Carolina Alcalde 28 de junio de 2022
@caroalca
La ONG
Provea denunció que en 2021 registró 241 denuncias de torturas en Venezuela, un
aumento de 148,4 % respecto al número de víctimas reportadas en 2020. Es la
segunda cifra más alta registrada en los últimos 33 años.
La
Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia advierte en su más reciente
informe que los familiares de víctimas de torturas deben hacer frente a
“obstáculos” impuestos por el Estado venezolano para denunciar sus casos.
Kelvi Zambrano, abogado e integrante de la organización defensora de derechos fundamentales expone que en muchos casos los funcionarios encargados “desconocen” la legislación venezolana en materia de tortura.
“Desconocen
también la normativa internacional. Esto trae como consecuencia que no sea
posible que los funcionarios del sistema de justicia puedan aplicar la ley y
además desconocen el procedimiento que está establecido, que exige que cuando
un funcionario tenga conocimiento de uno de los tipos penales que está
tipificado en esta Ley puedan notificar a la Defensoría del Pueblo”, dijo en
conferencia de prensa.
Zambrano
subraya que el Estado tiene la responsabilidad de proporcionarle los
instrumentos adecuados a los funcionarios para que conozcan el alcance de la
legislación y sepan aplicarla cuando tengan conocimiento de uno de los tipos
penales.
Resaltó,
además, que del 100 % de los casos de torturas denunciados por la organización
que integra, la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos
Crueles, Inhumanos o Degradantes, presidida por el defensor del pueblo, Alfredo
Ruiz, solo en un 30 % han obtenido respuesta.
La
Comisión Nacional anunció en una nota de prensa divulgada en abril que
reiniciaba las sesiones presenciales, luego de las medidas implementadas para
hacer frente al COVID-19.
En
comparación con países como México y Argentina, según la Coalición por los DDHH
y la Democracia, la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura en Venezuela
no cumple con el principio de participación ciudadana.
De
acuerdo con un informe que abarca el período comprendido entre el 1 de mayo del
2021 y el 30 de abril de este año y que será presentado el miércoles por
Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, esa
instancia ha seguido documentando casos de detenciones arbitrarias,
desapariciones forzosas y torturas en Venezuela.
Se
trata del último informe sobre Venezuela que Bachelet presentará antes de dejar
el cargo en septiembre.
El año
pasado, la Asamblea Nacional de mayoría chavista aprobó la reforma de un
paquete de leyes para transformar el sistema de justicia y, según explicaron,
incrementar los derechos del ciudadano común.
Miembros
de la sociedad civil consideran que las reformas implementadas buscan “eludir”
la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI), que en noviembre del año
pasado decidió abrir una investigación formal a Venezuela por denuncias de
delitos de lesa humanidad.
En
marzo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre
Venezuela (FFM) reiteró su preocupación respecto al “limitado” alcance de las
investigaciones de algunas conductas que podrían constituir delitos de lesa
humanidad, contra autoridades materiales “de bajo nivel”, por lo que están
ampliando las actuales investigaciones a las responsabilidades de “más altas”
de la cadena de mando.
Tomado
de: https://www.vozdeamerica.com/a/obstaculos-denunciar-casos-torturas-venezuela/6636173.html
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