Por Marco Negrón
Por donde quiera que se la
mire, esa es la sensación que da la Caracas de hoy: la de una ciudad indefensa,
que ha quedado a la intemperie, desamparada frente a los eventos naturales pero
también al comportamiento cada vez más anarquizado de sus habitantes y a la
esquizofrenia gubernamental. Que ante una frecuencia creciente de linchamientos
de personas sospechosas de haber cometido delitos las autoridades miren para
otro lado y tengan que ser los ciudadanos comunes quienes les llamen la
atención acerca de su deber de intervenir, es un síntoma de lo dicho pero no el
único.
Recientemente el portal
Prodavinci daba una noticia extraordinaria: ‘’el servicio de búsqueda y
salvamento no tiene aviones ni helicópteros’’, la cual remitía a otra del
portal Efecto Cocuyo: ‘’Caracas tiene un déficit de 80% en servicio de
ambulancias’’. En otras palabras, tanto el país como su flamante capital
carecen de los equipos más elementales para atender no ya eventos
catastróficos, sino incluso las emergencias cotidianas de sus habitantes. Ello
en un contexto en el cual Venezuela ha contado con la más elevada cifra de
recursos financieros de su historia.
Planificar el desarrollo de la
ciudad ha pasado a ser una tarea improbable si no imposible: la base de la
planificación es la información pero, en el país y en las ciudades, la
información oficial ha desaparecido en innumerables rubros críticos. No es sólo
el escándalo de un Banco Central que no entrega los datos a los que por ley
está obligado: hace varios años que no se cuenta con cifras oficiales de
homicidios como tampoco en otras importantes áreas relativas a la salud. En el
campo de la vivienda, a la vez que se genera gran confusión mezclando en una
sola categoría la producción de viviendas nuevas con la refacción de otras
existentes, no hay elementos que permitan comprobar la veracidad de las cifras
que ofrece el gobierno, clamorosamente refutadas por la encuesta Encovi.
El Ejecutivo nacional no sólo
les sustrae los recursos que constitucionalmente les corresponden a los
gobiernos locales, sobre todo pero no únicamente a los de oposición, sino que
constantemente interfiere en sus competencias (casos más notorios: Gran Misión
Vivienda y “soluciones viales” del Ministerio del Transporte Terrestre)
frustrando cualquier aspiración a un desarrollo urbano ordenado.
La situación es bastante más
compleja de lo que pueda pensarse, pues este estado de desamparo de nuestras
ciudades no tiene que ver nada más con el deterioro y obsolescencia de la
infraestructura: las cosas van mucho más allá y se traducen en una severa
desinstitucionalización de la vida urbana que se manifiesta en cuestiones tan
banales como, por ejemplo, el creciente irrespeto a las normas de circulación y
la evidente inhibición de las autoridades, incluso en aquellos municipios que
alguna vez marcaron pauta al respecto.
Todo ello, naturalmente,
conduce a una descomposición social cuyas principales manifestaciones son la
pérdida de los valores ciudadanos y de solidaridad (basta recordar los
espeluznantes episodios de camiones accidentados cuya carga era saqueada con
avidez mientras el conductor agonizaba en la soledad de la cabina), cuya
consigna pareciera ser la del sálvese quien pueda.
Por eso, al darse las
condiciones que permitan salir de este oscuro capítulo de la historia
venezolana, la prioridad para lograr el renacimiento de las ciudades no estará,
con todo y lo importante que es, en la reconstrucción de la infraestructura
física sino en la recomposición de los valores republicanos y de ciudadanía.
Como lo experimentamos los venezolanos con el perezjimenismo, sin ellos las
mejores y más modernas infraestructuras serán insuficientes para construir una
sociedad a la altura de los tiempos.
24-11-15
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