Por Gisela Ortega
Las dificultades para que
las mujeres de América Latina y el Caribe, logren los derechos, libertades
civiles y políticas, y alcanzar un mayor nivel de bienestar material y
espiritual, son de diversa índole, y tienen que ver con su inserción en el
trabajo, los contenidos de la educación, su acceso a la salud y sus
posibilidades de participación política.
Sin embargo, existen además
otras causas que están relacionadas con la persistencia de la pobreza, las
situaciones de conflicto bélico y ciertas manifestaciones concretas de la
equidad de género como la violencia contra las mujeres. En la actualidad, la
violencia contra las mujeres se considera un problema social, cultural y
político, que obstaculiza el desarrollo con justicia al impedir el respeto a
los derechos humanos y el ejercicio pleno de la ciudadanía.
El tratamiento de esta problemática
ha enfrentado dos obstáculos: hasta hace muy poco la violencia doméstica contra
las mujeres era socialmente aceptada, y sancionada por la ley. En segundo
lugar, los actos en que se incurría en el seno del hogar y de la familia, se
consideraban privados y no llegaban a formar un hecho social.
Evidentemente, el contexto
de democratización, de ampliación de los derechos ciudadanos y de esfuerzo por
eliminar todo tipo de discriminación, ha influido notablemente para que el tema
de la violencia adquiera relevancia en el debate social. También le han dado un
impulso importante, los diversos movimientos de mujeres que, al organizarse en
torno de diferentes objetivos, pusieron de manifiesto esta problemática oculta
y considerada tabú desde tiempos históricos, que está relacionada íntimamente
con la forma en que se ejerce el poder en la sociedad.
Las Naciones Unidas
comenzaron a preocuparse de este tema a partir de 1980 y durante la Conferencia
Mundial celebrada ese año en Copenhague se aprobó una primera resolución sobre
las mujeres golpeadas y la violencia en la familia. En las Estrategias de
Nairobi se incluyen consideraciones más específicas al respecto, y, a partir de
entonces, se inició un estudio más sistemático de este fenómeno. En la región,
durante la quinta Conferencia Regional de 1991 se aprobó una resolución sobre
la materia.
















