Gloria Salazar/Xavier Rodríguez 19 de octubre
de 2019
La
inclusión de Venezuela este 17 de octubre en el Consejo de Derechos Humanos de
la ONU, con 105 votos a favor, además de generar sorpresa y rechazo en vastos
sectores de la sociedad venezolana, deja abierta una serie de interrogantes que
deben ser respondidas para entender las implicaciones, el significado y cómo
nos afectaría desde la perspectiva democrática esta elección.
Lo
primero que debe quedar claro es que la votación favorable a Venezuela, más que
una decisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es una expresión
de la política exterior de los gobiernos de los países que la integran y
finalmente no implica valoración positiva, ni reconocimiento al Estado votado
por su gestión en materia de Derechos Humanos.
Muy
lejos de eso, vimos como en julio pasado la Alta Comisionada de la ONU para los
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un contundente informe sobre
Venezuela en el que denunciaba graves vulneraciones de derechos económicos,
sociales, civiles, políticos y culturales. Y ratificó sus denuncias en
septiembre haciendo hincapié en la falta de adopción de los correctivos
recomendados.
Cabe
destacar que la ONU, como organismo intergubernamental en el que están
representados estados con la más disímiles formas de gobierno, debe su
funcionamiento a la deliberación política en un ámbito institucional
caracterizado por un fuerte vestigio anticolonial, que en muchas ocasiones ha
minado los alcances prácticos en la resolución de algunas materias específicas.
Por
tanto, la pertenencia a determinadas comisiones como el Consejo de Derechos
Humanos (CdDH) no responde a un reconocimiento implícito a determinadas
gestiones gubernamentales, sino más bien son la resultante de gestiones
diplomáticas contingentes entre representantes de gobiernos, no exclusivamente
entre democracias, grupo además históricamente minoritario en esta organización
desde su fundación. Por lo que en este ámbito todavía ejercen influencia muchos
de los llamados Países No Alineados y su tradicional forma de agregación,
muchas veces obstructiva y disruptiva, por tanto poco propositiva.
En el caso particular de la elección de Venezuela como
miembro del CdDH, esta responde parcialmente al interés de Miraflores de
amplificar en la esfera internacional la narrativa exculpatoria de las
documentadas violaciones graves a los derechos humanos que se le acusan, así
como ralentizar las investigaciones en su contra y sus potenciales
implicaciones.
Es así como a pesar del voto en contra de los países
del Grupo de Lima, Venezuela logra uno de los puestos para América Latina en el
Consejo de DDHH con el apoyo de los Países No Alineados, grupo conformado por
120 países, mayoritariamente procedentes de Asia y África, que cuenta con una
mayoría entre los 193 miembros de la Asamblea General de la ONU.
Para el gobierno de facto, como es tenido por las más
importantes democracias del mundo el régimen de Nicolás Maduro, el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas será un espacio propicio para expandir
su pugna contra las sanciones impuestas por distintas naciones sobre el Estado
venezolano y algunos de sus representantes gubernamentales. Por tanto,
difícilmente podrá esperarse desde Venezuela mayores iniciativas que promuevan
una efectiva protección humanitaria.
Sin embargo, su nombramiento representa una exposición
sin precedentes al escrutinio internacional del proceder del Estado venezolano
en materia de derechos humanos, así como también su pertenencia y su proceder
dentro de este organismo y mantendrá abierto el debate sobre la cuestión
venezolana, sus alcances regionales y geopolíticos, en una esfera política de
alcance global para muchas organizaciones nacionales e internacionales en la
propagación de sus mensajes de concientización sobre esta materia y otros
tantos órdenes en los que el gobierno de facto ha dejado impreso su talante
totalitario.
Siendo así, esta elección, ofrecerá una gran
visibilidad de la grave situación venezolana, que trasciende otras instancias
de actuación más esporádicas, como las deliberaciones escenificadas
anteriormente en el Consejo de Seguridad.
Como indica Jo D´Elía, Director Ejecutivo de
CivilisDDHH, no se puede perder de vista que el gobierno de facto, “no podrá
evitar las investigaciones acordadas a través de la creada Misión de
Determinación de los Hechos porque existe ya la resolución de su creación que
ha sido igualmente votada por el Consejo”.
Tampoco es tema menor que el CdDH estará dominado por
países democráticos que hasta ahora
han formado parte de la contención para las maniobras de la dictadura
venezolana en los espacios de la ONU.
Asimismo, el gran trabajo de las organizaciones de la
sociedad civil venezolana, en los últimos dos años ha logrado a través de la
documentación y denuncia, una perspectiva amplia de la situación venezolana, el
logro de un informe exhaustivo y contundente desde la oficina de la Alta
Comisionada de Derechos Humanos, la presencia de su oficina en Venezuela, una
Comisión de Determinación de Hechos, avances innegables, que esta elección
definitivamente no detendrá.
Asociación Civil Gobiérnatec
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