Humberto García Larralde 01 de octubre de 2019
El
supuesto acuerdo entre partidos minoritarios y el régimen de Maduro ha
enturbiado el aire en sectores opositores. Cumplió así con uno de los objetivos
que buscó el madurismo: lograr ser reconocido por quienes dicen ser opositores,
desmoralizar con ello a la población e intentar confundir a los países
democráticos que depositaron su confianza en Juan Guaidó. Pero los
descalificativos ad-hominem –contra la persona y no contra su argumento—no se
justifican. Además de restar fuerzas en vez de sumar, el torneo de dimes y
diretes obnubilan el sentido de la lucha contra la dictadura. A riesgo de
“llover sobre lo mojado”, conviene retomar aspectos que muchos dan por sentado
a ver si evitamos tal extravío.
El
problema
Venezuela
se encuentra colapsada en prácticamente todos los ámbitos salvo, hasta ahora,
en la disposición mayoritaria de sus habitantes por desalojar del poder a los
responsables de este desastre. Sobran diagnósticos y cifras: Somos el país que,
no estando en guerra, registra el mayor desplome económico en el mundo moderno.
Hambre, desolación, servicios destruidos y muerte es lo que hoy queda de una
nación antes reconocida por sus oportunidades: un estado fallido. De ahí la
imperiosa necesidad de cambios fundamentales que permitan rescatar sus enormes
potencialidades y dotar a sus residentes de la oportunidad de vivir dignamente
conforme a sus esfuerzos, talentos y aptitudes. Se trata de acortarles los
terribles padecimientos que hoy sufren y devolverles un país en el que prive la
libertad y la justicia. En fin, evitar convertirnos en el “ex país” de que
habla Agustín Blanco Muñoz.
Para
ello es imprescindible desalojar a la oligarquía militar – civil que hoy usurpa
el poder político. Ésta se niega a irse o a cambiar sus políticas porque de
ello depende su depredación de la riqueza social. Recurre, por ende, a medios
represivos crueles –asesinatos, secuestros, torturas, persecuciones, razias de
exterminio (FAES) y demás elementos del arsenal del terrorismo de estado—para
preservar sus privilegios, en el puro estilo fascista. El informe de la
Bachelet es bastante elocuente al respecto. Le entrega la seguridad de estado a
la inteligencia castrista y, más allá, empodera a bandas de malandros y cuerpos
o agentes de seguridad (FAES) como fuerza de choque para intimidar o eliminar a
opositores. Asimismo, ha entregado zonas importantes del territorio nacional
–fronteras y áreas mineras de Guayana—a la guerrilla colombiana y/o al narcotráfico.
Conforma una organización criminal –un atajo mafioso—cuyo eje central lo
constituyen altos oficiales militares prostituidos por corruptelas, fuentes de
oportunidades para el lucro inusitadas.
Esta
oligarquía potencia su crueldad al ampararse en una construcción ideológica
basada en símbolos patrioteros y elementos de la mitología comunista, que la
hace refractaria a todo entendimiento con las fuerzas democráticas. Como
genuinos herederos de Bolívar y depositarios de conquistas providenciales de
una prometida “revolución”, se sienten envestidos de una superioridad moral
ante sus críticos, devenidos en enemigos. Se aíslan en una falsa realidad que
les exime de tener que rendir cuentas o de justificar sus acciones y que, cual
bálsamo limpiador, les absuelve sus crímenes. Esta ideología propicia la
conversión de sus seguidores en sectas, inmunes a toda increpación racional, e
invoca la solidaridad automática de mentes retrógradas en otros países que,
insólitamente, se auto califican de izquierda (¡!).
¿Negociaciones?
Es
iluso pretender que a esta oligarquía militar – civil la anima la búsqueda de
consensos o de propósitos compartidos, que está dispuesta a respetar las
posiciones del otro. Cerró las salidas políticas al impedir el referendo
revocatorio y demás manifestaciones de la voluntad popular al inhabilitar a la
oposición en elecciones que no gozaban de garantía alguna, confiscar las
atribuciones de la Asamblea Nacional, negar los derechos civiles y políticos de
la población –incluidos los diputados a la AN—y violentar, en general, el
ordenamiento constitucional. Abandonó las negociaciones auspiciadas por Noruega
por no estar dispuesta a concertar unas elecciones presidenciales confiables.
