin embargo, surge una pregunta: ¿qué es el orden político y
por qué es relevante?
Para North, Summerhill &
Weingast (1999), el orden político es sinónimo de seguridad en tres frentes
complementarios entre sí: seguridad personal, familiar y en términos del
sustento de vida. Análogamente, un estado de desorden implica, necesariamente,
la ausencia de estos tres elementos en el día a día de los individuos.
A pesar de que es argumentable
el hecho de si Venezuela se encontraba o no en un estado de desorden antes del
4 de abril, coquetear con un escenario donde las expectativas de los
agentes no contemplen un ambiente “seguro” implica asumir cierto nivel de
incertidumbre sobre la estabilidad del contrato social vigente.
En definitiva, el
comportamiento de los agentes económicos tiende a ser distinto en un contexto
donde los mismos temen por su vida, la de sus familias y predomina un estado de
incertidumbre generalizado, en comparación con un escenario donde se da por
sentado la existencia de ciertos derechos y garantías.
Negar la relación hermana que
mantienen la economía y la política es, cuando menos, miope. Es por esto que
consideramos fundamental desglosar el fenómeno económico que subyace y acompaña
las protestas y, con un énfasis particular, cómo estas pueden incidir en el
devenir económico del país.
Enmarcando la crisis
Antes de insertar la dinámica
de las protestas dentro del análisis, es importante destacar dos de los elementos
que suelen mantener una incidencia central sobre la economía real venezolana.
Como hemos resaltado en
artículos anteriores, el ejecutivo renuncia a ajustar los distintos
precios relativos de la economía y tras la caída en los precios del crudo, gran
parte del tránsito a un nuevo equilibrio (marcado por menores ingresos
petroleros) se dio a costa de una contracción de la actividad económica (luego
de un recorte notable en el nivel de importaciones) y una caída generalizada en
el poder adquisitivo de los venezolanos.
Dicha contracción del rubro
incide directamente en la actividad económica, tras varios años con una
profunda apreciación del tipo de cambio real. Esto debido al peso creciente de
las importaciones en la oferta interna de bienes.
Ahora, limitar el análisis
hasta este punto implicaría dejar de lado un componente esencial: la dinámica
del consumo. Al no contar con un mecanismo eficiente de indexación (en parte
por la abrupta caída de la actividad económica) el proceso inflacionario ha derivado
en una erosión de los salarios reales, contrayendo los niveles de consumo hasta
niveles del 2006-2007, tras una caída del 15,0% en 2016 y de 22,6% entre 2012 y
2016.
Ahora, si a estos elementos
añadimos una pérdida acelerada de distintos mecanismos institucionales y una
destrucción generalizada del sistema de precios e insertamos una escalada en el
número y en la intensidad de las protestas, es probable que la contracción
económica exceda nuestro estimado vigente para 2017 (-4,3%).
¿Podemos estar peor?
Las protestas afectan a un
sector productivo profundamente endeble. Entre 2012 y 2016, tomando como
referencia el mes de diciembre, se registró una caída de 25,5% en términos per
cápita. Este hecho, aunado a una caída de 22,9% en el consumo por habitante,
así como un inflación acumulada del 6.925,3% y una distorsión generalizada en
los diferentes precios relativos, ha llevado a Venezuela a experimentar su
quinto desastre económico [1] desde
el año 1920. [2]
Si tomamos como referencia una
caída del 15,0% como requisito para estar en presencia de un desastre
económico, observamos que solo diez sectores de la economía habían logrado
eludirlo hasta el año 2015.
Ahora, cuando incluimos 2016
dentro del análisis, este número cae a tan solo seis, al considerar una caída
promedio del 16,1% a lo largo del año entre los distintos sectores, 10,9 puntos
porcentuales (pp) por encima de lo registrado en 2015.
El hecho de que un sector pierda,
en promedio, 16,1% de su capacidad en tan solo 12 meses, habla de un
deterioro importante de la actividad económica. Esto es inédito en nuestra
historia reciente. Si ampliamos el período de la muestra, este porcentaje se
expande: la contracción acumulada promedio en los distintos sectores asciende a
21,6% entre 2012 y 2016 y una gran proporción de los mismos ha caído por encima
de 20,0% y 25,0%.
En este contexto el conflicto
político se acelera. Es difícil que la actividad económica permanezca desafectada ante
un juego marcado por altos niveles de incertidumbre: las autoridades
venezolanas difícilmente garantizan, de manera creíble, ciertos derechos
fundamentales como por ejemplo el derecho a la propiedad.
