Omar Barboza Gutiérrez junio de 2014
Cada día con más descaro se utiliza el
Poder Judicial como instrumento de persecución política. Esa práctica se pone
de manifiesto cuando el Poder Ejecutivo y sus voceros, sentencian públicamente como
conspiradores o asesinos a sus adversarios políticos, antes de que los
tribunales investiguen y decidan. Esta situación es más grave aun cuando
tomamos en cuenta que la gran mayoría de los fiscales y jueces son designados a
dedo.
Dentro de esa estrategia persecutoria
se ha inaugurado la modalidad de la hermenéutica psiquiátrica, que tiene la
propiedad de descubrir significados de las palabras distintos a lo que se dice,
y además le agregan la interpretación de intenciones torcidas, y con ello se
arma un caso criminal en contra de un opositor político. El gobierno le ha
agregado a la lista de presos políticos el nombre de Leopoldo López, violando
la Constitución y el derecho a la defensa para establecer el delito de opinión,
Leopoldo es un preso de conciencia.
El objetivo de esta persecución al
pueblo que protesta, a los estudiantes, y a los dirigentes que adversan al
gobierno, violando sus derechos humanos, es el de distraer la atención de la
población venezolana sobre la profundidad de la crisis que la afecta, la cual
es consecuencia directa del rotundo fracaso del modelo político y económico que
hoy gobierna a Venezuela.
Pero ni la manipulación mediática ni
la persecución política, pueden evitar lo que la gente siente y padece como
consecuencia de la mala gestión de este gobierno. Por mucha inversión en
publicidad que se haga, el pueblo sufre cada vez más la escasez de todo:
alimentos, medicinas, repuestos, aceite de motor o baterías para los vehículos,
cemento, cabillas, y pare de contar. Así como también siente el gran temor por
la inseguridad personal desbordada, acompañada por una vergonzosa impunidad que
alcanza a más del 90% de los delitos cometidos de acuerdo a los últimos
informes presentados por la Fiscalía General de la República ante la Asamblea
Nacional.
A la situación anterior, se le agrega
la devaluación del llamado bolívar fuerte que es el más débil de la historia de
Venezuela, al igual que las fallas en el servicio de agua potable y los
apagones en el interior del país. Los hospitales públicos están en su peor
momento, al punto de que más de 6.000 personas en el país están en la cola para
ser intervenidas quirúrgicamente, por las variadas deficiencias hospitalarias.
Cada día es más generalizada la
convicción de que la corrupción es una de las causas principales de la crisis,
lo cual se puede notar en el escandaloso contrabando de extracción de productos
regulados, entre ellos la gasolina y el gasoil, y la razón principal es la
complicidad de las autoridades civiles y militares que tienen la obligación de
controlar el contrabando, pero que por acción u omisión son cómplices de ese
delito.
En el caso gravísimo de corrupción en
CADIVI, el gobierno está confeso en el hecho de que se robaron más de 20.000
millones de dólares, es decir, una cantidad igual al monto de las actuales
reservas internacionales; sin embargo, no aparecen los funcionarios implicados,
ni sus padrinos, ni tampoco sus testaferros. Pero, ante un caso como éste el
gobierno no reacciona, allí el Poder Judicial luce ciego y sordo, y no muestra
la celeridad que si aplica para la persecución política. Todo lo cual genera la
percepción de complicidad por parte de quienes están en el poder.
Cuando iniciamos el diálogo, lo
hicimos con la esperanza de que se produjeran rectificaciones de fondo, entre
ellas, en la política económica. En el debate en cadena nacional, nos referimos
con cifras oficiales a los temas más sensibles. Pero no solo no ha habido
rectificación, lo que hay es contumacia, se insiste en las mismas políticas
fracasadas.Para confirmar lo dicho anteriormente, citamos el caso de la
violación del Artículo 320 de la Constitución por parte del BCV, al financiar
déficits de empresas públicas, entre las que destaca el financiamiento a PDVSA.
Cuando vemos las cifras oficiales del BCV, del 23-05-2014, nos encontramos que
esa situación se ha agravado, para esa fecha había financiado a PDVSA 472.166
millones de bolívares, que al cambio de 6,30 bolívares por dólar, son unos
75.000 millones de dólares, y si lo calculamos al SICAD I, llega a 47.000
millones de dólares.
Se insiste en las mismas políticas y
en el mismo equipo que ha fracasado en su gestión, todo porque el Presidente de
la República no quiere aceptar la verdad: Los jefes de la guerra económica en
contra del pueblo venezolano están en Miraflores y en el Banco Central de
Venezuela.
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