viernes, 26 de julio de 2013

Pacto por México III

Miguel Méndez Rodulfo Caracas, 25 de julio de 2013

El cuarto acuerdo del Pacto por México se refiere a la “Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción”, y consiste en primer lugar en la implantación de una reforma para la rendición de cuentas contables; pero además abarca la ampliación de las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), para que sea un organismo con rango constitucional, dotado con autonomía presupuestaria y de decisión, encargado fundamentalmente de garantizar el derecho de acceso de las personas a la información pública gubernamental, proteger los datos personales que están en manos tanto del gobierno federal, como de los particulares y de resolver sobre las negativas de acceso a la información que las dependencias o entidades del gobierno federal hayan formulado. Por otra parte se crea el Consejo Nacional para la Ética Pública con la participación tanto de la sociedad civil como de autoridades; adicionalmente, se establece la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción y también de comisiones estatales, con facultades de prevención, denuncia, investigación y sanción administrativa.

El quinto acuerdo se refiere a la “Gobernabilidad Democrática” y se concreta primero en una reforma electoral y en varios otros aspectos: Impulso a una nueva Ley General de Partidos, que promueve una mayor transparencia del gasto de las organizaciones políticas; la disminución de los topes de campaña; la revisión de los tiempos oficiales de radio y televisión; la racionalización de los anuncios publicitarios; la prohibición del uso y entrega de utilitarios de promoción electoral (materiales plásticos, materiales textiles, despensas y materiales de construcción); el fortalecimiento de la legislación para evitar el uso de esquemas financieros y/o recursos de origen ilícito con el propósito de inducir y coaccionar el voto; la creación de una Autoridad Electoral Nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales y la incorporación de nuevas causales de nulidad de una elección tales como como: el rebase de los topes de campaña, la utilización de recursos al margen de las normas establecidas y la compra de cobertura informativa. Para control de todo ello, se crea una Instancia Ciudadana de Supervisión de la Contratación de Publicidad, dotada de autonomía, que fiscalice en todos los niveles de gobierno el desembolso en medios de comunicación, establezca un límite en el gasto de publicidad de cada entidad pública y garantice el derecho de réplica.

Además, se va a revisar el marco legal de los fueros para eliminar los privilegios desmedidos de que gozan los políticos. De igual forma también se revisará la reelección de los legisladores. En otro orden de ideas, se dará cabida a candidaturas independientes de iniciativa ciudadana. Por otra parte, se impulsará la figura de gobiernos de coalición que tengan un programa de gobierno común y una agenda legislativa dirigida a cumplir ese programa.

La reforma electoral mexicana, significa un cambio radical en la manera de hacer campañas en ese país, y como sería impensable que un organismo del Estado se coloque servilmente a favor de una parcialidad política, no tocaron este punto que tanto nos afecta a los venezolanos. Porque, como está comprobado, Pdvsa, en vez de extraer, refinar y vender petróleo, se dedica los cuatro meses anteriores a las campañas, a identificar centros de votación, a elaborar listas de electores, a realizar activismo político en favor del partido oficial, a realizar la logística para repartir electrodomésticos u otros bienes con el fin de comprar conciencias, a coaccionar familias que no se dejen sobornar, a transportar votantes y en general a toda clase de abusos políticos. Toda una violación de la ley, hecha tan descaradamente que es imposible de cometer en cualquier otro país democrático del mundo.

Miguel Méndez Rodulfo

Caracas, 25 de julio de 2013

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