Juan Bautista Salas 22 de octubre de 2019
@elimpulsocom
Empleadores y trabajadores de las distintas centrales
sindicales, acordaron unir sus esfuerzos para lograr que el Gobierno de
cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la
Organización Internacional del Trabajo, que hace un par de meses estuvo en
Venezuela, según anuncio hecho en conferencia de prensa.
En efecto, Fedecámaras, organización
empleadora reconocida por la OIT como la más representativa del país, junto con
las organizaciones sindicales independientes(CTV, Unete, Fetrasalud) informaron
hoy a la opinión pública del contenido del Informe emitido el pasado 17 de
septiembre, por la Comisión de Encuesta designada por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en el procedimiento de Queja según el
art. 26 de su Constitución, denominado: “Por la reconciliación nacional y la
justicia social en la República Bolivariana de Venezuela”, el cual
se pronuncia sobre las violaciones del Gobierno denunciadas por Fedecámaras y
más de 30 organizaciones empleadoras en la 104ª Conferencia Internacional del
Trabajo del año 2015, referidas a los Convenios 26 (sobre los métodos para la
fijación del salario mínimo), 87 (sobre libertad sindical y derecho de
sindicación) y 144 (sobre consulta tripartita) ratificados por la República.
Luego de casi 20 años de denuncias ante los distintos
órganos de control de la OIT, en los cuales el Gobierno desoyó los múltiples
exhortos a cumplir los Convenios, el caso llegó a su máxima instancia, al
acordarse en marzo de 2018, la conformación de una Comisión de Encuesta,
constituyendo ésta la número 13 en los 100 años de historia del organismo
internacional.
Los miembros de la Comisión, designados en junio de
2018, analizaron los alegatos de los empleadores querellantes, del Gobierno y
de los testigos de organizaciones sindicales de trabajadores llamados al
proceso, prestados bajo el juramento de la Corte Internacional de
Justicia.
La Comisión, en el informe emitido recientemente,
resaltó además de la violación de los derechos sindicales que estos se basan en
el respeto de las libertades civiles enumeradas en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
y que éstos carecen de sentido cuando no existen tales libertades.
La Comisión identificó un “persistente
hostigamiento a Fedecamaras y a sindicatos no afines al Gobierno, que afectan
la existencia y la acción de organizaciones libres e independientes y el
desarrollo de un diálogo social de buena fe, en un ambiente de confianza y
respeto mutuo”.
También resaltó la Comisión la situación de impunidad
en los hechos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización e
intimidación contra las organizaciones sindicales, pues no son esclarecidos, ni
determinadas judicialmente las responsabilidades del caso, y la administración
de justicia es tan lenta que los procesos se perpetúan, irrespetando el derecho
a la tutela judicial efectiva; lo que representa una gravísima vulneración de
las garantías de libertad sindical consagradas en el Convenio 87.
Cuestionó que el Gobierno configure actividades
propias del ejercicio de gremial y sindical como un delito, así como el
sometimiento de dirigentes civiles a la jurisdicción militar.
La Comisión lamentó no poder descartar que, hechos de
violencia física o material, o la restricción de la libertad de expresión
contra dirigentes sindicales, hayan ocurrido como consecuencia de su actividad
sindical y gremial, con la intención de “impedir, disuadir o reprimir su
realización”.
La Comisión concluye que ejercer la actividad sindical
en Venezuela constituye un “alto riesgo” y determina que “el Gobierno es
responsable de tomar las medidas para asegurar que las actividades gremiales y
sindicales legítimas puedan tener un desarrollo pleno y libre de violencia en
el país, sin injerirse en las mismas”.
La Comisión hizo referencia a la falta de cooperación
durante el procedimiento de los organismos de seguridad del Estado (SEBIN, DGCIM,
CICPC, FASE y GNB), al no presentar los recaudo solicitados, al igual que
lamentó la reticencia de la Fiscalía a entregar información sencial para la
realización de sus averiguaciones de modo completo y objetivo, todo lo cual, en
un contexto generalizado de violencia y acoso, hace presumir que los órganos de
seguridad del Estado actuaron en muchos casos, con un objetivo represivo y
disuasivo, en grave vulneración de los derechos humanos, las libertades civiles
y la libertad sindical.
La Comisión determinó numerosas violaciones a los
convenios internacionales 87, 26 y 144 que fueron reflejadas en el informe
elevado a la consideración de la OIT.
En consecuencia, la Comisión emitió las siguientes
Recomendaciones al Gobierno:
1) Cesar de inmediato
el clima de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación o
agresión contra personas u organizaciones sindicales, permitiéndoles ejercer
sus actividades gremiales, incluyendo su participación en el diálogo social con
todas las garantías;
2) No utilizar los
procedimientos judiciales y las medidas cautelares y sustitutivas para coartar
la libertad sindical, incluido el sometimiento de civiles a la jurisdicción
militar;
3) Liberar, de
inmediato, a todo empleador o sindicalista que pudiese permanecer en prisión en
relación con sus actividades legítimas;
4) Investigar sin
dilación y determinar responsabilidades sobre los autores materiales e
intelectuales de los hechos que impiden el ejercicio de la libertad sindical.