Entre los elementos que
pudieran incidir en la dinámica productiva pudiéramos asumir:
1. La pérdida de capital
físico e inventarios en un entorno recesivo y con restricciones en el acceso a
divisas tenderían a complicar la dinámica operativa sectorial.
2. Ante una restricción
parcial o total en el uso de las distintas vías de comunicación, son de esperar
retrasos y mayores complicaciones en la distribución de bienes de consumo.
3. El punto anterior, de
la mano con las diferentes convocatorias a manifestarse, también repercute en
la dinámica de los distintos trabajadores, disminuyendo su productividad e
imponiendo mayores restricciones al día a día de las firmas.
4. Este conjunto de
elementos incide en el flujo de caja de las diferentes empresas (retrasos en
los pagos, mayor dificultad para saldar cuentas por cobrar, entre otros). Una
complicación no menor en un entorno altamente inflacionario y de elevada
incertidumbre.
5. Por último, mientras
se resuelve el juego político y la incertidumbre del momento, puede esperarse
un retraso en las inversiones en capital físico y en los
inventarios. [3]
¿Y las importaciones y la
inflación?
Sumado a lo que puede ser el
camino de la actividad económica para el 2017, las restricciones de carácter
externo y la inflación se asoman en el podio de los mayores retos (o problemas)
que seguirá enfrentando la economía venezolana (al menos en el corto plazo).
Tras la caída en los precios
del petróleo, la economía entró en una persistente carrera consigo mismo en la
búsqueda de cubrir las necesidades de divisas que se presentaban año tras año
incurriendo en costos cada vez más elevados.
En este sentido, llegar al año
2017 implicó: un recorte cercano al 50,7 en el nivel de importaciones, una
caída del 63,4% en las liquidaciones de divisas al sector privado, liquidar
un stock importante de activos, renegociar deudas antiguas e incurrir
en nuevas.
Los actuales niveles de
escasez, la dinámica inflacionaria y la fuerte caída del ingreso real de los
venezolanos redujo de manera significativa el margen de maniobra del Gobierno
en un entorno político cada vez más complejo. Este hecho, al menos a
priori, invitaba a pensar acerca de la sostenibilidad de la estrategia adoptada
hasta ahora por el gobierno para surfear la crisis. Sin embargo, ¿la estrategia
cambió? Todo parece indicar que no es así.
1. Al mes de marzo, el
nivel de importaciones ha caído cerca de un 26,5% (el nivel más bajo desde el
año 1998).
2. Las liquidaciones de
divisas al sector privado se ubican en mínimos históricos (8,4 millones de
dólares en promedio), presentando una caída del 53,3% con respecto a 2016 y de
82,9% con respecto a 2014.
3. A pesar de un ingreso
favorable debido al precio petrolero, el gobierno sigue acudiendo a la
liquidación de activos y al endeudamiento sin un cambio significativo en las
políticas económicas.
Asumiendo un recorte de 15,0%
de las importaciones, estimamos que el déficit en divisas para este año será de
6.000 u 8.000 millones de dólares (dependiendo por supuesto de la dinámica del
precio petrolero). Todo indica que cubrirlo no será un proceso libre de costos
Por su parte, la inflación
pareciera no ceder: al mes de abril, la inflación acumulada se aproxima al
101,5%, registrando una variación interanual del 706,6% y una variación
promedio mensual de 19,2% (7,4 pp por encima de lo promediado para el mismo
período el año pasado).
Esperamos que una contracción
en los ingresos reales del gobierno y un panorama político ajustado se traduzca
en mayores presiones monetarias que incidan de manera incremental en la
formación de precios y el tipo de cambio paralelo en un marco donde las
expectativas y la demanda de dinero pueden jugar un papel central.
Además de los problemas
directos que pueden surgir directamente a nivel de la economía real, es
importante pasar a centrarnos en lo que pueden ser las expectativas de los
agentes en un escenario de alta incertidumbre, violencia e inestabilidad
política.
Las expectativas pesan
Uno de los elementos
inherentes a escenarios donde la violencia juega un papel importante, es el
cambio en el horizonte temporal de los agentes (Lorentzen et al., 2006).
En términos generales, es de
esperar que un entorno de altos riesgos de corto plazo, la tasa de
descuento temporal tenderá a ser superior a la utilizada por aquellos
individuos sujetos a un contexto menos violento.
