Por Jesús Alexis González, 27/07/2015
Hace más de tres décadas, se inició
en América Latina la denominada “tercera
Ola democrática” en concordancia con la teoría institucionalista que apunta
al debate sobre la calidad de las instituciones—reglas del juego—y de las organizaciones—jugadores—para alcanzar una mejor
democracia configurando el entorno institucional tanto para el
sector empresarial como para el Gobierno en procura de generar la confianza como factor que impacta la estabilidad de la economía y de la democracia.
Sostienen, que los países logran un mayor crecimiento económico cuando (1) existe cumplimiento de las leyes,
protección de los derechos de propiedad, menos burocracia y corrupción (acto
que provoca un “costo social”),supervisión adecuada, un marco regulatorio que
garantice una justa competencia de mercado, y reglas del juego estables; teniendo como fundamento laseguridad jurídica emanada de una legislación anónima y estable que no
legisla para nadie ni contra nadie al tiempo que las reglas no se cambien
constantemente, garantizando el cumplimiento de las leyes a la luz de una administración de justicia eficaz e
independiente; al igual que (2) una
adecuadapolítica macroeconómica que aleje la inflación, deuda publica
descontrolada, tipo de cambio sobrevaluado, déficit fiscal, emisión
desproporcionada de dinero inorgánico, caída de las reservas internacionales y
otras; las cuales constituyen distorsiones al correcto funcionamiento del
mercado.
En tal contexto, destaca la
importancia de, por un lado (A) la
efectividad del Gobierno en correspondencia con la percepción que se tenga
sobre la calidad de los servicios públicos, la calidad de la administración pública
y su grado de independencia de las presiones políticas, la calidad de la
formulación y aplicación de políticas, así como la credibilidad del Gobierno en
el cumplimiento de los compromisos asumidos; y por otro lado (B) la calidad regulatoria gubernamental,
que refleja la percepción de la capacidad del Gobierno para formular y aplicar
políticas y reglamentaciones acertadas que permitan y promuevan la
participación del sector privado. La
inestabilidad macroeconómica, está
inducida por un déficit del estado de
derecho que se traduce en la conformación de un marco
institucional—restricciones—marcadamente volátil que dificulta prever el
comportamiento de algunos aspectos vitales como p.ej. los derechos de
propiedad, la movilidad del capital, el cumplimiento de los contratos, las
alteraciones en las regulaciones de precios, y muy especialmente la discrecionalidad del Poder Ejecutivopara
modificar la legislación de modo arbitrario hasta generar incertidumbre sobre el funcionamiento de las instituciones del
Estado y las organizaciones. De igual modo, resulta pertinente destacar que la interacción entre estabilidad política—instituciones
de gobierno—y crecimiento económico resulta
fundamental para disminuir la incertidumbre sobre la estructura futura de la
sociedad y de su modelo económico habida cuenta del conocimiento general que se
tenga sobre las reglas que regulan tanto la intervención como el acceso de la
burocracia gubernamental; mientras que por el contrario la ausencia de un
mecanismo bien definido para limitar el ejercicio del poder político impide predecir si el Gobierno respetará o
no las reglas—cambios bruscos—con el consecuente desestimulo para
participar de potenciales inversionistas; o lo que es lo mismo, la presencia de
un Poder Ejecutivo “facultado” para alterar
las reglas a voluntadsin que el Poder Judicial ni el Poder Legislativo
puedan controlar o atenuar ese carácter discrecional, hará “huir” a todo aquel con deseo potencial por participar en la
creación de riqueza.
El cumplimiento de las reglas del juego,tanto lasformales
(Constitución, leyes, reglamentos y regulaciones impuestas por el Gobierno)
como lasinformales (normas de
conducta, cultura)reduce la incertidumbre (indefinición ex ante de los resultados)
con una eficiencia superior que bajo la intervención del Estado y del Gobierno
a la luz de una “planificación económica” subordinada a inclinaciones
ideológicas, que en la mayoría de los casos converge en estrategias de desarrollo inapropiadase instrumentación de medidas
en mucho vinculadas con la demagogia y el populismo. En Venezuela, un claro
ejemplo de ello es la reciente “resolución”
(aparentemente revertida) que rompe con la necesaria “coalición distributiva intersectorial” de la oferta de alimentos
regulados en el marco de 120.245 puntos
de venta a nivel nacional que sirven cada uno en promedio a unas 4.300
personas/día, ordenando a las empresas privadas redireccionar la mayoría de su producción hacia las redes Estatales
de comercialización (Pdval, Mercal y Bicentenario) que conforman un 6% (7.245)del total nacional en
contraste con el 94% (113.000) del
sector privado; siendo que tan “brillante” acción planificadora
evidentemente concentrará la demanda en pocos centros de abastecimientos, con
un efecto multiplicador sobre las humillantes colas. Sirva de ejemplo el caso
del Municipio Libertador, con 1.333 puntos de venta para atender
diariamente unos 5.730.000 consumidores, de los cuales ¡1.328 (99,65) son privados! y apenas ¡5 (0,4%) son públicos; donde tan “inteligente resolución”
propiciará que en cada punto de ventapúblico se “deberán” atender diariamente ¡1.146.000 compradores!, a un promedio
de ¡95.500/hora! a una “velocidad”
de 1.592/minuto luego de transitar
“pacientemente” una cola de ¡3.800
kilómetros! equivalente a unas ¡30.000 cuadras!.
En fin, solo con una adecuada formulación y cumplimiento de las
reglas del juego se puede crear el clima de confianza que aspiran los
potenciales agentes económicos para decidirse a invertir, en función a un
proceso productivo que desanime las actividades
puramente redistributivas sustentadas en los ingresos petroleros.
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