Benigno Alarcón 23 de febrero de 2021
@benalarcon
Cuando estamos a mitad del primer trimestre del año,
el gobierno continua a la ofensiva, avanzando en su tríada estratégica
(represión, diálogo y elecciones) a la que hemos hecho referencia durante las
últimas semanas, mientras del lado de la oposición continúa sin haber humo blanco
en relación a las decisiones que en lo estratégico urge tomar y anunciar.
Durante los últimos días, en línea con la estrategia
implementada, el gobierno avanza en tres frentes.
El primero es el electoral, en el que la Asamblea
Nacional controlada por el oficialismo como resultado de las cuestionadas
elecciones parlamentarias de diciembre de 2020 que fueron desconocidas por
la oposición nacional y la mayoría de los países de la comunidad internacional
democrática, se mueve rápidamente hacia la instalación del nuevo Consejo
Nacional Electoral que regirá las elecciones regionales, municipales y
presidenciales que se celebren entre este año y el 2024, así como cualquier
otro evento electoral, como un referéndum, que pusiese en peligro su
permanencia en el poder. Es así como, en las sesiones del martes 9 y del
jueves 11 de febrero, la Asamblea Nacional juramentó a todos los integrantes
del Comité de Postulaciones Electorales, y para el próximo 21 de
abril se espera que esta comisión de postulaciones presente ante la
plenaria del Parlamento los nombres de los candidatos a rectores
preseleccionados.
En paralelo, el régimen emprende una importante
ofensiva contra los gobiernos que han aplicado sanciones a Venezuela, en
especial contra los Estados Unidos, en la que se pretende responsabilizarlos de
la crisis humanitaria y la migración masiva. Esta campaña, en la que se
combinan los esfuerzos de lobbiests internacionales, gobiernos
y funcionarios que simpatizan o son aliados al régimen, e intereses de actores
nacionales, tiene una doble utilidad: la de transferir la responsabilidad y los
costos políticos de la crisis social y económica generada por las políticas
gubernamentales a terceros, para lograr, como ganancia adicional, la reducción
de la presión que se deriva de tales sanciones. La expresión más tangible sobre
esta ofensiva contra las sanciones la tenemos en las declaraciones de la
relatora de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan, al
finalizar su visita al país, en las que se destaca que las “las sanciones
unilaterales de EEUU y la UE han exacerbado las calamidades reportadas” a lo
cual el director del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para el
hemisferio occidental, Juan González, respondió, asegurando que la
administración Biden no tiene planeado levantar sanciones contra el Gobierno de
Nicolás Maduro, pese al exhorto de la relatora de la ONU a removerlas.
Mientras tanto, el régimen avanza en los diálogos
selectivos con algunos sectores, como el empresarial, que, al igual que hizo
con una diversidad de partidos políticos minoritarios de cara a la pasada
elección parlamentaria, pretende cooptar y dividir valiéndose del control sobre
tres importantes fuentes de poder: el control del gobierno (independientemente
de su legitimidad, gracias al control institucional y del aparato represivo),
el control de las reglas de juego, que es rol principal de la Asamblea
Nacional, y el control de los recursos del Estado.
En consonancia con la estrategia implementada, se
espera que continúe alimentándose la narrativa contra las sanciones y quienes
las implementan o defienden, así como el “marcaje” y las descalificaciones
contra todos quienes se conviertan en voceros incomodos para el gobierno y sus
interlocutores. Asimismo, cabe esperar que Maduro utilice su tiempo en la
Asamblea de Naciones Unidas para posicionar esta narrativa, que se reforzaría
con la inclusión de otros “voceros independientes”, la fabricación de “informes
técnicos” y “estudios de opinión pública”, sin mayor fundamento científico, con
los que se pretende continuar la campaña contra las sanciones, poner a la
defensiva al gobierno de Biden y a las democracias europeas, así como defender
aquellas negociaciones con determinados sectores que resultan convenientes para
el gobierno.
Como sucede con el pez, que no se entera que está en
el agua hasta que se la sacan, para quienes participan en estos diálogos es
importante no ignorar quien controla el agua, o sea el poder, así como las
diferencias entre dialogar y negociar. En este sentido, tratemos de
desmitificar algunas falsas concepciones sobre la negociación.
¿Qué es negociar?
Cuando hablamos de negociar nos referimos a la
interacción entre actores (individuos u organizaciones) cuya finalidad es
explorar la posibilidad de un acuerdo que les permita, a través de la
cooperación y la coordinación de sus acciones, lograr algo que es superior o
mejor que lo que ya tienen o pueden conseguir por otros medios.
¿Es lo mismo dialogar, negociar o mediar?
