Carlos Reverón Boulton 28 de junio de 2016
El
imperio de la ley (rule of law) no es otra cosa sino un régimen jurídico a
través del cual los agentes del Estado, así como, los ciudadanos están
sometidos a la observancia de las normas de derecho consagradas tanto en las
leyes como en los reglamentos, se trata del gobierno de las leyes y no de los
hombres; por lo que el Estado debe garantizar el cumplimiento de la ley, a la
vez que ésta limita el ejercicio del poder.
La ley
es un precepto dictado por una autoridad competente, que en nuestro caso es la
Asamblea Nacional, según lo establece el artículo 202 de nuestra Constitución,
la cual exige o prohíbe algo para lograr la paz y la tranquilidad social, cuyas
notas definitorias más importantes son: generalidad, pues aplica a todos los
individuos de la sociedad; obligatoriedad por su imperactividad; y permanencia,
ya que es dictada de manera indefinida.
No es
baladí que el imperio de la ley sea uno de los principios fundamentales del
Estado de Derecho, ya que el Estado debe regirse por un sistema de leyes en el
que cualquiera de sus ramas debe estar sujeta a una norma jurídica
preexistente. Así, todo el poder está subordinado al orden jurídico vigente.
Además de esta sujeción del Estado a la ley, en el Estado de Derecho son
necesarios además que se conjuguen estos otros principios: supremacía
constitucional, responsabilidad del Estado, control de los poderes del
Gobierno, respeto a los Derechos Humanos fundamentales, orden público, seguridad
jurídica, división de las funciones del Estado, impugnabilidad de los actos del
poder y justicia.
El
imperio de la ley (como el Estado de Derecho) es uno de los principales pilares
de la democracia, no solo porque todos los miembros de la sociedad están
obligados por igual a cumplir las leyes, sino también porqué ese imperio de la
ley obliga a que exista una separación de poderes entre las ramas del Gobierno,
un sistema de frenos y contrapesos del Gobierno (principalmente ejercido por el
Parlamento) y por un Poder Judicial independiente, cuya función más importante
es la de garantizar la supremacía constitucional y la de que el Gobierno
respete el impero de la ley; pero debe tenerse claro, que tal y como dijo
Kennedy, los jueces deben ser independientes no para hacer lo que prefieran,
son independientes para hacer lo que deben.
Resulta
evidente que actualmente en Venezuela no existe imperio de la ley, ya que ésta
solo obliga a algunos ciudadanos, visto que otros (principalmente los que
ostentan el poder) cuentan con privilegios, el Presidente y otros
representantes del Estado ejercen el poder de manera arbitraria y en clara
violación tanto a la ley, como a los fines que están obligados a perseguir y
que se desprenden del Estado Social de Derecho y de Justicia que contempla
nuestra Constitución.
Pero
mucho más grave aún es la ausencia de poderes autónomos, ya que principalmente
al Poder Judicial, representado en su máxima instancia por el Tribunal Supremo
de Justicia, hace ejercicio de sus funciones para limitar y desconocer la
voluntad popular manifestada a través de la Asamblea Nacional y las leyes que
ésta ha dictado y que han sido declaradas inconstitucionales en un abierto
ataque contra un poder constituido que, nada más y nada menos, representa la
voluntad soberana y que se manifiesta en la elaboración de las leyes que hoy en
día han sido desconocidas por el Tribunal Supremo de Justicia que no actúa a
través de la razón y del mandato de la Constitución y las leyes, sino para
complacer al Poder Político cuya única finalidad es mantenerse en el poder sin
importar las necesidades de los venezolanos y el respeto de los principios
democráticos.
Bien
es sabido que el ataque del Poder Judicial contra la Asamblea Nacional se ha
manifestado en diversas decisiones, sin un sustrato jurídico real, que solo
quiere desconocer la voluntad mayoritaria de los venezolanos que dieron una
suerte de mandato a la Asamblea Nacional para que legisle en su nombre, para su
beneficio y para el mantenimiento de la paz social.
Ese
desprecio a la autoridad de la ley también se ha manifestado a través del Consejo
Nacional Electoral que pareciera impedir o, por lo menos retrasar
indebidamente, el ejercicio de un derecho ciudadano, cual es el acudir a un
referéndum para revocar el mandato de Maduro, sobre el que se ha dicho -por
representantes del Gobierno ajenos al Poder Electoral- que ese derecho es solo
una opción, desconociendo así uno de los ejercicios fundamentales de la
democracia como son las elecciones a las que ahora la revolución rehúye y teme.
Por lo
hasta aquí dicho es claro que en Venezuela no existe el impero de la ley, como
tampoco Estado de Derecho y, por lo tanto, no hay democracia, ya que el
ejercicio del poder no puede realizarse de espaldas a la ley y la Constitución
o a través de la manipulación de éstos para desconocer las competencias y atribuciones
del órgano de representación popular, atacar a los ciudadanos en el ejercicio
del derecho legítimo de protesta y para sabotear el derecho a elecciones libres
según la voluntad de los ciudadanos. Atropellos que solo existen cuando los
poderes no son independientes entre sí, violan el mandato que están obligados a
seguir en sus actuaciones y le dan primacía al ejercicio arbitrario del poder
que ostenta el Presidente de la República por encima de los derechos ciudadanos
y los valores fundamentales de la democracia.
Es por
ello que en Venezuela no solo hace falta un nuevo Gobierno, sino uno que revise
de manera profunda cuáles son los límites del poder, de primacía al imperio de
la ley, que curiosamente es el que nos va a permitir reconstruirnos como una
sociedad libre, ya que la ley solo persigue que cada uno de los derechos
individuales interactúen armónicamente entre sí para que ninguna persona sea
más que la otra, es decir, que seamos iguales no solo ante la ley, sino entre
cada uno de nosotros y es allí donde debe poner el acento el poder, pues el
respeto a la ley logra la paz, la tranquilidad y el beneficio común.
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