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martes, 28 de junio de 2016

La casa del truco, por @OmarBarbozaDip



Omar Barboza Gutiérrez 27 de junio de 2016

Nuestra Constitución Nacional establece que el Consejo Nacional Electoral debe estar integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos, y además establece como principios que deben regir la actuación de ese máximo órgano electoral, los de la imparcialidad, la transparencia y la eficiencia de los procesos electorales.

Lo que se desprende de la diferencia que hay entre esas normas y principios, y la conducta de la mayoría que decide entre los rectores del CNE actual, da una clara idea del tamaño de la crisis institucional que ha producido el control por parte del partido de gobierno de la mayoría de los poderes públicos del Estado.


Las diferentes trabas y abusos de ese organismo en contra de los ciudadanos que decidieron ejercer el derecho que la Constitución en sus Artículos 70 y 72 les establece para convocar a un referéndum revocatorio presidencial, constituyen una descarada operación morrocoy violatoria de la ética y del respeto a los derechos de los ciudadanos; empezando por el exagerado tiempo que se tomaron para verificar las firmas de los solicitantes, cuando, una simple verificación a través de captahuellas hubiese confirmado la voluntad de más del 90% de los firmantes en una semana. En cambio, cuando el Ejecutivo Nacional les ordenó declarar que habían verificado más de 10 millones de firmas en contra del Decreto de Obama en una semana, lo hicieron sin ninguna vergüenza y sin haberlas verificado.

Luego, cuando la presión de la opinión nacional e internacional los forzó a establecer las fechas y procedimientos para verificar las firmas de por lo menos el 1% de los electores, decidieron que en muchos de los Municipios importantes del país no hubiese captahuellas para validarlas, en cambio en muchos Municipios lejanos y con menos electores si ubicaron las captahuellas, actuando en contra de su deber de facilitar el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos.

Por otra parte, el gobierno nacional desarrolló una campaña afirmando que no hay tiempo para el revocatorio en el 2016 contando con la acción dilatoria de sus compañeras de partido en el poder electoral, acompañada de la campaña de que los funcionarios públicos que firmaron serían destituidos de sus cargos, violando públicamente los derechos constitucionales de esos ciudadanos, establecidos en los Artículos 40 y 57 de la Constitución vigente, llegando muchas denuncias de que efectivos militares que firmaron fueron detenidos como castigo.

Entre tantas trampas y desigualdades ejecutadas por el poder electoral, está el hecho de que con motivo de la oportunidad para validar las firmas se estableció la posibilidad de que los firmantes pudieran ir a retirar sus firmas, todo ello para dar la posibilidad a la presión en contra de los funcionarios públicos que firmaron. En cambio no se abrió la oportunidad de quien no había firmado o de aquellos cuya firma había sido objetada para que compareciera y expresara su apoyo a la convocatoria del Referéndum Revocatorio.

La desesperación del gobierno nacional ante el rechazo de la inmensa mayoría de los venezolanos a su nefasta gestión, los conduce a inventar maniobras que dejan pálido al realismo mágico de García Márquez. Un ejemplo de eso, que pasará a la historia de la falta de escrúpulos sin límites de quienes pretenden quedarse en el poder para seguir haciéndole daño al país, es el caso de los presos que están en nuestras cárceles y que para conseguir favores indebidos se prestan a cualquier cosa mal hecha para complacer a las autoridades. Es público y notorio que en nuestras cárceles mandan los pranes y no las autoridades carcelarias, hasta el punto que dentro de esos recintos funcionan discotecas, y muchos presos tienen privilegios especiales, que cuando quieren protestar o demostrar su luto por la muerte de alguno de ellos se suben en las azoteas de las cárceles haciendo tronar sus largas armas de fuego, más potentes que las de los policías, y salen de permiso a la calle por un supuesto buen comportamiento. Hay tanto consenso sobre el hecho de que muchísimas extorsiones se hacen desde las cárceles utilizando celulares, que una de las pocas leyes aprobadas por unanimidad en la Asamblea Nacional es la que se acaba de aprobar para prohibir el uso de celulares en las cárceles.

Con estos antecedentes, la Ministra Iris Varela tiene el descaro de denunciar “en representación de los privados de libertad” que a 300 presos les falsificaron sus firmas para el referendo, cuando todo el mundo sabe lo fácil que era falsificar planillas de la MUD y enviarlas a la Unidad a través de algún infiltrado, y también saben el supuesto valor probatorio que puede tener la palabra de un condenado.

El pueblo de Venezuela cumplirá con su deber histórico de sustituir democráticamente a este régimen.

Omar Barboza Gutiérrez

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