Por Francisco Olivares
La imagen de un hombre en
silla de ruedas desafiando a un blindado de la Guardia Nacional Bolivariana que
lo enviste, que lo acosa, que lo amedrenta, sugiere un cuadro o más bien una
escena que describe con exactitud los tiempos trágicos que vive Venezuela,
los tiempos de Maduro, los de una “Venezuela en la decadencia”. La mirada firme
del hombre sentado en la silla, casi en solitario, que mira al monstruo verde
oliva que lo acecha, sin más armas que su convicción de que no hay otro camino,
que no hay otra fórmula para ser escuchado, tanto él como todo el poblado donde
habita. Tucupita, tierra de waraos, lleva dos días en la calle protestando por
“hambre”.
Otra imagen acompaña la
anterior es una cadena de pobladores con sus manos atadas con cintas plásticas
echados en el piso. Las noticias hablan de 148 detenidos y tres fallecidos en
dos días de protesta. Varios comercios saqueados y el pueblo militarizado.
“Protestamos por hambre” se lee en los manifiestos y una mujer que se atreve a
dar su testimonio describe cómo una hija suya se desmayó por hambre.
Hace unos días este poblado
también fue noticia cuando su población indígena tomó sus curiaras, y
navegó los caños del Delta para dirigirse al centro de validación de firmas
para exigir se inicie el proceso revocatorio para cambiar al Presidente de la
República. Ahora este mismo pueblo se suma a otros como Maracaibo y Cumaná
cuyos habitantes se han lanzado a la calle a exigir alimentos.
La crisis humanitaria que
sufre el pueblo venezolano ya es tema que ocupa a la mayoría de los líderes
mundiales. El Papa, Obama, la OEA, La Unión Europea y hasta los tradicionales
aliados del chavismo concluyen en la necesidad de un cambio en el país.
Pero tal parece que eso no
está incluido en la agenda de Nicolás Maduro. Cumaná y Tucupita hablan por el
gobierno. No se acepta la crisis humanitaria y quien proteste será reprimido,
encarcelado y pasado a juicio. ¿Cuántos son 100, 200, 300? Eso no importa.
Siguiendo el método cubano la protesta no es aceptable, el diálogo no tiene
audiencia con gente que reclama.
Los voceros oficiales viven
en un espacio paralelo. “Venezuela es un país donde se respetan los
derechos humano” dice una defensora pública. La ministra de Salud asegura
que no hay tal crisis humanitaria y expresa sin inmutarse: “Cuando me
dicen que falta algún medicamento siempre pregunto ¿Cuál medicamento?” y las
páginas oficiales indican que el Sistema de Abastecimiento Seguro garantiza que
“los alimentos lleguen a todos los venezolanos”.
Los analistas sostienen que
las protestas por hambre siguen atomizadas y surgen de manera espontánea. Y
ciertamente la militarización es una medida que trata de garantizar que
situaciones como las de Cumaná y Tucupita se conviertan en un segundo
“Caracazo” o incendien la pradera en todo el país.
La válvula de escape para
una salida pacífica, “el revocatorio”, está siendo atascado por el TSJ, el CNE
y el gobierno. La represión desmedida en estos dos poblados y el cierre de una
posibilidad electoral indican cuál es la postura gubernamental.
Esto quiere decir que no hay
una consideración de cambio desde el gobierno, no se acepta una salida
electoral ni las recomendaciones de renuncia del Presidente que se solicitan a
lo interno del PSUV. ¿Será entonces que el gobierno ha optado por la ruta difícil
para todos?
02-07-16
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