Por José Guerra
Tras la apertura
petrolera que comenzó a hacer Venezuela desde inicios de los años 90,
encaminada a aumentar la producción debido a la tendencia declinante de la
extracción de hidrocarburos, se suscribieron un conjunto de convenios y
asociaciones entre empresas transnacionales y el Gobierno de Venezuela para la
explotación de los crudos pesados de la Faja del Orinoco. Ello permitió
incrementar la producción de petróleo en al menos 400.000 barriles diarios
desde finales de los años 90.
En la onda estatizadora
de la economía emprendida por Hugo Chávez a partir de febrero de 2007, el 26 de
junio de ese año se decretó la expropiación del proyecto Petrozuata que tenía
50,1% del capital en manos de Conoco-Phillips (CP) y el 49,9% por parte de
Pdvsa y del Proyecto Hamaca donde CP tenía 40%, Chevron 30% y Pdvsa 30%.
Conoco-Phillips
recurrió al Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones) para solicitar la compensación por sus activos expropiados, por
valor significativamente exagerado de US$ 30.300 millones, mayor a todas las
reservas internaciones de la nación de ese año.
De los tres árbitros
nombrados por el Ciadi para resolver el caso, el que representaba a Venezuela,
el doctor Georges Abi‐Saab,
tuvo que renunciar por motivos de salud, de manera tal que desde febrero de
2015 Venezuela no tenía quien lo defendiera en el litigio.
El laudo del Ciadi de
febrero de 2019 indicó que Venezuela debía pagar US$ 7.813 millones a CP por la
suma de sus activos en los proyectos Petrozuata y Hamaca. Aunque esos laudos
son inapelables sí se puede solicitar su anulación, y eso hizo Venezuela en
julio de 2019, bajo argumentos sólidos según los cuales los precios del
petróleo referenciales de los proyectos eran exagerados, que la expropiación no
fue ilegal, como argumentaba CP, porque se mostró voluntad de pagar y se trató
de una acción general, no específica contra CP y, además, porque Venezuela no
tuvo derecho a nombrar un árbitro.
Actualmente hay que seguir
con el juicio de anulación del laudo en el contexto de la complejidad que
significa el Gobierno de Maduro y el Gobierno Interino.
Para Maduro, perder ese
juicio no es relevante, porque ello sería un argumento contra la oposición y
por el hecho que ha sido absolutamente irresponsable en el manejo de la deuda
pública; pero para la oposición venezolana avanzar en la anulación del laudo es
fundamental para preservar los activos nacionales y, por esa razón, es que hay
que tratar esta disputa con una política nacional que esté más allá de la
controversia política coyuntural, para lo cual hay que proveer los recursos
para la defensa y protección de los activos de la república y de los
venezolanos.
Por mi parte, cumplo
con el deber de alertar sobre el peligro de que se pierda el juicio por la
falta de defensa y lo que ello significa para el interés nacional.
José Guerra es diputado
por Caracas electo en 2015. Profesor asociado de la Escuela de Economía UCV
28-12-21
https://talcualdigital.com/el-caso-conoco-phillips-por-jose-guerra/
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