Amnistía Internacional 11 de septiembre de 2018
En lugar de proteger a quienes llegan
desde Venezuela, el gobierno de Curazao ha elaborado una “estrategia de
expulsión activa” con el fin de deportar a las personas en situación migratoria
irregular. En 2017, las autoridades de Curazao expulsaron a 1.203 personas
venezolanas de la isla
Las
autoridades de la isla caribeña de Curazao, territorio perteneciente al Reino
de los Países Bajos, deben proteger a las personas que huyen de la crisis de
derechos humanos de la vecina Venezuela y poner fin a las espantosas
condiciones que sufren cuando llegan a Curazao, afirma Amnistía Internacional
en un informe que publica hoy.
Detenidos y
deportados: Niegan protección a personas venezolanas en Curazao ofrece
pruebas convincentes de que desde julio de 2017, las personas extranjeras no
pueden pedir protección internacional en Curazao y detalla varias presuntas
violaciones de derechos humanos cometidas contra personas procedentes de
Venezuela, que corren el riesgo de ser detenidas y devueltas en infracción del
derecho internacional.
“Es
una vergüenza que el gobierno de Curazao no haya establecido un procedimiento
efectivo para solicitar asilo. En lugar de volver la espalda a quienes huyen de
la grave crisis de Venezuela, las autoridades de Curazao deben garantizar los
derechos de todas las personas solicitantes de asilo y refugiadas que necesitan
protección internacional”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las
Américas de Amnistía Internacional.
En
lugar de proteger a quienes llegan desde Venezuela, el gobierno de Curazao ha
elaborado una “estrategia de expulsión activa” con el fin de deportar a las
personas en situación migratoria irregular. En 2017, las autoridades de Curazao
expulsaron a 1.203 personas venezolanas de la isla, mientras que en los
primeros cuatro meses de 2018 deportaron a otras 386.
Amnistía
Internacional ha visto que las autoridades recluyen a quienes van a ser
deportados en centros de detención y calabozos policiales. El informe expone
también un caso en el que las autoridades pusieron a unas personas menores de
edad al cuidado de un hogar de niños estatal mientras su madre estaba detenida.
Amnistía
Internacional ha observado condiciones injustificables en los centros de
detención, como hacinamiento, falta de intimidad, higiene deficiente en las
zonas de ducha y aseo, y falta de ropa de cama adecuada. Varias personas
dijeron a la organización que habían sufrido malos tratos en el momento de la
detención o bajo custodia, incluida la proposición de hacer favores sexuales a
cambio de compresas y jabón.
“Algunos
guardias nos tratan como a animales”, dijo a Amnistía Internacional un hombre
recluido en los calabozos policiales de Río Canario.
“Estamos
consternados ante las denuncias de malos tratos, uso excesivo de la fuerza y
otros abusos que se cometen durante las detenciones o bajo custodia. Las
autoridades de Curazao deben poner fin de inmediato a estas prácticas y abrir
investigaciones sin demora, imparciales, independientes y efectivas sobre
cualquier denuncia de violaciones de derechos humanos”, dijo Erika Guevara
Rosas.
Venezuela
está en estado de emergencia desde enero de 2016, y las personas disidentes son
sometidas a redadas, acoso e intimidación. Las graves crisis alimentaria y de
sanidad siguen empeorando, y afectan sobre todo a niños y niñas, mujeres
embarazadas y personas con enfermedades crónicas. La ONU calcula que 2,3
millones de personas venezolanas han huido de esta crisis sin precedentes en su
país, de las que entre 5.000 y 15.000 están actualmente en Curazao en situación
migratoria irregular.
En
marzo de 2018, la Agencia de la ONU para los Refugiados dijo que una proporción
muy significativa de las personas venezolanas que han huido de su país
necesitan protección internacional. Sin embargo, las autoridades de Curazao no
han ofrecido protección a los venezolanos y venezolanas que buscan refugio en
la isla, situada apenas a 70 kilómetros de su país. Aunque el gobierno de
Curazao dice que existe un procedimiento de concesión de asilo, personas
procedentes de Venezuela dijeron a Amnistía Internacional que, en la práctica,
es casi imposible obtener protección.
“Llamé
a la comisaría de policía para preguntar dónde podía pedir protección. El
policía se rió y me dijo que no existía ese procedimiento”, dijo una mujer
venezolana perteneciente a una organización humanitaria.
Amnistía
Internacional pide a las autoridades de Curazao que garanticen los derechos de
las personas solicitantes de asilo y refugiadas mediante el establecimiento de
un procedimiento de concesión de asilo imparcial y efectivo. Sólo deben
utilizar la detención como último recurso, tal como establece el derecho
internacional de los derechos humanos, y deben realizar investigaciones sin
demora, exhaustivas, independientes e imparciales de todas las denuncias de
violaciones de derechos humanos cometidas durante la detención y bajo custodia.
Dado
que Curazao es parte del Reino de los Países Bajos, éste tiene también la
responsabilidad de proteger los derechos humanos en este territorio. Amnistía
Internacional pide al Reino de los Países Bajos que garantice que se
salvaguardan los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y
refugiadas en todos sus territorios.
“El
Reino de los Países Bajos debe investigar lo que está sucediendo en Curazao y
ofrecer su apoyo y orientación para garantizar que las personas que lleguen por
primera vez a la isla reciben la protección que necesitan. Países Bajos no
puede mirar hacia otro lado mientras se violan los derechos humanos de las
personas”, concluyó Erika Guevara Rosas.
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