INFOBAE 22 de noviembre de 2024
La
Oficina de Defensa de las Víctimas del organismo exigió al fiscal Karim Khan
que avance con el proceso
La
situación en Venezuela, examinada por la Corte Penal Internacional (CPI), sigue
siendo fuente de preocupación para las víctimas de crímenes
internacionales cometidos en el país. Las víctimas enfrentan un panorama
incierto, agravado por la solicitud de recusación del Fiscal de la CPI, Karim Khan,
bajo acusaciones de un posible conflicto de interés. Este proceso, sin
precedentes en la historia de la Corte, plantea desafíos que podrían retrasar
aún más el acceso a la justicia.
“Muchas
víctimas han expresado un profundo sentimiento de frustración,
sintiendo que el Fiscal no ha dado a la difícil situación la misma
prioridad que a otras situaciones donde las investigaciones han
avanzado más rápidamente y han dado lugar a la emisión de varias órdenes de
arresto. Se preguntan por qué los crímenes y el sufrimiento que han padecido
parecen ser tratados con menos urgencia en comparación con los que afectan a
las víctimas en otros contextos”, expresó la Oficina de Defensa de las Víctimas
del organismo, en un documento firmado por Paolina Massidda, Enrique Carnero
Rojo y Ana Peña.
El impacto en los intereses de las víctimas
Desde
el inicio del proceso en 2018, las víctimas han esperado justicia por los
crímenes sufridos. La solicitud de recusación del Fiscal, presentada bajo el artículo
42(8) del Estatuto de Roma, busca apartarlo de la investigación. Sin embargo,
las víctimas temen que esta acción, de ser aprobada, paralice las
investigaciones hasta que se nombre un nuevo Fiscal, lo que dilataría aún más
un proceso ya de por sí lento.
El
sentimiento de abandono entre las víctimas se intensifica con cada retraso. Según
el documento de la Oficina de Asistencia Jurídica para las Víctimas (OPCV),
cualquier demora en las investigaciones afecta directamente sus derechos a
conocer la verdad, obtener justicia y recibir reparaciones.
A
pesar de que la investigación fue autorizada en 2023 tras años de espera,
todavía no se ha abierto un caso formal contra ningún responsable. Esta falta
de avances concretos contrasta con otros casos en los que la CPI ha emitido
órdenes de arresto de manera más expedita.
Las
víctimas expresan su frustración y cuestionan por qué los crímenes en
Venezuela no han recibido el mismo nivel de prioridad. Esta percepción
aumenta su desconfianza en el sistema de justicia internacional y su sensación
de ser relegadas frente a otras situaciones similares.
El
enfoque en la complementariedad positiva
El
Fiscal ha defendido la estrategia de “complementariedad positiva”, que busca
fomentar investigaciones nacionales en Venezuela antes de avanzar en el proceso
internacional. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de la CPI ya determinó
que el Estado venezolano no lleva a cabo investigaciones genuinas sobre
los crímenes denunciados.
Las
víctimas temen que este enfoque prolongue aún más el inicio de medidas
concretas en la CPI. Si bien las investigaciones nacionales son un
pilar del Estatuto de Roma, los esfuerzos para alentar al Estado a actuar no
deberían hacerse a expensas de las víctimas y de un acceso expedito a la
justicia internacional.
El
contexto actual en Venezuela agrava las preocupaciones de las víctimas. Tras
las elecciones de julio de 2024, el gobierno intensificó su represión mediante
detenciones masivas, actos de violencia y violaciones de derechos humanos.
Según Foro Penal, casi 2.000 personas están detenidas, incluidas mujeres,
adolescentes y personas vulnerables, muchas de las cuales sufren tortura y
tratos degradantes.
A
pesar de estos acontecimientos, el Fiscal no ha emitido declaraciones
públicas ni tomado acciones visibles en respuesta a los crímenes recientes.
Esta aparente inacción aumenta el sentimiento de abandono entre las víctimas y
sus familias.
Exigencias
de las víctimas
Las
víctimas exigen que la investigación de la CPI no sufra interrupciones. Si
se aprueba la recusación del Fiscal, solicitan que se tomen medidas rápidas
para garantizar la continuidad del proceso. Señalan que cualquier demora
adicional no solo les negaría justicia, sino que también debilitaría la
credibilidad de la CPI.
Asimismo,
piden un mayor compromiso del Fiscal y de la CPI para abordar tanto los crímenes
históricos como los recientes, incluidos aquellos perpetrados tras las
elecciones de 2024. La prioridad debe ser avanzar con determinación en las
investigaciones para garantizar que los responsables enfrenten la justicia.
La
situación en Venezuela presenta un desafío crítico para la CPI y para el
sistema de justicia internacional. Las víctimas, que han soportado años de
espera y sufrimiento, ven con preocupación cualquier medida que pueda retrasar
aún más las investigaciones.
En un
contexto de represión estatal y violaciones constantes de derechos humanos,
garantizar una justicia expedita no solo es un imperativo legal, sino también
una obligación moral para con las víctimas y sus familias. La comunidad
internacional debe asegurar que los derechos de las víctimas no queden
relegados por cuestiones procedimentales o políticas.
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