Cayeron por inocentes por @jesuselorza

Por Jesús Elorza

El deporte en Venezuela no escapa de la difícil situación que vive el país en general, donde un régimen mafioso se ha involucrado en todas las aéreas del país incluyendo al movimiento olímpico.

Desde su nombramiento como presidente del Instituto Nacional de Deportes en el año 2002, Eduardo Álvarez empleó todos los recursos presupuestarios y legales para atropellar, amenazar, chantajear y doblegar a las federaciones deportivas con el propósito de que modificaran el Artículo 26 de los Estatutos del Comité Olímpico Venezolano, para permitir que un funcionario de gobierno pudiera postularse a la presidencia de ese organismo. Esto violaba flagrantemente la autonomía de la entidad olímpica y la separación de funciones entre el sector federado y el sector oficialista vigente desde 1949.

El Gobierno nacional logró su propósito y Eduardo Álvarez fue electo presidente del COV en enero de 2004; concentrándose de manera irracional y peligrosa todo el poder deportivo en una sola persona: viceministro de Deportes, posteriormente elevado a ministro en el 2006, presidente del IND y secretario ejecutivo del Comité Organizador de la Copa América en Fútbol.

En los años subsiguientes centró todo su poder institucional desde la presidencia del Comité Olímpico Venezolano COV, en impulsar hasta su aprobación la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física, que fue promulgada el 23 de agosto de 2011 y publicada en la Gaceta Oficial Nª 39.741. Ella somete al sector deportivo a un régimen autocrático, centralista, antidemocrático y totalitario al establecer los siguientes principios rectores:

-El dogma, según el cual el Estado revolucionario debe controlar todos los aspectos de la vida ciudadana; eliminando, de hecho, los derechos a la libre asociación, la autonomía de las organizaciones, la libertad de empresa y la propiedad privada.

-La modificación estructural de la organización deportiva nacional, al establecer como unidad básica del sistema a los ilegales e inconstitucionales comités de deporte y recreación de los consejos comunales y las comunas, lo que va a permitir el control de los clubes, ligas asociaciones y federaciones.

Ese es el verdadero inicio del problema que en los últimos 16 años se fue agravando progresivamente por el control autoritario y monárquico, por decirlo de alguna manera, de Eduardo Álvarez y la junta directiva del COV.

En todo ese tiempo, se hicieron rutinarias las acciones de presión sobre los dirigentes federativos con amenazas o compras de conciencia para mantener el silencio cómplice frente a los desmanes de las autoridades olímpicas.

El deterioro alcanzó límites inimaginables: el tesorero del COV amenazó con «caerle a tiros» a los federativos que se opusieran a la continuación de Eduardo en la presidencia.

Eduardo impuso la presencia de su hijo como director general de la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos con la manifiesta intención de que en el futuro fuese su sucesor (monárquico) en la presidencia del COV.

Establecieron un cerco de guardianes con grupos paramilitares para controlar el acceso a las instalaciones del COV. Se arrogaron el derecho de establecer ilegalmente cuáles federaciones tenían derecho a voz y voto en la asamblea del COV. Para Eduardo Álvarez solo son legales las federaciones que vayan a votar por él.

En este largo camino de irregularidades, atropellos y violaciones al ordenamiento jurídico, también salieron a flote aspiraciones de funcionarios de gobierno que, estando en cargos ministeriales, apelaron al método empleado por Eduardo para tratar de llegar a ser presidentes del COV.

Así pudimos observar que todo ministro del deporte que ha pasado por ese cargo en los últimos 14 años aspira a ser presidente del COV, siguiendo el ejemplo intervencionista y violador de la autonomía federativa de Eduardo Álvarez.

En estos hechos se concentran las causas que dieron curso a los atropellos y violaciones al ordenamiento jurídico que se presentó en la asamblea del COV el pasado 7 de diciembre, en donde dos bandos del régimen se disputan uno tomar control y el otro mantenerlo. Esto no es más que la guerra interna de sectores del mismo Gobierno para tener el control del COV.

Cuando ahora el sector de Eduardo Álvarez recurre a las organizaciones olímpicas internacionales, escudándose en la no injerencia del Estado, alegando el carácter supranacional del COV, siendo él mismo parte del régimen de turno. En su contradictorio accionar, Eduardo alega que el COV no está sujeto a las leyes nacionales.

Para su sorpresa, la Sala Electoral del TSJ declara no ha lugar la excepción de falta de jurisdicción opuesta por la representación judicial del Comité Olímpico Venezolano de conformidad con el artículo 346 ordinal 1 del Código Procedimiento Civil. En consecuencia, se declara competente la Sala Electoral para conocer y decidir el recurso contencioso electoral conjuntamente con amparo cautelar, y subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos y en consecuencia decide:

«…Se declara procedente la solicitud de amparo cautelar, y se ordena de forma inmediata suspensión de efectos de la Asamblea General Extraordinaria realizada el 07 de diciembre 2021″.

El revuelo que produjo la sentencia provocó una estampida en los consortes olímpicos y sus abogados que, tratando de calmarlos, se olvidaron de la supranacionalidad del organismo y decían, de manera incongruente, que el presente asunto debe ser conocido por la Sala Constitucional, pues debe advertirse que planteado, excede el ámbito de la materia para la cual es competente la Sala Electoral y vamos a solicitar que sea designada una Sala Accidental para el conocimiento y pronunciamiento sobre Cuestiones Previas».

Con el agua al cuello, de manera sorpresiva, fue suspendido el trabajo de la Comisión Electoral ad hoc, con el argumento, por demás ilegal, que «las partes habían llegado a un acuerdo». Las Federaciones Deportivas, quedaron en una situación de total desconcierto porque nunca fueron informadas de tales reuniones o «acuerdos de las partes».

Al indagar quiénes fueron las partes, se les informó extraoficialmente que fueron Eduardo Álvarez y Pedro Infante. Además, agregaban a la información, que en próximas reuniones de «las partes» se buscaría integrar una sola plancha para las elecciones del COV.

Todos en el sector deportivo, atletas, entrenadores y dirigentes, se preguntan cómo dos personas sin cualidad alguna pueden arbitrariamente dejar sin efecto un mandato de la Sala Electoral del TSJ. Esto representa una descarada e ilegal intromisión. Basta recordar que las decisiones de las Salas del TSJ solo pueden ser desestimadas o anuladas por la Sala Constitucional y, en este caso, ese paso no se cumplió.

Además, resalta el hecho evidente que en la reunión de «las partes» no estuvieron los representantes del sector federativo quienes son los que con su voto van a elegir las autoridades del COV.

Falta que, cuando las federaciones deportivas le reclamen a «las partes» estas le respondan: «Cayeron por inocentes…el poder somos nosotros los representantes del régimen, ustedes limítense a votar por lo que nosotros decidamos».

Toca, desde hace mucho tiempo, que las federaciones deportivas hagan valer su autonomía y reestablezcan que las autoridades deportivas de las organizaciones del sector privado no sean representantes de las entidades gubernamentales. En otras palabras, no permitir que funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción pasen a ser autoridades federativas u olímpicas.

Jesús Elorza es Licenciado en Educación, profesor en la UPEL

29-12-21

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