Centro de Comunicación Nacional 29 de junio de 2022
@Presidencia_VE
Este miércoles,
la Alta Comisionada de la ONU para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet,
presento su informe escrito sobre la situación de los Derechos Humanos en
Venezuela, en el marco del 50 período de sesiones del Consejo de Derechos
Humanos.
Michelle Bachelet manifestó que su oficina continúa observando desafíos en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, en los cuales las poblaciones indígenas son las más afectadas. Asimismo, la oficina señaló que se siguen reportando demoras indebidas en el sistema judicial, así como violaciones al debido proceso; de igual forma, sobre las Organizaciones no Gubernamentales, dirigentes de la oposición, y defensores de los derechos humanos siguen siendo criminalizados y hostigados por el Estado.
Sobre
lo que ocurre en el sur del Orinoco, Bachelet aseveró: “El ACNUDH sigue
preocupada por la situación de los derechos humanos en la región del Arco
Minero del Orinoco y otras zonas mineras de los estados de Bolívar y Amazonas.
Se registraron denuncias de enfrentamientos entre grupos armados no estatales y
bandas criminales por el control de sitios mineros, así como el impacto
humanitario de la minería en la población local”.
En
cuanto al derecho a la vida, la Alta Comisionada indicó que se siguen realizado
operativos de seguridad del Estado que terminan en detenciones arbitrarias, y
que algunos de estos casos incluyen tortura, de igual forma, manifestó que “el
miedo y el trauma desalientan a las personas a denunciar las violaciones
sufridas”.
A
pesar de que a finales de 2021, se implementó la transferencia oficial de la
administración de los centros de detención del SEBIN y de la DGCIM en Caracas
al Ministerio de Servicios Penitenciarios, el ACNUDH señalo que mantiene su
preocupación sobre las condiciones de detención en estos centros, y que están a
la espera de un nuevo acceso.
Miguel
Pizarro, Comisionado para las Naciones Unidas, comentó: “Hay presuntas
acciones pintadas como avances por el régimen cuando la realidad siguen siendo
muy diferente. A pesar de que los centros de detención del SEBIN y de la DGCIM
cambiaron de administración, siguen siendo manejados por los mismos que
torturan a los detenidos y que mantienen estos centros en condiciones
deplorables”.
“Si
bien en el informe se hace mención a la disolución de las FAES, también se
menciona que una de las muertes documentada por el ACNUDH puede ser atribuible
a las FAES. Este es el grupo de exterminio del régimen que sigue operando en el
país”, expresó el Comisionado Pizarro.
En
cuanto a la reforma del Tribunal Supremo de Justicia, Bachelet hizo mención a
preocupaciones planteadas con respecto a la reelección de algunos magistrados
que contradeciría las limitaciones constitucionales sobre el único periodo de
12 años; así como a los vínculos entre algunos de los magistrados y partidos
políticos.
Ante
esto, Pizarro declaró: “Dentro del sistema de justicia no hubo una reforma,
desde el Comité Preliminar y el Comité de Postulaciones Judiciales hasta la
elección de los magistrados fue claramente en respuesta a tendencia política,
lo cual no garantizó ni la imparcialidad ni independencia del proceso y por
tanto del Poder Judicial, de hecho esto aumentará y prolongará la impunidad
presente en el país.”
Sobre
las restricciones al espacio cívico y democrático, la Alta Comisionada señaló
que el ACNUDH siguió observando restricciones indebidas al espacio cívico y
democrático, en particular la estigmatización, la criminalización y las
amenazas contra las voces disidentes, la sociedad civil, los medios de
comunicación y los sindicalistas, que afectan a su capacidad para llevar a cabo
efectivamente su legitima labor.
“El
ACNUDH documentó 154 casos, incluidos 46 casos de penalización, 26 relatos de
amenazas y hostigamiento, 11 actos de violencia y 71 casos de estigmatización
de personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de
la sociedad civil” indicó Bachelet.
De
igual forma, Michelle Bachelet hizo referencia a la liberación de miembros de
la ONG Azul Positivo: “Tomo nota del sobreseimiento con libertad plena, ayer,
de los cinco trabajadores de la ONG Azul Positivo quienes habían sido acusados
de fraude, legitimación de capitales y asociación ilícita en enero 2021, en
relación con su labor humanitaria.”
Asimismo,
en el caso de la muerte del concejal Fernando Albán, la Alta Comisionada hizo
referencia a que dos agentes del SEBIN fueron condenados por homicidio culposo,
y beneficiados con reducción de su pena a dos años y 8 meses de prisión.
“Durante el proceso, los familiares de la víctima han denunciado que la
investigación paso por alto posibles signos de tortura o malos tratos, y una
responsabilidad superior” expresó Bachelet.
Pizarro,
por su parte considera necesario mantener estos esfuerzos por seguir
visibilizando la realidad del país, aunque en ocasiones, esta realidad sea
maquillada por el régimen, y reconoció el trabajo de la Oficina del ACNUDH.
La
presentación del informe fue seguida de un diálogo interactivo en el cual las
misiones diplomáticas de los Estados Miembros realizaron sus preguntas a la
Alta Comisionada; no obstante, la culminación de dicho diálogo se realizará el
día de mañana.
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