Esta suerte de reacomodo
intertemporal de los agentes tiende a derivar en un comportamiento errático:
mayor ponderación del consumo inmediato sobre la inversión y el ahorro, menor
acumulación de capital humano, etc.
Adicionalmente, en escenarios
donde el conflicto tiende a escalar y la confianza a ceder, es habitual entrar
en un escenario “Equilibrio Oportunista” donde el entramado institucional
(formal e informal) tiende a deteriorarse junto con los estándares éticos de la
sociedad (Collier, 1999).
Esto se acentúa en un contexto
donde las autoridades no pueden garantizar de manera creíble el derecho a la
propiedad y la estrategia dominante de los agentes está más ligada a la
persecución de rentas que a desempeñar actividades productivas.
¿Cómo pueden incidir?
A pesar de que las
expectativas mantengan cierto efecto en múltiples aspectos del entramado
económico, nos limitaremos a los elementos descritos anteriormente
En un escenario en el
que las importaciones se contrajeron alrededor de 50,7%, el sector privado
optó por una suerte de independencia (avalada parcialmente por el ejecutivo) y
ejecutó cerca de 34,4% del total de sus importaciones (13,1% del total de la
economía) por cuenta propia a través del mercado paralelo.
Pese a que el sector privado
importase a dólar paralelo y esto ocasione que los precios aumenten,
permitía un abastecimiento parcial del mercado local. De no haber operado
de tal forma, la recesión y la escasez hubiesen sido
mayores. Ahora, en un entorno donde la incertidumbre es considerablemente
mayor y los riesgos aumentan: ¿Es esta estrategia replicable? ¿El sector
privado puede mantener este esquema de operaciones? El tiempo lo dirá.
Sin embargo, si las
importaciones se contraen en mayor medida (26,5% hasta el mes de marzo) debido
a cierta cautela por parte del sector privado, las probabilidades asociadas a
una mayor contracción de la actividad económica se incrementan. A la par
con la incertidumbre, las profundas presiones recesivas que enfrenta la
economía venezolana y el efecto precio asociado al alza del paralelo pudieran
servir como restricciones adicionales, y de peso, en la readopción de esta
estrategia por parte del sector privado.
Cabe destacar que las
presiones políticas a las que se enfrenta el gobierno le restan grados de
libertad para mantener las importaciones como variable de ajuste del flujo de
divisas, incidiendo sobre la voluntad de pago de la deuda externa.
En segundo lugar, en un
contexto donde la inestabilidad derive en una mayor pérdida de confianza sobre
el bolívar y se valore más el consumo presente, se puede esperar que los
agentes económicos busquen deshacerse de la moneda local en aras de adquirir
una mayor cantidad de bienes durables y bienes de consumo de larga duración.
Este hecho, de la mano con
mayores presiones monetarias por una fuerte caída de los ingresos reales del
Gobierno, tendería a impulsar de manera enérgica el proceso inflacionario y el
tipo de cambio paralelo.
Por último, el peligro de un
equilibrio oportunista no es menor. La aceptación a nivel informal del pillaje
y el asalto, sin derechos de propiedad bien definidos, nos llevaría a una
suerte de estado de la naturaleza: un conflicto de todos contra todos donde la
generación de riqueza quede relegada a un segundo plano.
Punto de inflexión
Limitar la causalidad de la
crisis que actualmente enfrenta Venezuela a un fenómeno netamente político es,
cuando menos, miope. Entender la relación bidireccional que une a ambas
esferas, tanto política como economía, es fundamental para el proceso de
diagnóstico y de reforma.
Los costos hundidos que
involucra una dinámica de protesta no son menores. Sin embargo, la perpetuación
del modelo que trajo a Venezuela al borde de un estado fallido es difícil de
defender. El tiempo apremia.
***
[1] Robert
Barro (2008) definió los “desastres” como aquellos episodios donde las
economías presentan una contracción igual o superior al 15,0% en su nivel de
ingreso (o producto) per cápita y/o en el nivel de consumo agregado por
habitante
[2] Los
demás episodios los componen los años 1929-1932 (23,3% de caída en el ingreso
per cápita), 1941-1942 (23,0%), 1977-1985 (24,7%), 1998-2003 (23,3%) y
2012-2016 (26,9%).
[3] Cabe
destacar que, en un entorno recesivo como el venezolano, la rotación de
inventarios tendería ser menor, inclusive en un contexto de estabilidad a nivel
político, hecho sobre el cual incide la dinámica del mercado paralelo al operar
en un entorno con restricciones de acceso a divisas.
16-05-17
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