INFOBAE 18 de noviembre de 2024
Opositores
venezolanos, junto a eurodiputados, demandan la intervención de la Unión
Europea para impulsar el juicio por crímenes de lesa humanidad
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha solicitado a la Comisión Europea que promueva el enjuiciamiento el dictador venezolano Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI). Según se discutió este lunes, esta iniciativa responde a las violaciones de derechos humanos en Venezuela, intensificadas tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, según informó el Parlamento Europeo.
En el
debate, la presidenta de la comisión parlamentaria, Dolors Montserrat,
urgió a la Comisión Europea a actuar en cumplimiento del mandato del Parlamento
Europeo, señalando que “un dictador como Maduro debe ser enjuiciado” y que esta
acción es clave “en defensa de los derechos y libertades del pueblo
venezolano”. Además, exigió información actualizada sobre la situación en
Venezuela, subrayando la obligación de la UE de velar por los Derechos Humanos y aplicar la resolución
adoptada por la Eurocámara en septiembre.
La
petición ciudadana presentada por opositores venezolanos, apoyada por la Comisión
de Peticiones, solicita a la UE que inste al fiscal del CPI a
informar sobre el estado de las investigaciones y ordene urgentemente la
detención de Maduro. Este llamado se fundamenta en los crímenes de lesa
humanidad cometidos en 2014, 2017 y 2024, y en el acuerdo
de cooperación firmado en 2006 entre la UE y el Tribunal Penal
Internacional, el cual obliga a la UE a colaborar con el CPI en su función
sancionadora y preventiva.
En
este contexto, representantes políticos europeos expresaron diversas posturas.
Alma
Ezcurra, del PP, enfatizó la “obligación moral” de la
Eurocámara de mantener presión sobre el régimen de Maduro y afirmó que la UE
debe “ir más allá” de expresar preocupación. Recalcó que esta es una batalla
constante: “Para que el mal triunfe, solo basta con que los buenos no hagan
nada”.
Desde
el PSOE, Sandra Gómez mostró escepticismo al
argumentar que la detención de Maduro excede las competencias de la Comisión de
Peticiones, recordando que el Parlamento ya abordó el tema en septiembre.
Por
parte de Vox, Jorge Buxadé defendió que la
Comisión de Peticiones tiene plena autoridad para actuar tras las denuncias de
la Eurocámara sobre la crisis en Venezuela. Además, criticó la supuesta
inacción del Fiscal del CPI y acusó de “complicidad” al
organismo con el régimen venezolano.
Finalmente,
una representante del Servicio de Acción Exterior de la UE reiteró
que no se reconocerá a Maduro como presidente electo sin resultados
verificables. Apoyó las investigaciones del CPI sobre
Venezuela, pero recordó que solo los Estados miembros pueden remitir casos al
Tribunal y solicitar órdenes de detención. Nicolás Maduro, de
momento, sigue bajo la lupa internacional por los crímenes que se le imputan.
CPI
analiza nuevas denuncias de crímenes en Venezuela
En
septiembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reiteró
su compromiso de analizar “de manera independiente e imparcial” las denuncias
relacionadas con los crímenes ocurridos en Venezuela tras las
elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En un comunicado enviado a
la prensa, la oficina liderada por el Fiscal Jefe, Karim Khan,
destacó que no detendrá sus esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas.
“La
Oficina ha sido clara desde el comienzo de esta labor, en que no demorará sus
esfuerzos para lograr la rendición de cuentas en relación con la situación en
Venezuela, ya sea mediante su propia investigación o mediante esfuerzos
genuinos y reales en Venezuela”, señaló la Fiscalía de la CPI.
La
investigación sobre la situación en Venezuela se retomó en junio de 2023, luego
de un litigio entre la CPI y el régimen de Nicolás Maduro. Este
último argumentaba la competencia exclusiva del país de acuerdo con el Estatuto
de Roma. En referencia a los procedimientos legales, la Fiscalía subrayó
que la composición del equipo legal que representó a Venezuela durante esos
litigios fue pública y que “ninguna de las partes en los procedimientos planteó
objeciones en ese momento”.
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