No. Dialogar se refiere a la comunicación en la que
dos o más personas realizan un intercambio de información u opiniones,
alternándose el papel de emisor y receptor. En una negociación hay
comunicación, se dialoga, pero el diálogo, a diferencia de la negociación, no
tiene como objetivo la exploración de un posible acuerdo. Mientras que cuando
hablamos de mediación nos referimos a una metodología de negociación asistida
en la que interviene un tercero para ayudar a las partes a alcanzar un acuerdo.
Tanto en la negociación directa como en la asistida (mediación) la resolución
de un conflicto depende de la voluntad de las partes.
¿Es posible una transición negociada entre el
oficialismo liderado por Maduro y la oposición liderada hoy por Guaidó?
No, mientras las condiciones del juego no cambien. Si mediante
la negociación (directa o asistida) las partes buscan alcanzar un acuerdo que
les permita, a través de la cooperación y la coordinación de sus acciones,
lograr algo que es superior o mejor para ambos que lo que ya tienen o pueden
conseguir por otros medios, lo que tienen hoy o lo que pueden hacer sin la
cooperación del otro (lo que en negociación se conoce como las alternativas de
las partes) hace la diferencia entre poder o no alcanzar un acuerdo. La
relación entre el régimen liderado por Maduro y la oposición ha sido totalmente
asimétrica a favor del régimen que controla el poder, razón por la cual para el
régimen el statu quo resulta más favorable que cualquier cambio político
derivado de un acuerdo, que implicaría, a fin de cuentas, un cambio en el
equilibrio de poder desfavorable para el régimen.
¿Es posible un acuerdo negociado entre el régimen y
otros actores o sectores de la oposición?
Sí, pero dentro de ciertos límites. Y fuera de esos
límites está todo lo que abone a una posible transición política. Cuando
hablamos de sectores o actores de oposición nos referimos a los que se oponen a
quienes hoy ocupan el poder y buscan un cambio de gobierno. A partir del
momento en que el oficialismo ha dejado de ser mayoría, el régimen ha recurrido
a la inhabilitación de candidatos y partidos y a una estrategia de
fragmentación de la oposición y, en consecuencia, de dispersión del voto
opositor, que dió al oficialismo más del 90% de los parlamentarios, y que hoy,
ante el atractivo aún mayor de las elecciones regionales y municipales, se
vuelve a perfilar como la estrategia electoral a ser implementada por el
régimen. En este sentido, la negociación entre gobierno y algunos actores o
partidos de oposición se implementa como estrategia de división, en la que los
acuerdos incluirán el facilitar las condiciones de participación para ampliar
el número de candidatos que compiten contra la unidad oficialista en cada
circunscripción, e incluso se podría llegar a sacrificar algunos espacios
subnacionales, pero nunca nada que implique poner en riesgo el control del
poder a nivel nacional.
¿Es posible un acuerdo negociado entre el régimen y
otros sectores de la sociedad civil?
Sí, pero también dentro de ciertos límites. Y fuera de
esos límites está lo político. Es predecible que el régimen tenga disposición a
negociar acuerdos, por ejemplo, con el sector empresarial, que permitan paliar
los efectos de la caída de los ingresos del Estado, deshacerse de algunas
empresas improductivas o costosas que están en sus manos, transferir la
prestación de servicios públicos, o generar fuentes de renta para actores
esenciales de los que depende la sustentabilidad del régimen, entre otros que
impliquen un balance costo/beneficio favorable a la gobernabilidad del sistema.
A todo evento, la viabilidad y sustentabilidad de tales acuerdos queda en manos
del gobierno que puede usarlos como mecanismos clientelares para garantizarse
la sumisión de los sectores más dependiente de tales acuerdos.
¿Los acuerdos tempranos en áreas ajenas a la política
ayudan a construir confianza y a alcanzar acuerdos en lo político?
No necesariamente. Como deciamos, una transición
negociada no es posible mientras las condiciones del juego no cambien y no sea
el gobierno quien necesite de tal negociación. Algunos alegan la construcción
de confianza como una ventaja de estos acuerdos tempranos, y ciertamente ello
puede lograrse a través de la implementación de negociaciones progresivas. Pero
la construcción de confianza no es irreversible, y se revierte cuando los intereses
de las partes comienzan a diferir y pasamos de la cooperación conveniente a la
negociación de aquellos asuntos que coliden con el interés principal del
régimen, que es el de mantener el poder político, con el inconveniente
adicional de que al haber sido negociados aquellos temas en los que el régimen
tiene interés, los más dificiles, como el político-electoral, quedan en una
situación mucho más dificil para ser negociados al no haber otros asuntos que
permitan compensar por su importancia para la élite gubernamental.
¿Cómo se garantiza el cumplimiento de los posibles
acuerdos que como resultado del diálogo se alcancen tanto en lo político como
en otras áreas?
