Alonso Moleiro 22 de julio de 2015
@amoleiro
Como personalmente me tocó cubrir, como
reportero, las interminables y a ratos divertidas alocuciones de Hugo Chávez en
Aló Presidente, puedo afirmar con toda tranquilidad que, en lo tocante a la
seguridad ciudadana y el auge delictivo, el finado dirigentes bolivariano rara
vez, por no decir nunca, hacía pronunciamientos públicos.
El tenor de los debates de opinión
pública en torno a un año como 2006 siempre había sido ese: el hampa se estaba
convirtiendo en un fenómeno de una gravedad extrema, y, en lugar de afrontarlo,
el gobierno chavista administraba al país omitiendo por completo sus impactos,
evadiendo el tema y relativizándolo. Minimizando, en general, su calado, a fin
de cuentas presente en todo el mundo, e invitándonos de forma implícita a
convivir con en el mal. El propio José
Vicente Rangel se lo dijo a Leonardo Padrón en Los Imposibles: Chávez estaba
renuente a meter ese tema en la agenda porque “no quiere reprimir”. Salvo algunas excepciones, y con
reflexiones colaterales, alusivas a las desigualdades y la justicia social, la
norma en la Venezuela bolivariana en el período que fue de 1999 a más o menos
2007, luego del asesinato de los Hermanos Faddoul, y la aprobación del proyecto
de Policía Nacional, fue guardar silencio ante la creciente gravedad del auge
delictivo y el tráfico de armas.
Peor aun: el discurso ante las variables
armadas, y la actitud permisiva que ciertos estamentos del chavismo tienen con
el hampa como postura social, en el contexto mismo de la lucha de clases, han
ido abonando en el proceso de descomposición social del país. La tesis “pueblo
en armas” todavía es defendida de forma apasionada por densos sectores del
chavismo, que la considera moralmente legítima, y que no pondera los peligros
que conlleva en el contexto social heredado de los años 90 en materia de
violencia. Quienes no la defienden abiertamente, sencillamente disimulan. La realidad carcelaria actual es aún más
sórdida que hace 20 años: en 1995 los presos se mataban con navajas y nadie
sabía qué era un pran.
Las medidas tomadas por Chávez en el
contexto de la Comisión Nacional para la Reforma Policial, la creación de la
UNES y la creación de un cuerpo nacional de policía, en el año 2007, aunque
positivas, fueron tomadas de forma extremadamente tardía. El chavismo, y al
país, se le iba de las manos el tema de la delincuencia, organizada y desorganizada. El país completo ya se había vuelto
peligroso. Pedro Carreño, el anterior
Ministro de Justicia, se había encargado de devolver la primera propuesta de
Conarepol para interponer su torpe gestión, que no hizo sino agravar aún más el
problema. Con Soraya El Achkar, Hugo Chávez pareció haber comprendido por fin,
que, además de las injusticias y los
problemas por resolver en este mundo, existen los gangsters, y que más le valía
al gobierno invertir un dinero en torno a la seguridad ciudadana, para salvar
también, en definitiva, a la propia revolución.
Cuando los Hermanos Faddoul fueron
secuestrados y asesinados, en 2006, y cientos de personas adoloridas salieron a
las calles a protestar y llamar la atención en torno a lo poco que se hacía
ante el hampa, los opinadores chavistas, sus intelectuales y anclas, se
lanzaron en una feroz campaña de respuesta, triangulando responsabilidades,
hablando de guerra mediática, acusando a los medios de medrar con el dolor de
terceros. Recuerdo en particular a Earle Herrera en VTV, hablando sobre el
autogobierno, aludiendo la inminente aprobación de la Ley de Desarme (que se
vino a aprobar siete años después) y hablándonos mal de la Policía
Metropolitana en los años del Plan Unión.
La Misión a Toda Vida, el último intento
de Chávez en contra de la delincuencia, también fracasó por completo. Hugo
Chávez estaba a punto de dejar de gobernar, y la gestión chavista, que siempre
fue deficiente, a comenzar a derrumbarse. Es cierto que Nicolás Maduro al menos
al menos se ocupa públicamente del tema, y que algunos de sus ministros,
incluyendo al actual, son vistos tomando decisiones de estado sobre asuntos
existenciales en una nación. El error cometido con las denominadas Zonas de Paz
ha sido, sin embargo, tan grave, que diluyen por sí sola cualquier
consideración destinada a atenuar la responsabilidad sobre el tema. En manos de
Maduro, Venezuela en este momento es una cosa muy parecida a un país sin
gobierno.
Hace mucho que el chavomadurismo ha
debido reconocer y atender con prontitud la lenidad del estado frente al
cohecho y los estragos del hampa, que tienen a Venezuela muy cerca de ser un
estado fallido. No es verdad que sólo
con Barrio Adentro y las transferencias de recursos se atenderán los impactos
de una violencia social que, por revolucionaria, a veces parece fomentada.
Las acusaciones sobre grupos
paramilitares y planes de magnicidio que han esgrimido algunos funcionarios del
gobierno como argumento en estos días, han sido usadas alternativamente,
también, en otros episodios. Referirse a
los malandros venezolanos como parte de una componenda internacional, de
carácter ideológico, de la cual se es
víctima, que triangule el tema, que lo adultere. Que moralice al militante chavista y le
impida sobrellevar el fracaso de la gestión que apoya.
Algunas de esas megabandas, como muchos
de los grupos armados de carácter político que, desde otro espectro, asumen
defienden la revolución con fusiles, por supuesto que, en lo técnico, tienen un
carácter paramilitar. En muchos casos, son tolerados, fomentados y estimulados
por la dirigencia del Psuv, sus ministros y funcionarios. Difícilmente estos
malandros venezolanos responderán a directrices colombianas, o a grupos de
autodefensa o a hacendados complotados contra Maduro en el país vecino.
Son malandros venezolanos, que han
tomado aliento en la ambigüedad, la ineficiencia y el fracaso total del
chavismo en su combate a la delincuencia.
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