Sólo
aumentando la presión, profundizando las sanciones internacionales contra los
esbirros y demás personeros de la mafia cívico-militar y potenciando por
distintas vías la protesta popular, sin abjurar de la amenaza velada de
aplicar, en última instancia, acciones más contundentes, podrán arrancársele
concesiones al régimen fascista. Ante este “cuadro cerrado”, es que Putin
exhorta a Maduro su regreso a la negociación. Pretender que la liberación de
Edwin Zambrano y de uno que otro preso político, y el retorno de la fracción
fascista a la Asamblea Nacional fue gracias a Fermín, Mujica y Timoteo, y que
de ahí se desprende “negociar” el levantamiento de algunas sanciones y/o de
exigencias –¿elecciones con Maduro en el poder?— a cambio de “conquistar” más
concesiones, es no entender en absoluto lo que está en juego. Es el eterno juego
cubano: levantar temporalmente la represión, liberar algunos presos que nunca
debieron estarlo, para después encarcelar a otros cuando la presión amaina,
buscando, engañosamente, revertir la absoluta falta de legitimidad ante el
mundo de fuerzas democráticas. Pero la AN continúa en “desacato” sin sus
potestades constitucionales, la asamblea constituyente sigue activa –con
diputados fascistas jactándose de pertenecer a ambas cámaras–, el tsj cómplice
busca liquidar lo que queda de las universidades públicas y se mantiene el
terrorismo de estado. Y la mafia militar recurre cada vez más al saqueo de las
riquezas minerales y a otras actividades delincuenciales, para atornillarse en
el poder, ahora en alianza con el ELN y la Farc cimarrona.
¿Dónde
estamos?
A
pesar del deterioro acelerado de la situación del país, el avance hacia una
salida democrática parece estancarse. El estamento militar corrupto y la
contrainteligencia cubana todavía mantienen su control sobre lo que queda de
una FAN disminuida. Alternativamente, se recurre cada vez más a bandas
paramilitares: colectivos fascistas y FAES. Aunque las sanciones han
restringido las oportunidades para sus ilícitos, las mafias siguen depredando
al país con impunidad al detentar el poder de manera irrestricta. No les
importa que se agrava el sufrimiento de la población. Al haber obturado el
juego político, se inmunizan ante las presiones por el cambio. La enorme
tragedia de esto es que puede perpetuar una situación de estancamiento crónico,
en que las fuerzas democráticas no logren desalojar al fascismo, pero en la que
éste tampoco consiga abatir las amenazas a su poder. Tal eventualidad tendrá
terribles consecuencias para los venezolanos. Los precios internos se han
dolarizado, pero el país no genera dólares. Mientras se desploma la economía y
la productividad, también lo hace el salario: el mínimo está en apenas 2
dólares ¡al mes! Si bien en algo lo compensa el hecho de tener servicios
públicos y gasolina regalados, éstos están cada vez más colapsados. Por su parte,
pretender que el reparto de cajas CLAP, sea una solución insulta la dignidad
del venezolano. La corrupción hace estragos con este reparto, cada vez menor y
de disminuida calidad. Lamentablemente, tal estado de miseria agónica puede
perdurar si nos resignamos a ello.
La
viabilidad del juego político implica necesariamente restituirle poderes plenos
a la Asamblea Nacional, levantar la persecución a diputados y líderes
democráticos, liberar los presos políticos y disolver la asamblea constituyente
fraudulenta. La negociación puede facilitar este proceso si la correlación de
fuerzas no le deja más opción a la mafia milico – civil. Para ello será
decisivo el fortalecimiento de una opción democrática unida, aglutinada, con
sus aciertos y errores, en torno a Juan Guaidó, y la intensificación de las
presiones de los países amigos en contra del régimen de Maduro.
Humberto
García Larralde
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