Efecto Cocuyo 18 de febrero de 2021
Partidos políticos de oposición se pronunciaron este
miércoles 17 de febrero para advertir que la Corte Penal Internacional (CPI)
no puede cerrar el expediente por crímenes de lesa humanidad en Venezuela
porque el Estado, actualmente controlado por Nicolás Maduro, no es
capaz de garantizar justicia para las víctimas.
“Insistimos ante la CPI que en Venezuela no hay
posibilidades de hacer justicia, pedimos que abra el juicio formal. Un
requisito para acudir a organismos internaciones es que se agote la vía
interna. De un tiempo para acá se ha logrado demostrar y lo ha dicho Michell
Bachelet en sus informes, que no hay forma de tal agotamiento porque no hay
estado de derecho”, expresó la presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa
Solórzano.
Desde la plaza Los Palos Grandes, municipio Chacao,
recordó que tanto en los informes de la alta comisionada de Naciones
Unidas como en el de la Misión de Verificación de Hechos, quedó
evidenciado que en Venezuela las violaciones de DD. HH. se convirtieron en
crímenes de lesa humanidad. Por esa causa, recuerda, hay un expediente
abierto en la CPI.
En compañía de dirigentes de Voluntad Popular y
Copei, la defensora de derechos humanos informó que sostuvo una reunión
con el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, en compañía de
una de las víctimas, quien a su vez representó a 180 personas que han brindado
su testimonio ante las instancias internacionales. Allí, destacó, se expuso el
estatus de las desapariciones forzadas en el país.
Maniobra de Saab
El fiscal designado por la Asamblea Nacional
Constituyente, Tarek William Saab, remitió a la CPI un segundo
informe (el primero lo entregó en noviembre) sobre la situación de
DDHH en Venezuela. Esto, para “cumplir y dar contundente respuesta a las
solicitudes remitidas” por ese tribunal.
La gestión, es interpretada por Solórzano, como
un intento de quitarle la jurisdicción a la Corte para
aparentar que basta con las investigaciones y juicios que se adelantan contra
autores materiales de crímenes como el del exconcejal del municipio
Libertador, Fernando Albán, mientras los intelectuales están
libres.
“No puede cesar la competencia de la CPI porque en
Venezuela no hay justicia ni posibilidades de hacerla, la falta de
justicia se mantiene. Dicen que hay autores materiales en prisión, pero la
cadena que ordena los crímenes permanece impune y la persecución continúa”,
fustiga.
Informe “sesgado”
La exparlamentaria también rechazó “por sesgado” el
informe presentado por la relatora especial de la ONU sobre
sanciones, Alena
Douhan, luego de su reciente visita al país.
Aseguró que la parcialización de la funcionaria se
manifestó desde los cuestionarios hechos a las víctimas. Reiteró que la visita
de organismos independientes, también de Naciones Unidas, al país, han sido
negadas porque no convienen a Maduro.
“Maduro hablará ante la Consejo de DD. HH. de la
ONU, él pretende limpiar su cara y tratar de evitar que organismos como la
CPI actúen. Debería darle vergüenza, deberían pedirle explicaciones porque es
responsable directo de varios crímenes de lesa humanidad, esperamos que sea una
oportunidad para que se le pida explicaciones”, insta.
Maduro será uno de los mandatarios que intervendrá en
la inauguración de la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, el próximo 22 de febrero, según anunció este organismo.
Recordó que las investigaciones por violaciones de
DDHH abarcan la muerte del excicpc, Oscar Pérez, a manos de organismos de
seguridad del Estado, como las muertes ocurridas durante las manifestaciones
contra el Gobierno de 2014 y que así lo informó la Corte.
Saludó igualmente la designación del nuevo fiscal de
la CPI, Karim Khan, quien asumirá funciones a partir del 15 de
junio de este año, en sustitución de Fatou Bensouda, quien
hasta entonces seguirá conociendo sobre el caso venezolano. Solórzano aclaró
que el nuevo nombramiento no implica interferencias ni retrasos.
“La CPI debe mantener el caso y abrir juicio”,
insistió. Por último mencionó que para el mes de marzo se espera un segundo
informe de la Misión de Verificación de Hechos, una actualización de lo ya
registrado.
Dicha Misión
presentó el 16 de septiembre de 2020 un informe en el que determinó
que hay fundamentos creíbles para afirmar que el gobernante Nicolás Maduro y
sus ministros de Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de crímenes
de lesa humanidad.
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