No hay garantía. En este caso, el cumplimiento de los
acuerdos depende de las partes, y en especial de quién detenta el poder. La
diferencia esencial entre un régimen democrático y uno autoritario está en la
distribución del poder. En una democracia el poder se distribuye entre varias
instancias autónomas, que incluye un entramado institucional y los canales para
el ejercicio de la soberanía ciudadana. En el caso de un régimen autoritario el
poder no se distribuye en un entramado de instituciones autónomas y menos aún
se permite depender de la voluntad de sus pueblos. Sino fuese así no tendrían
la necesidad de ser autoritarios. En tal sentido, mientras un régimen
autoritario ocupa el poder no hay garantía de cumplimento de los acuerdos
políticos ni de ninguna naturaleza, ya que todo depende de la voluntad y
conveniencia de quien gobierna. Para que haya garantías es necesario
redistribuir el poder entre un entramado institucional que sea autónomo y que
pueda, por lo tanto, garantizar la vigencia de acuerdos, leyes o reglas, y ello
implica, en esencia, un cambio de régimen.
¿Qué cabe esperar de los actuales procesos de diálogo
emprendidos por la Asamblea Nacional y algunos sectores?
Primero, lo que no cabe esperar son cambios en lo
político, incluyendo un Consejo Nacional Electoral equilibrado, así como
tampoco elecciones libres y democráticas. Lo que sí cabe esperar son algunos
acuerdos parciales o sectoriales que sí interesan al régimen, como son los
relacionados con la atracción de inversiones hacia algunas actividades que
generen recursos al Estado, y que se harán tras un velo de confidencialidad
provisto por la ley anti-bloqueo y las demás que a estos fines se promulguen
gracias al control de la Asamblea Nacional. Asimismo, cabe esperar acuerdos que
permitan la generación de recursos en los que participan actores esenciales
para el sostenimiento del régimen, la entrega de concesiones en servicios o
actividades que el Estado no puede proveer, la reactivación de algunas empresas
previamente expropiadas que hoy se encuentran improductivas, así como en todo
lo que pueda contribuir a generar una sensación de normalización. Asimismo, en
las actividades no empresariales, como las desarolladas por algunas ONGs, sería
posible cierto margen de flexibilización para el desarrollo de sus actividades,
siempre que éstas se mantengan al margen de lo político y, en algunos casos,
como el de las organizadas para la asistencia social o humanitaria, bajo la
condición de que se apeguen a criterios impuestos desde el régimen, que obedecerán
siempre a razones político-clientelares. En esta dinámica habrá negociaciones
sectoriales, pero también muchas negociaciones individuales, con las
consecuentes dinámicas de corrupción y cooptación, lo que generará grandes
asimetrías que serán evidentes entre actores de un mismo sector, pero sobre
todo en los contrastes de la calle entre quienes sobreviven y quienes se
enriquecen. De estos procesos no cabe esperar ningún cambio de modelo ni un
milagro económico, y ni tan siquiera algún nivel significativo de crecimiento,
por lo que la mayoría de la población seguirá emprobreciéndose.
¿De qué depende el éxito de una negociación política?
El éxito de una negociación política, entendido como
la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita el retorno a la democracia,
depende de las alternativas que tenga el régimen. Mientras el régimen esté en
capacidad de mantener el poder y la oposición no tenga la capacidad de
disputarselo, no habrá razones para que el régimen negocie una transición
política ni nada que ponga en riesgo su continuidad en el poder. Por lo tanto
el éxito de una negociación política depende de lo que está sucediendo fuera de
la mesa de negociación, o sea de las condiciones que han obligado a la élite
gubernamental a sentarse en la mesa ante la expectativa de perder el poder sin
tener la oportunidad de negociar sus condiciones para facilitar el proceso.
¿Cómo prepararse para una negociación política que nos
lleve a la democracia?
Prepararse para una negociación política exitosa
implica que las alternativas que el régimen tenga fuera de la mesa de
negociación no sean más atractivas que las que se deriven de un potencial
acuerdo. Implica un cambio en las expectativas que el régimen tiene sobre su
capacidad para sostenerse en el poder que lo obligan a considerar la
conveniencia de cooperar. Para ello es necesario que se produzca un cambio en
el equilibrio de poder entre el gobierno y la oposición para pasar de una
situación de asimetría que es favorable al gobierno a una que sea favorable a
la oposición, o al menos de mayor equlibrio entre las partes. Ello implica,
necesariamente, una reducción en el poder que detenta la élite gubernamental,
un aumento del poder de la oposición, o ambas cosas en simúltaneo. Tales
cambios en el balance de poder se han dado de maneras diversas, pero casi
siempre han implicado un debilitamiento de la cohesión interna del régimen y la
movilización de las fuerzas democráticas como consecuencia de un cambio de
expectativas, en el que los liderazgos opositores tienen una responsabilidad
principal.
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