Omar Barboza Gutiérrez 18 AGOSTO, 2013
La gran mayoría del pueblo venezolano
ya está convencido del fracaso que ha significado para Venezuela el actual
modelo político y económico que hoy gobierna al país desde hace 14 años, y
cuyas consecuencias sufre nuestra población. En esta oportunidad nos vamos a
referir a tres temas que forman parte fundamental de ese fracaso.
La política económica de este gobierno
que ha tenido los mayores ingresos de la historia de Venezuela, tratando de
copiar modelos fracasados en todas las partes del mundo donde se ha tratado de
aplicar, ha destruido la producción nacional, luego de haber llegado al poder
prometiendo el desarrollo endógeno se ha convertido en un gobierno importador
como nunca, al punto de que al no tener comida importada la escasez ha
llegado a extremos graves para el pueblo venezolano. Cuando este gobierno llegó
al poder el 69% de los ingresos externos dependían del petróleo, y hoy esa
dependencia llega al 96% por cuanto se han destruido las fuentes de
exportaciones no petroleras.
Las consecuencias del fracaso de estas
políticas económicas hoy se traduce en devaluación de la moneda, en alto costo
de la vida, en escasez, y sobre todo se traduce en incertidumbre sobre el
futuro de nuestra economía, de allí ha surgido la desconfianza del
inversionista nacional y extranjero que además han observado la inseguridad
jurídica y el irrespeto a la propiedad privada.
Otro aspecto que refleja de manera
clara el fracaso de esta gestión es el de la inseguridad personal que ha
enlutado a miles de familias venezolanas, el gobierno ya ha anunciado 20 planes
de seguridad, y entre más planes anuncian más asesinan y secuestran a
venezolanos, demostrando que este modelo no es capaz de garantizar el primer
derecho humano de un ciudadano como lo es el derecho a la vida. Lo peor de este
drama de la inseguridad es como la impunidad de los crímenes está garantizada
por la ineficiencia del gobierno en aplicar el castigo respectivo, la Fiscalía
General de la República en sus Memorias y Cuentas conocidas ha confesado que la
impunidad se mantiene por encima del 90% de los casos.
Y el tercer punto, sobre el cual
hacemos referencia como demostración del fracaso de este modelo, es el tema de
la corrupción que durante este gobierno ha llegado a límites no conocidos por
los venezolanos.
El peor daño que se le puede hacer a
la lucha contra la corrupción, es utilizarla como excusa para la persecución
política de los adversarios y hacerse de la vista gorda ante los verdaderos
casos de corrupción, como está ocurriendo en estos momentos, para perseguir a
Richard Mardo, a ex Gobernadores o a cualquier adversario que quieran apartar
de la lucha como ha ocurrido con varios dirigentes por ser líderes de la
oposición.
Pero cuando se ha solicitado ante la
Asamblea Nacional la investigación de groseros casos de corrupción, se ha
negado la investigación, ha funcionado la solidaridad automática con los
corruptos que pertenecen o son amigos del Partido de gobierno.
El caso más resaltante, fue la
denuncia hecha por el Ministro Giordani según la cual de los 60.000 millones de
dólares que se otorgaron en el año 2012 para importaciones, unos 20.000
millones de dólares fueron otorgados a empresas de maletín que se robaron esos
dólares, mientras que hoy las reservas líquidas del Banco Central no llegan a
3.000 millones de dólares y por eso no hay con qué importar la comida y los
bienes necesarios, y de allí la escasez y el alto costo de la vida; la Asamblea
Nacional y este gobierno se han negado a investigar esa denuncia y por eso no
tienen autoridad moral para decir que están combatiendo la corrupción.
El colmo de esa actitud hipócrita y
cómplice, es el anuncio de Nicolás Maduro de que solicitará poderes especiales
para combatir la corrupción. Es decir, después de 14 años de conducta
totalmente permisiva con la corrupción, quienes deben ser investigados quieren
investigarse así mismo, y además perseguir a la oposición con la excusa del
combate al robo de los dineros públicos.
Ese planteamiento de Maduro es una
confesión de que la Asamblea Nacional no ha cumplido con su obligación
constitucional de controlar al gobierno y a la administración pública nacional,
ni la Contraloría General de la República ha cumplido con su función de vigilar
y controlar los ingresos, gastos y bienes públicos. Es decir, son cómplices de
la corrupción.
Ante este fracaso del actual gobierno
en esos aspectos tan vitales, la única salida democrática es el cambio político
nacional. El próximo 8 de Diciembre eligiendo Alcaldes y Concejales de la
unidad democrática, debemos avanzar de manera muy importante en el camino
indetenible para cambiar este gobierno.
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