5) Adoptar las medidas
necesarias para asegurar el Estado de derecho, en particular, la separación de
poderes.
6) Asegurar el pleno
respeto de la autonomía de las organizaciones sindicales y suprimir todo acto
de favoritismo o injerencia en las organizaciones de empleadores y
trabajadores.
7) Eliminar, en la
legislación y en la práctica, todas las disposiciones o instituciones incompatibles
con la libertad sindical.
8) Organizar programas
de formación con la OIT para promover la libertad sindical, la consulta
tripartita y el diálogo social para funcionarios públicos y organizaciones
sindicales.
9) Cumplir con la
consulta obligatoria prevista en los Convenios 26 y 144 y cesar en la exclusión
del diálogo social a FEDECAMARAS y a las organizaciones sindicales no afines al
Gobierno.
10) Establecer
procedimientos de consulta tripartita efectiva u otras formas
institucionalizadas de diálogo social, a cuyo fin se recomendó al Gobierno la
creación de 3 mesas de diálogo las cuales deben constituirse antes del Consejo
de Administración de la OIT de marzo de 2020:
a) una mesa de diálogo tripartito que incluya a todas las organizaciones representativas; b) una mesa de diálogo entre las autoridades y FEDECAMARAS
c) una mesa con las organizaciones de trabajadores
representativas
Estas mesas deben contar con un cronograma de
reuniones y una presidencia independiente que tenga la confianza de los actores
tripartitos, así como con la presencia y asistencia de la OIT, a solicitud de
cualquiera de éstos.
Las recomendaciones son de cumplimiento inmediato y
deben ser aplicadas, sin más demora, a más tardar el 1º de septiembre de 2020.
Cierra su Informe la Comisión de Encuesta señalando que el diálogo social ha de
operar como herramienta tanto para hacer frente a las transformaciones del
mundo del trabajo y a las necesidades del desarrollo económico sostenible, como
para contribuir a la democracia, la reconciliación nacional y la justicia
social para una paz y prosperidad duraderas en Venezuela.
La OIT se mantiene a la disposición de los actores
tripartitos del país para facilitar y acompañar este proceso. Los progresos sobre
estas recomendaciones serán supervisados activamente por los órganos de control
de la OIT y el Gobierno debe presentar los avances sobre la aplicación de los
Convenios ante la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones (CEACR) para su examen en la reunión de noviembre-diciembre
2020.
El Informe de la Comisión de Encuesta será considerado
por el Consejo de Administración de la OIT el 6 de noviembre de 2019. Conforme
a lo previsto en el artículo 29 de la Constitución de la OIT, una vez
notificado el Informe por el Director General al Gobierno, éste dispone de 3
meses para comunicar si acepta o no las recomendaciones y, en caso de no
aceptarlas, si desea acudir a la Corte Internacional de Justicia.
El Informe refleja cómo los ataques a las
organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores se han traducido en un
profundo deterioro en el tejido empresarial, en los trabajadores, en las
relaciones laborales y en el sistema político, económico, jurídico y social del
país, conduciendo a un enorme debilitamiento de la institucionalidad y de la
democracia en el país.
La trascendencia del informe
Ciertamente, el Informe configura un antes y un
después en la
construcción de las relaciones de trabajo en Venezuela y constituye
un paso determinante para recomponer la vida laboral y social del
país.
construcción de las relaciones de trabajo en Venezuela y constituye
un paso determinante para recomponer la vida laboral y social del
país.
La Comisión de Encuesta ha cumplido su cometido, con
creces, al emitir este Informe que reconoce con diáfana claridad, la realidad
nacional, identificando las debilidades presentes en materia de derechos
civiles y sindicales y del estado de derecho en el país.
Quedará en manos del Gobierno y de su voluntad
política, dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta
para iniciar de inmediato el proceso de restitución de las libertades ciudadanas,
civiles y sindicales por tantos años vulneradas en Venezuela.
El sector sindical independiente del país y
Fedecámaras, como organización sindical más representativa de los empleadores,
expresamos nuestra firme disposición y compromiso en la recuperación de
Venezuela.
Esperamos que la instalación de las mesas de diálogo
recomendadas por la Comisión de Encuesta, constituya un punto de partida para
construir un gran acuerdo nacional que nos conduzca a una mejora sustancial en
la capacidad productiva y en el bienestar de la población y así superar la
grave crisis política, económica y social que vive Venezuela.
En esta reunión estuvieron participando, Ricardo
Cusanno, presidente de Fedecamaras; José Elías Torres, Secretario General de la
CTV, Servando Carbone, directivo de UNETE; Pablo Zambrano, de Fetrasalud, entre
otros.
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