Correo del Caroní 16 de noviembre de 2024
Los
enviados verifican si las autoridades penales venezolanas cumplieron con
procesos transparentes en el arresto de 1.976 personas acusadas por terrorismo
e incitación al odio luego de la elección presidencial del 28 de julio.
Una comisión técnica de la Corte Penal Internacional (CPI) se encuentra en el país desde hace al menos 10 días, según confirmaron a El Pitazo diferentes fuentes que destacaron que los funcionarios prestan asistencia penal al sistema de justicia venezolano. Hace unos días visitaron la cárcel de Tocorón, donde se entrevistaron con familiares de detenidos por las protestas poselectorales.
Los
enviados verifican si las autoridades penales venezolanas cumplieron con
procesos transparentes en el arresto de 1.976 personas acusadas por terrorismo
e incitación al odio luego de la elección presidencial del 28 de julio. Se
conoció que poseen acceso a los expedientes del Ministerio Público referentes a
las aprehensiones.
Una de
las fuentes consultadas indicó que la reciente solicitud de Nicolás Maduro al
Ministerio Público para que verificara si existe algún detenido por error,
podría deberse a la presencia de la CPI en el país.
“Si
alguna instancia internacional tiene una repercusión importante en el Gobierno
es la CPI. Ya vemos qué pasa con los informes del alto comisionado o con la Misión
de la ONU, que no la quieren para nada, pero con la CPI es distinto, tan
distinto que permitieron su acceso a los expedientes, tribunales y algunos
centros de privativa de libertad”, destacó el entrevistado, que pidió
protección a su identidad.
Otra de
las fuentes que confirmó la presencia de esta comisión destacó que no se puede
esperar un informe público de esta inspección, ya que se trata de una visita
distinta de la investigación que hace la CPI en Venezuela por crímenes de lesa
humanidad.
“La
CPI no abrirá una investigación por los hechos electorales, pero sí está
verificando si se siguen replicando todos aquellos procesos denunciados ante
este organismo que no garantizan justicia. Ya se darán cuenta de que en
Venezuela no han hecho nada para revertir lo que dio pie a la investigación de
la CPI sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad”, precisó la fuente
haciendo referencia al proceso ordenado por el fiscal Karim Khan en noviembre
de 2021.
La
referida averiguación se inició tras la publicación de un informe en diciembre
de 2020 por la oficina de la Fiscalía de la corte, en el que se declaró que
tenían fundamentos razonables para creer que, al menos desde 2017, autoridades
civiles y miembros de la Fuerza Armada cometieron crímenes de lesa humanidad.
Atención
de la Fiscalía
El
pasado 13 de noviembre, fiscales de los derechos humanos del Ministerio Público
se reunieron con los siete adolescentes y el joven de 18 años recluidos en la
Casa de Justicia ubicada en El Cementerio, en Caracas, desde hace tres meses.
Según
detallaron familiares, algunos funcionarios los entrevistaron sobre el contexto
de su detención y un médico forense les realizó exámenes. El Pitazo reseñó
al día siguiente de este encuentro que todos los afectados aseguraron a la
comisión que estaban en un lugar distinto de una protesta cuando los detuvieron
después de las elecciones. A varios de ellos los sacó la policía de su vivienda
para aprehenderlos.
Este
encuentro sería en un principio en presencia de los representantes, pero se realizó
solo con los jóvenes, según contaron sus madres. Una de ellas detalló que
funcionarios del centro le informaron que la comisión iba acompañada de
extranjeros, posiblemente miembros de la CPI.
Para
el 12 de noviembre estaba pautado el juicio de uno de los adolescentes, de 16
años, pero fue reprogramado para la semana entrante, ya que la Fiscalía no
presentó pruebas acusatorias.
Testimonios
recabados por familiares de estos jóvenes, así como de otros arrestados por las
protestas poselectorales, detallan que durante las audiencias de presentación
fueron persuadidos para que se declararan culpables por los delitos de
terrorismo e incitación al odio. De igual modo también los incitaron para que
culparan a dirigentes opositores de pagarles para que manifestaran, causaran
destrozos y desestabilización, con la excusa de rebajarles la pena, pero
ninguno de los entrevistados accedió, pues todos se declararon inocentes.
Durante
las protestas poselectorales que se desarrollaron en diferentes zonas del país
fueron asesinadas 25 personas; 8 de los casos ocurrieron en Caracas. Diferentes
organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron que los
manifestantes fueron heridos de bala por funcionarios policiales o colectivos
armados.
En el
registro más reciente de detenidos del Foro Penal se contabilizan 1.976
personas aprehendidas por las protestas. Entre ellas 69 adolescentes, 146
mujeres, 163 funcionarios militares y 18 detenidos, de los cuales se desconoce
su paradero.
Khan y
Maduro
En
abril de este año se registró la cuarta visita a Venezuela del fiscal de la
CPI, Karim Khan. En ese momento, el gobierno de Maduro se comprometió a
incorporar el Estatuto de Roma en el marco jurídico nacional de Venezuela.
También
se acordó el regreso de un equipo técnico de la CPI a Caracas para acordar
iniciativas de complementariedad del Estatuto de Roma, para accionar ante las
denuncias de crímenes.
En los
comunicados de prensa emitidos por el gobierno de Maduro sobre dicho encuentro,
este se comprometió a “seguir el proceso de renovación jurídica en materia de
justicia y de derechos humanos e incorporar al ordenamiento jurídico interno
los principios y valores del Estatuto de Roma”.
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